La Ley de Financiamiento Educativo nacional, sancionada en 2010, estimaba que se debía invertir el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, ciencia y tecnología. Peccín destacó que eso se alcanzo en 2015. Luego comenzó a retroceder. Actualmente el porcentaje destinado a Ecuación es del 0,86 % del PBI y el proyecto de ley para 2026 plantea que el presupuesto para la función educación y cultura será de 0,76% del PBI para 2026, muy por debajo de los valores históricos. Esto significa destinar 60% más de recursos para el pago de los intereses de la Deuda que para Educación y Cultura, denunció la Ctera. “Es una barbaridad para nuestro país y para la historia de la educación argentina”, expresó.

Peccín recordó que cuando comenzó a gobernar Javier Milei se derogó el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Eso implicó la pérdida del 10 % promedio de sueldo parta cada docente del país. “Cada docente debería estar recibiendo $ 120.000 más por cargo”, dijo. Si esa cifra se multiplica por los 18 meses que corrieron desde que se suprimió el Fonid, la cuenta da más de $ 2.100.000.  Pero el desfinanciamiento no quedó allí. El gremialista sostuvo que se extendió y eso impactó de varias formas en el sistema educativo.

Peccin admitió que el grado de avance de la ofensiva al sector no tiene precedentes e incluso eran “impensados” en otros momentos, con otros gobiernos, cuando se avanzaba con los derechos sancionando nuevas leyes de financiamiento y la ley de paritarias nacionales. “Todo eso está amenazado”.

El recorte en números

La Ctera sostuvo que el proyecto de ley de Presupuesto vulnera las garantías para el financiamiento de la educación ya que, en su artículo 30º, establece la derogación de importantes disposiciones legales como: el artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52º de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional. En el proyecto presentado para el año 2025 también se había propuesto la suspensión de estos artículos por un año, y ahora se pide la derogación directamente.

La disminución en términos reales del presupuesto con respecto al año 2023 llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación de la Nación; esto se observa en Infraestructura y Equipamiento (-84,4%), Becas a Estudiantes (-77,4%), Acciones para la Formación Docente (-71,2%), INET (-84,5%). Desaparecen los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. En el caso de “Conectar Igualdad” fue devaluado a ser una “actividad” del programa “Infraestructura y Equipamiento” y tiene un 90% menos de recursos en términos reales que en 2023. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6% en términos reales, también con respecto a 2023.

Mapa educativo fragmentado

Peccín dijo que el principal objetivo del gobierno nacional es dejar la educación en manos de los privados. De lograr esa meta, el acceso a la educación “será para unos pocos”. Por el contrario, el gremialista señaló que la ley de educación es un derecho social y que eso se debe garantizar desde el Estado. “Ese Estado es el que éste gobierno intenta destruir todos los días para des-responsabilizarse de las erogaciones que debe hacer para sostener la educación pública”.

De esa forma, son las provincias quienes deben asumir el costo de seguir financiando la educación pública. Actualmente, el 60 % de las partidas destinadas al funcionamiento de las escuelas provienen del gobierno nacional y el 40 % de las provincias. Pero, de avanzar en esa línea, el 100 % del presupuesto deberá salir de las arcas provinciales.

Más adelante, Peccín remarcó que se habilita de forma solapada la privatización del sistema educativo. En la práctica, remarcó, las escuelas no reciben partidas específicas para insfraestructura, para los insumos de las escuelas técnicas y agro-técnicas que están previstos en la ley técnico-profesional, y están sufriendo ajustes en todas las jurisdicciones.

“En la provincia de Entre Ríos comenzaron con el intento de cerrar 60 cargos de escuelas de adultos o de avanzar en el cierre de 300 escuelas rurales. Es un certificado de defunción para las escuelas públicas. Han comenzado con los sectores más vulnerables del sistema educativo: la educación de adultos y la educación rural”, expresó.

En ese sentido, aleccionó a la ciudadanía a tomar conocimiento de que esos son los indicios concretos que muestra que se está en medio de un proceso de avanzada contra la educación pública. “Cada maestro, cada maestra, es un representante del Estado. Esos cargos estatales de la escuela pública y gratuita están en riesgo al no haber financiamiento”, expresó. “Hay que advertir que si avanza este proyecto de desfinanciamiento, avanza el despido de los docentes, quedando a merced de la privatización del sistema educativo”.

La respuesta del gobierno provincial fue que procederá a realizar descuentos a los docentes que adhieran a la medida. “Se meten con lo más sensible que es el salario pauperizado, degradado, por más que está atado a recuperar la inflación mes a mes pero es una inflación ficticia”. Peccin dijo que los docentes deben saber que si no están en la calle, los gobiernos avanzan.  “Cada uno es consciente de saber si puede estar o no para acompañar. Apelamos a un paro contundente en todo el país”.

Cambios en el sistema jubilatorio

Por otra parte, hay proyectos que plantean modificar la edad jubilatoria que actualmente está los 52 años parta las mujeres y 54 para los varones. “Hay que proyectos que llevan a 57 la mujer y 60 el varón y otros que llevan a 60 la mujer y 65 el varón. Imaginate un docente jubilándose a los 65 años o una mujer a los 60 en las condiciones en que hoy estamos trabajando en las escuelas. Una mujer con 60 años en una sala de nivel inicial. Es inhumano pensar que extendiendo la edad jubilatoria vamos a ser mejor país”, manifestó.

“Creo que eso no va a suceder porque hay un pueblo concientizada y cuando hay derechos amenazados, la única herramienta que tenemos, más allá de las acciones de huelga, es la calle. La calle es la que va a garantizar todos esos derechos que intentan arrancarnos. Hay que salir a la calle y reclamar lo que nos corresponde. Tenemos hacerle saber a esta clase política, a esta casta, que viene  a desmembrar al Estado que no es quitándoles derechos a los trabajadores”.