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La intendenta de Victoria redujo un 20% el sueldo de los funcionarios municipales, entre otras medidas
Ante la grave situación económica marcada por la caída de recursos nacionales y provinciales, la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, resolvió aplicar un recorte del 20 % en los sueldos de los funcionarios del Departamento Ejecutivo y una reducción del 20% en los contratos por prestación de servicios en todas las áreas municipales, sumado a una serie de medidas de ajuste que buscan preservar el equilibrio fiscal sin comprometer los servicios esenciales. Según registró DIARIOJUNIO, la medida fue oficializada mediante el Decreto N° 511/2025, y entrará en vigencia el 1° de agosto, con alcance hasta el 31 de diciembre de este año aunque con posibilidad de prórroga.

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A través del Decreto Nro. 511/2025, la intendente de Victoria, Isa Castagnino, dispuso la reducción del 20% en las remuneraciones de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal a partir del 1 de agosto. Además, se resolvió una reducción del 20% en la significación económica de los contratos por prestación de servicios en todas las áreas municipales. Ambas decisiones forman parte de un paquete de acciones que apuntan a equilibrar las cuentas públicas y garantizar los servicios esenciales que brinda la municipalidad.

Apenas asumió su cargo en el diciembre del 2023, la intendenta del PJ redujo su sueldo en un 40% y el 1 de julio del corriente, congeló el salario de todos los funcionarios.

Según el comunicado oficial emitido por el Municipio de esa localidad, el contexto que motivó estas medidas «es crítico»: En junio, Victoria sufrió una disminución del 32 % en los fondos de coparticipación nacional y del 41 % en la provincial, en comparación con el mes anterior. Esta fuerte merma en los ingresos afectó directamente la capacidad de financiamiento del Estado local.

Además de los recortes mencionados, el decreto establece la supresión de horas extras, la fijación de un tope máximo de 60 horas por quincena para los trabajadores temporarios, la reestructuración funcional del personal, y una reducción del 25 % en los cupos de carga de combustible de vehículos, salvo aquellos destinados a servicios esenciales.

La normativa garantiza el pago de haberes al personal permanente y jornalizado, priorizando la prestación de servicios esenciales y los trabajos impostergables.

El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga, y será remitido al Concejo Deliberante para invitar a la adhesión en los mismos términos por parte del Cuerpo legislativo local.

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