En declaraciones radiales, Kueider cuestionó la severidad de la acusación: «Piden para mí 14 años, la pena máxima, cuando a Cristina Kirchner le dieron seis en la causa Vialidad», comparando delitos distintos. El exlegislador tildó la investigación de «falsedad total» y «truchada que debería anularse», argumentando que la magistrada «abultó la acusación» al elevar la pena solicitada de 4,5 a 14 años.

La causa «Securitas», que Arroyo Salgado lleva adelante, investiga presuntas coimas en contratos con empresas estatales como ENERSA. Kueider rechazó su vinculación, calificando el caso de «muy sospechoso» y «agarrado de los pelos», insinuando posibles intereses políticos de la jueza: «No quiero pensar que esto sirva para aspirar a la Corte Suprema».

Respecto al caso paraguayo -por el que enfrentará juicio oral-, Kueider sostuvo que el dinero incautado no era suyo sino de «operaciones legales de intermediación» de su pareja. Rechazó la extradición a Argentina hasta resolver su situación en Paraguay, destacando que la fiscalía paraguaya aceptó una indagatoria virtual. La extradición había sido rechazada tres veces previamente por errores formales.

Mientras permanece en prisión domiciliaria en Paraguay, Kueider insiste en su inocencia en ambos casos, presentándose como víctima de una persecución judicial.

Kueider justificó su permanencia en Paraguay argumentando que el pedido de extradición -rechazado en tres oportunidades por vicios formales- solo buscaba su declaración indagatoria, trámite que, según le habría manifestado la fiscalía paraguaya, podría realizarse perfectamente mediante videoconferencia sin necesidad de su traslado físico.

¿Qué es la causa «Securitas»?

La causa «Securitas» investiga una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos en Entre Ríos, particularmente con la distribuidora eléctrica ENERSA. Según la investigación liderada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, existiría un esquema de pagos ilegales a funcionarios para asegurar adjudicaciones a empresas de seguridad privada. Las sospechas apuntan a que estos sobornos habrían sido canalizados a través de testaferros y operadores políticos.

El exsenador Edgardo Kueider está imputado en esta causa por su presunta participación como nexo político en estas maniobras. La fiscalía sospecha que habría utilizado su influencia para favorecer determinadas empresas a cambio de beneficios económicos, lo que configuraría los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Estos cargos se suman a su proceso en Paraguay por contrabando de divisas, aunque Kueider insiste en que son casos sin conexión real.

La investigación toma relevancia por su alcance institucional y las altas penas solicitadas (hasta 14 años). La jueza Arroyo Salgado fundamenta la gravedad de los cargos al considerar que se trataría de un esquema sistemático de corrupción que afectó el erario público.

Fuente: Perfil