A través de un comunicado, la entidad local adhirió a la declaración oficial emitida por el CAER provincial y señaló su preocupación ante lo que definió como un “ataque institucional, digital y moral” contra Simón. “Hacemos nuestras las palabras del comunicado provincial al señalar que la labor del CAER se enmarca estrictamente en la defensa del ejercicio profesional de las y los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley», expresaron desde la Sección Concordia.
El conflicto se originó a partir de una nota enviada por la Asociación de la Magistratura, en la que se acusó a la presidenta del CAER de haber ejercido supuestas formas de coacción o “apriete” hacia jueces en el marco de reclamos vinculados a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 11.141): El martes 15 de abril, el juez civil de Victoria, Luis Francisco Márquez Chada, recibió una nota firmada por la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón, en la que se le recordó la plena vigencia de la Ley N° 10.141. La normativa regula el régimen de honorarios profesionales y establece parámetros mínimos obligatorios que deben respetarse al momento de su regulación judicial, reconociendo además el carácter alimentario y la función social del trabajo legal. En la misiva, se señaló que el Colegio cuenta con un Observatorio de Honorarios encargado de receptar denuncias sobre fallos que incumplen la ley, y se advirtió sobre sentencias recientes que preocupan al sector por perforar los mínimos establecidos. Ante esa situación, el Colegio anunció que evalúa adoptar medidas institucionales y legales para garantizar el cumplimiento estricto del marco normativo vigente.
La Sección Concordia replicó los términos del comunicado del CAER, afirmando que dichas observaciones responden al “legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente, y jamás pueden interpretarse como un ‘apriete’ o coacción”.
Además, la institución subrayó la gravedad de dos hechos denunciados por el CAER provincial: la recepción de una nota “de tono intimidante” dirigida tanto a la presidencia como al Colegio; y la inmediata y coordinada difusión de su contenido en diversos medios digitales “con línea editorial afín”, incluyendo la imagen personal de la Dra. Simón y titulares calificativos como “escándalo institucional” o “apriete a jueces”.
“Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no solo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo”, señalaron.
Desde la Sección Concordia recordaron que el Colegio de la Abogacía es una institución creada por ley, con legitimación plena para advertir sobre prácticas que afecten el ejercicio profesional. En este caso, remarcaron que la nota enviada a los jueces tenía como único objetivo hacer cumplir la Ley 11.141. “La correcta aplicación de las leyes no es una cuestión de interpretación discrecional, sino un mandato que debe ser acatado por todos los operadores del derecho, sin excepciones”, concluye el documento.
COMUNICADO COMPLETO:
REPUDIO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL, DIGITAL Y MORAL A LA QUE ES SOMETIDA LA DRA. MARÍA MARTA SIMÓN.
En relación a la reciente comunicación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, a través de una nota suscripta por el Dr. Canepa y la Dra. Zilli, este Colegio de la Abogacía desea manifestar en primer lugar públicamente su repudio ante el ataque institucional, digital y moral que ha sufrido la presidenta del CAER, Dra. María Marta Simón, en estas horas.
Asimismo, expresamos nuevamente que la labor del CAER, en representación de todos los abogados y abogadas de la provincia, se enmarca estrictamente en la defensa del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley. Las observaciones realizadas por este Colegio respecto de la aplicación de La Ley 11.141 responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente y jamás pueden interpretarse como un “apriete” o coacción.
En este contexto, y ante la reciente intervención pública de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, corresponde dejar expresa constancia de dos hechos de suma gravedad institucional y personal: en primer lugar, la recepción de una nota institucional de tono intimidante, dirigida tanto a la Presidencia como al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y de extrema seriedad, tales como haber “apretado” a jueces, haber incurrido en coacción agravada y ejercer la supuesta violencia simbólica , además de anticipar una eventual remisión al Tribunal de Disciplina. En segundo lugar, la inmediata y coordinada difusión de dicha nota en diversos medios digitales con línea editorial afín, donde se replicó el contenido acompañado de la imagen personal de la presidenta del CAER, junto a titulares agraviantes como “¡Escándalo institucional!”, “Habría incurrido en faltas éticas graves “ o “Apriete a jueces”.
Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no solo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo. Lejos de ser una simple diferencia de criterios, lo ocurrido representa un intento de censura y disciplinamiento que vulnera el libre ejercicio de funciones gremiales, atenta contra la libertad de expresión institucional y afecta de manera directa el derecho al honor y al trabajo de una profesional que vive de su ejercicio cotidiano. Advertimos que, de persistir este tipo de ataques personales e institucionales, se adoptarán de inmediato todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para resguardar la integridad, el rol y el respeto debido a las autoridades electas por la abogacía entrerriana.
Es necesario recordar que el Colegio de la Abogacía es una institución creada por Ley, con legitimación plena para plantear, observar o advertir sobre prácticas que afectan el ejercicio de la profesión. En este caso, la nota dirigida a los jueces es una acción legítima y de defensa institucional ante el incumplimiento reiterado de la Ley 11.141, que regula los honorarios profesionales en la provincia. Esta normativa no solo establece parámetros mínimos que deben respetarse, sino que también tiene una clara función social en cuanto al aseguramiento de una retribución justa para los profesionales que intervienen en la administración de justicia.
Por último, reiteramos que las notas presentadas por el CAER no desconocen los derechos de defensa de los jueces, pero si tienen como objetivo poner en conocimiento las irregularidades detectadas en la regulación de honorarios, para evitar el dispendio jurisdiccional innecesario que se genera al recurrir resoluciones mal fundamentadas. La correcta aplicación de las leyes no es una cuestión de interpretación discrecional, sino un mandato que debe ser acatado por todos los operadores del derecho, sin excepciones.
El Colegio de la Abogacía, como defensor de los derechos y la dignidad de la profesión, seguirá actuando con firmeza y responsabilidad en la defensa de los intereses de los abogados y abogadas de Entre Ríos.
Suscriben la presente el Consejo Directivo en pleno y todas las secciones del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
