El texto publicado por la FJA, y avalado por la Asociación Judicial de Entre Ríos, sostiene que la resolución constituye una “inconstitucional restricción a la libertad de prensa”, dictada “convenientemente para beneficio de acusados/as de corrupción en materia de salud, seguridad social y discapacidad”.

Allí mismo, advierte que este tipo de medidas “consagran la censura previa”, en abierta contradicción con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y recuerda que el magistrado que tomó la decisión “acumula denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por acoso laboral y sexual”.

El pronunciamiento del gremio incluye un mensaje de solidaridad con  periodistas y trabajadores de prensa que pudieran sentirse amedrentados por estas restricciones, y por los pedidos de allanamiento promovidos desde el Poder Ejecutivo «para encubrir actos presuntamente ilícitos».

En tanto, afirma que «la corrupción política y empresarial durante este gobierno» crece desde «la estafa $Libra, las muertes por fentanilo contaminado y ahora con el escándalo de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en el PAMI»

Tras ello, la FJA señala que estas prácticas ocurren en un contexto de crisis socioeconómica que golpea a millones de trabajadorxs: caída de salarios y jubilaciones, disolución de organismos estatales y cierre de empresas privadas. “Rechazamos la evidente corrupción que asocia al poder político con sectores empresarios inescrupulosos que acrecientan sus riquezas a costa de una mayoría empobrecida y en perjuicio directo de lxs más vulnerables”, subraya el texto.

Y concluye: «Desde la FJA continuamos luchando por las reivindicaciones de lxs trabajadores judiciales, articulando fuerza con otros sectores en lucha, promoviendo la unidad de acción con las Centrales sindicales, impulsando la democratización del Poder Judicial y defendiendo los derechos humanos».