La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto que establece un procedimiento específico para los pedidos de juicio político en la provincia, incorporando plazos, mecanismos de notificación y garantías de debido proceso. En tanto, otras comisiones dieron luz verde a una reforma de la Ley de Mecenazgo Deportivo para ampliar los incentivos al patrocinio de atletas e instituciones entrerrianas.

El Tribunal de Delitos Económicos de Paraguay volvió a reprogramar el inicio del juicio oral contra el exsenador entrerriano, Edgardo Kueider, y su exsecretaria Iara Guinsel, acusados por tentativa de contrabando de más de 200 mil dólares sin declarar. Es la tercera postergación del debate, que ahora fue fijado para el 9 de junio. Ambos continúan con arresto domiciliario y también enfrentan un pedido de extradición desde Argentina.

Un reciente fallo judicial en Entre Ríos, cuya actualización supera los $613 millones, volvió a encender las alarmas en el sistema de Riesgos del Trabajo y generó fuerte preocupación en el sector asegurador por lo que consideran una creciente “inseguridad jurídica” en la provincia.

La investigación apunta a maniobras de lavado de activos para encubrir un crecimiento patrimonial irregular del ex senador Edgardo Kueider, quien aún no fue llamado a indagatoria por un conflicto de competencia entre la Justicia Federal de San Isidro y un juzgado de Concordia, pendiente de resolución en la Corte Suprema. En este tramo, serán juzgados Daniel González (“Gonzalito”), su primo Javier Rubel, el contador José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Saint Pierre, la empleada Débora Ferreyra y Adriana Crucitta, junto a seis sociedades señaladas como parte de la operatoria.

El próximo 29 de octubre se dará inicio en Entre Ríos al segundo juicio oral contra Néstor Roberto Pavón, imputado como presunto coautor del femicidio de Micaela García, el crimen ocurrido en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay.

Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación. Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes. Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina. Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó…

La Justicia ordenó al gobierno provincial restituir los haberes retenidos a José María Lima, que habían sido suspendidos sin notificación previa. El ex “comandante Chelo” dejó de cobrar su sueldo en septiembre, cuando el Ejecutivo interrumpió el pago sin comunicarle ninguna medida formal. Tras el reclamo del trabajador, el gobierno inició un sumario administrativo en octubre, lo puso al tanto y publicó el decreto recién el 9 de noviembre. Ante esa secuencia de hechos, la Justicia intervino, frenó la quita salarial y dispuso el pago de los sueldos retenidos. Si bien se trata de una decisión provisoria y no se expide sobre la validez del sumario, el fallo constituye un revés judicial para la gestión de Rogelio Frigerio y marca un límite al uso de sanciones que impactan directamente sobre el salario de los trabajadores.

Más que una ficción, "Cautiva" rescata un hecho que conmovió a la opinión pública y expuso la cara más oscura del poder religioso ejercido puertas adentro: los abusos en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, donde la priora Luisa Ester Toledo sometió durante años a las monjas a castigos físicos, encierros prolongados, ayunos extremos y el uso obligatorio de cilicios. El caso no sólo terminó con la condena a prisión efectiva de Toledo, sino que también abrió un debate profundo sobre obediencia, encierro y abusos en instituciones religiosas.

Inicia este martes en Concordia un nuevo juicio por jurados, en el marco de la causa por el homicidio de Gisela Ríos, la joven de 30 años que fue baleada en la cabeza el 26 de febrero de 2017 mientras esperaba el colectivo en calle Illia. Tras permanecer internada en el hospital Masvernat, Ríos falleció el jueves de esa misma semana a las 2 de la madrugada. Por el hecho fueron detenidas dos personas: Enzo Bonasolla, quien reconoció su responsabilidad en el ataque y fue condenado en un juicio abreviado, y Rubén Darío Escobar, quien afrontará el debate que comienza hoy.

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca restringir la utilización de juicios abreviados en causas vinculadas a delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. "La sociedad debe conocer en detalle la verdad de estas causas, lo que se ve limitado cuando se aplica un abreviado”, subrayó.