Esto merece un capítulo aparte porque empezó concesionada por un consorcio de privados, este se la devolvió al Gobierno y ahora la administración del corredor está próxima a volver a manos empresarias.

Esta historia de idas y venidas lleva directo a la década del 90, cuando el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) se había quedado con el corredor. Tras distintas prórrogas, su vínculo con la “ruta del Mercosur” terminó en septiembre de este año, cuando Vialidad comenzó a administrar esos caminos. Desde ese momento, se hizo cargo del mantenimiento, a la espera de la resolución de las nuevas concesiones.

Precisamente, el estado de las rutas fue un gran punto de discusión entre Crusa y el Gobierno. Por un lado, los empresarios reclaman que, por decisiones estatales, su principal fuente de ingreso, el peaje, les significó menos dinero y, en efecto, no ejecutaron las obras comprometidas. Por otro, la gestión libertaria aplicó multas al concesionario, publicadas con frecuencia en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, esas infracciones llegan a al menos $60.000 millones.

En simultáneo, Crusa mantiene una demanda en la Justicia contra el Gobierno, presentada en el fuero en lo contencioso administrativo, mediante la cual reclama US$300 millones por supuesto incumplimiento del contrato. Esto y las multas son temas judicializados.

Estado de las rutas

En paralelo, el estado de las rutas es otro asunto en análisis. Vialidad Nacional relevó 19.171,3 kilómetros de los casi 40.000 de las rutas nacionales. De ellos, el 47,5% alcanzó la calificación de “bueno” (9098,8 kilómetros), mientras que el 29% es “malo” (5565,3 kilómetros) y el 23,5%, “regular” (45072 kilómetros).

Es decir, más de la mitad no está en buen estado.

El futuro más cercano de las rutas no solo incluye la entrada en vigor de la concesión de la “ruta del Mercosur”, sino también el desarrollo de nuevas licitaciones.

Este mes, el Gobierno anunció que trabaja en las compulsas del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, de 1325 kilómetros (RN 3,205,206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas), y del Tramo Pampa, de 547 kilómetros, sobre la RN 5 (Luján-Santa Rosa).

Por lo tanto, las constructoras volverán a encender sus máquinas y llevarán sus grúas a las rutas para hacer las obras comprometidas. Esto deberá traducirse en una mejora del estado de las rutas, así como también en el aumento futuro del precio del peaje. El proceso de privatización de las concesiones recién empezó.