En la semana, dos informaciones, relacionadas al gobierno, tienen un hilo que las une. La primera fue la solicitud del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, que Adorni responda 20 preguntas, en relación a “inconsistencias” sobre su situación patrimonial, en la causa que se tramita en dicha fiscalía por enriquecimiento ilícito. La investigación, según se expresa en el pedido, develó que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente” . La segunda, fueron las denuncias ante la justicia, impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz, a la que se sumó la investigación de la legisladora Marcela Pagano, (sobre los fondos destinados al sistema vial nacional), haciendo una trazabilidad de cómo el desvío de los fondos se realizaró en forma “coincidente” con votaciones de leyes que el gobierno consideraba importantes; la demanda apunta al Ministro de Economía, Luis Caputo, a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación. El desvió de los fondos fue reconocido por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que los fondos eran destinados a sostener el “equilibrio fiscal”. Se suma a esto los informes de entidades como el Instituto de Seguridad y Educación Vial y relevamientos del gremio de vialidad, que mostraron que se han incrementado, en hasta un 22% las muertes en rutas nacionales y que más del 70% de la red de caminos se encuentra en estado de abandono.
El exsenador concordiense fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el intento de ingresar más de 200.000 dólares sin declarar. Ante el tribunal y luego frente a la prensa, insistió en su inocencia, rechazó pedir disculpas y calificó el accionar de la Justicia paraguaya como "envidiable" en comparación con la argentina.
Los hermanos Adorni siguen bajo la lupa de la justicia. El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga a Francisco Adorni, diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano menor del exjefe de Gabinete, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. El juez busca más información sobre el patrimonio de Francisco, del que se sospecha que de mínima falsificó sus declaraciones juradas, especialmente la de 2025, que tuvo tres rectificaciones. Pese a que ya dejó su cargo, el tormento de Manuel no se termina: la diputada Marcela Pagano reveló que Gendarmería ordenó “no informar más las novedades de la custodia en Indio Cuá”, en relación al privilegio que seguirá teniendo el exvocero en su casa del Conuntry pese a que ahora pasó a ser sólo eso, un particular con muchas propiedades y varios problemas en Comodoro PY.
Una bioingeniera y jefa de departamento de la Municipalidad de Paraná denunció que fue apartada de su rol de control independiente en obras públicas tras advertir presuntas irregularidades en el sistema de certificación. Según afirmó, la modalidad fue modificada para que las certificaciones quedaran en manos de los propios inspectores de obra, quienes perciben un adicional salarial proporcional al monto certificado. “La Secretaría les ordenó a los inspectores de obra ser juez y ser parte. Ellos inspeccionan, ellos certifican y cobran más cuando se certifica más”, detalló. Desde entonces, sostiene que sufre hostigamiento laboral, vaciamiento de funciones, exclusión salarial y represalias hacia ella y su entorno. En tanto, aseguró que la situación fue denunciada ante organismos competentes y que existe un expediente administrativo en curso.
La Cámara Federal de San Martín rechazó el pedido de eximición de prisión del ex senador nacional por Entre Ríos y de su pareja, Iara Guinsel Costa. Ambos afrontan un juicio por presunto contrabando en Paraguay, mientras en Argentina Kueider está imputado por enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y otros delitos vinculados a corrupción.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó posibles irregularidades administrativas, técnicas y jurídicas en el proceso para concesionar por 25 años la Vía Navegable Troncal, el sistema fluvial por donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas. No obstante, esas no fueron las únicas observaciones realizadas por el organismo: también advirtió sobre cuestionamientos ambientales, restricciones a la competencia, fallas en los mecanismos de evaluación, posibles situaciones de discrecionalidad y eventuales consecuencias penales. Pese al dictamen, el Gobierno nacional oficializó este lunes el avance de la licitación y confirmó la apertura de las ofertas económicas.
La investigación apunta a maniobras de lavado de activos para encubrir un crecimiento patrimonial irregular del ex senador Edgardo Kueider, quien aún no fue llamado a indagatoria por un conflicto de competencia entre la Justicia Federal de San Isidro y un juzgado de Concordia, pendiente de resolución en la Corte Suprema. En este tramo, serán juzgados Daniel González (“Gonzalito”), su primo Javier Rubel, el contador José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Saint Pierre, la empleada Débora Ferreyra y Adriana Crucitta, junto a seis sociedades señaladas como parte de la operatoria.
Con edictos completos y datos de la sentencia, ya se formalizaron nuevas inhabilitaciones de por vida en la megacausa por corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri y otros. Según registró DIARIOJUNIO, en la edición del 6 de abril de 2026 del Boletín Oficial de Entre Ríos se difundieron los edictos completos que comunican la pena de inhabilitación absoluta perpetua de dos condenados en la causa.
Se trata de tres departamentos —un semipiso, una unidad de dos dormitorios y otra de uno— junto a dos cocheras ubicados en el complejo Live, adquiridos a través de la firma Betail SA. En el mercado inmobiliario, el conjunto de esas propiedades supera el medio millón de dólares de valuación. Desde fines de 2024 las unidades permanecen desocupadas y sin mantenimiento, mientras las expensas siguen acumulándose: la deuda ya supera los $7,3 millones a febrero de 2026, producto de más de 14 meses de gastos comunes impagos.
El avance del juicio por la causa de los “cuadernos” vuelve a exponer la trama de manipulación mediática, presiones políticas y operaciones judiciales que rodearon al expediente desde su origen. Con La Nación intentando recuperar protagonismo como arquitecto del relato y un tribunal que, por primera vez en años, resiste la disciplina del poder real, el proceso revela su fragilidad estructural y reabre el debate sobre el rol del periodismo, la Justicia y las estrategias de proscripción en la Argentina contemporánea.