Las cifras de 2025 vuelven a encender alarmas y buscan reactivar el debate público sobre una problemática que atraviesa todos los territorios y sectores sociales del país. Para el colectivo, la situación confirma que “la crueldad y la misoginia se profundizan”, y vuelve a poner sobre la mesa el reclamo por la declaración de Emergencia en Violencias de Género.

El relevamiento incorpora datos que dimensionan el alcance de la problemática: durante el período analizado se contabilizaron 901 intentos de femicidio, o sea, cuatro agresiones de este tipo por cada asesinato consumado. Además, 157 niñas y niños quedaron sin madre como consecuencia directa de estos crímenes y requieren acompañamiento estatal sostenido.

El informe también detalla que el 81% de los agresores pertenecía al entorno cercano de la víctima, un indicador que reafirma la importancia de políticas activas de prevención, protección temprana y abordaje integral. Según la organización, la mayoría de los casos responde a dinámicas de violencia que se desarrollan dentro de vínculos afectivos o familiares.

Del total de hechos documentados, Mumalá identificó:

– 178 femicidios directos

– 20 femicidios vinculados, es decir, asesinatos cometidos para dañar o castigar a otra persona

– 19 femicidios ligados al narcotráfico o al crimen organizado

– 8 femicidios en contexto de suicidio inducido

– 1 lesbicidio

– 3 trans/travesticidios

A esto se suman 10 muertes violentas asociadas al género que aún se encuentran en evaluación, junto con 36 hechos adicionales en proceso de investigación.

En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires vuelve a concentrar la mayor cantidad de casos, con 101 femicidios. Le siguen Santa Fe, Córdoba, Chaco y Mendoza, entre otras jurisdicciones del país.

En ese contexto, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana denunció que el país llega al 25 de noviembre “sin un ámbito operativo para aplicar la Ley 26.485”, marco legal que establece medidas de protección integral para mujeres y diversidades. Desde Mumalá advierten que numerosos programas esenciales —asistencia, capacitación, sensibilización y acompañamiento— fueron reducidos o directamente discontinuados durante el último año por falta de financiamiento.

Finalmente, la organización afirmó en su comunicado que “el Estado es responsable” y subrayó la necesidad de políticas sostenidas, presupuesto específico y compromiso real para prevenir, asistir y erradicar las violencias de género. Para el colectivo, avanzar hacia la declaración de emergencia es un paso imprescindible para contener un escenario que muestra signos de recrudecimiento.

En Entre Ríos se registran más de mil expedientes por mes vinculados a violencia contra mujeres

La Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes.

El relevamiento se elaboró a partir de la información que diariamente ingresan los organismos del Poder Judicial al sistema REJUCAV, lo que permite dimensionar la problemática y fortalecer las políticas de prevención y protección.

Allí se indica que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años, y sostiene que en la provincia se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

Además, el estudio muestra que la violencia psicológica es la forma más frecuente, representando el 57% de los casos, y le siguen:

– Violencia física: 28%,

– Económica patrimonial: 7%,

– Sexual: 5%,

– Simbólica o política: 3%.

Desde la OVG se advirtió que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia a la vez”, lo que complejiza los abordajes y las medidas de protección.

“El hogar sigue siendo un lugar inseguro para muchas mujeres”.

El lugar donde con mayor frecuencia ocurre la violencia sigue siendo el ámbito doméstico, con un 79% de los registros. El 15% se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y un 3% corresponde a hechos de violencia digital o telemática.

En cuanto al perfil del agresor, el 97% son varones y el 66% fueron pareja o ex pareja de la víctima. “La mayoría de las violencias contra mujeres proviene de vínculos afectivos previos”, sostiene el informe, y revela que el 85,5% de las denuncias son realizadas por las propias víctimas, aunque un 84,5% de los expedientes ingresan por vía policial.

Por último, en materia de riesgo se registraron 4.680 episodios en diez meses, y 1 de cada 2,3 corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor. “Más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias”.