La jugada de Azcué cobra aún más sentido si se recuerda que en diciembre de 2024 el propio municipio había difundido un comunicado con resultados generales de la «auditoría». Aquella publicación fue escueta, imprecisa y sin mayores detalles técnicos: hablaba de “insuficiencias en el control interno”, “abuso de contrataciones directas” o “incremento sostenido de personal sin criterios claros”. El informe, elaborado por la Universidad Nacional del Litoral con un costo de $19,2 millones más gastos adicionales (El acuerdo fue suscrito en marzo de 2024), incluso contenía una cláusula que prohibía expresamente su difusión a la ciudadanía. En ese momento, la información se presentó como un insumo interno de gestión, destinado a “implementar correcciones y mejoras” y no como material para una denuncia penal.

Lo que durante meses se mantuvo bajo reserva y casi olvidado en un cajón, ahora se convierte en una acusación pública contra Cresto, justo cuando la gestión de Azcué enfrenta sus propios cuestionamientos.

En enero de 2025, en una entrevista con el programa “Una Mañana por Delante” de la desaparecida Radio Ciudadana, el secretario de gobierno, Luciano Dell ’Olio, aseguró que a “las recomendaciones de la auditoría ya las hemos implementado en acciones de gobierno” y  explicó que “a priori es muy subjetivo preguntarlo y responderlo fundamentalmente, decir si hay delitos, pero hay un montón de situaciones que tenían otra recomendación de los diferentes organismos de control de cada uno de los altos gobiernos que tenían. No sé si eso debería catalogarlo como delito, pero el límite del delito tiene una cuestión más compleja de limitarlo, tiene algunos componentes que tendría que verlo un fiscal, tendría que verlo un abogado penalista respecto de eso, para ver si considera un delito o un análisis”.

Por aquel entonces el llamado «Pacto Cresto-Azcué» era un secreto -no tan secreto- a voces.

La llamada «auditoría (En realidad lo que se encargó – así lo dice el propio informe de la UNL- fue un “servicio de asistencia técnica para la determinación de los rubros disponibilidades, bienes de uso, planta de personal, compras y contrataciones al 10/12/2023 en la órbita de la Municipalidad de Concordia provincia de Entre Ríos») detectó irregularidades financieras como la colocación de 600 millones de pesos —equivalentes a dos nóminas salariales— en inversiones de riesgo, que al momento de liquidarse apenas recuperaron el valor de 1,42 sueldos municipales. También señaló la contradicción de haber inscripto al municipio con perfil de “alto riesgo”, lo que habilitó la compra de bonos de alto nivel de volatilidad, además de la contratación de un agente financiero que no reunía las condiciones exigidas por la normativa local. Este «hallazgo» en materia financiera constituye tal vez el principal punto de la denuncia judicial contra la gestión de Enrique Cresto si es que la Justica llega a considerar que se violaron las normas vigentes (ordenanzas, leyes, reglamentos) y más que una eventual “mala praxis” económica se incurrió en un delito contra el erario público.

Pero el foco de la discusión se corre inevitablemente al presente donde la gestión de Azcué enfrenta acusaciones cada vez más graves, en particular por el vínculo con las firmas “Ahora Voy SRL” y “Partarrié Distribuciones SAS”, ambas salpicadas por la causa provincial de los comedores escolares. El último capítulo estalló en los últimos días cuando las empresas aseguran que el municipio les pidió mercadería “a cuenta” de una licitación que nunca se adjudicó, que luego fueron eliminadas del padrón de proveedores y que hasta hoy no se les pagó lo ya entregado.

Según el Recurso de Revocatoria presentado ante el intendente, Desarrollo Humano —área conducida por Sebastián Arístide y Roberto Niez— solicitó anticipos de mercadería bajo la promesa de que ciertos ítems ya estaban prácticamente adjudicados. Confiadas en esa palabra, las empresas dicen haber entregado insumos por más de 20 millones de pesos. Sin embargo, el Ejecutivo terminó desestimando sus ofertas mediante el decreto 903/2025, y el Concejo Deliberante avaló de manera unánime la exclusión del padrón de proveedores del municipio. El argumento oficial fue el “estado público de sospecha” sobre las firmas por la investigación penal en curso, aunque hasta ahora los Partarrié no están imputados.

«Aquí es necesario aclarar que siempre, en la mayoría de las licitaciones de alimentos el municipio se maneja así, solicitando la entrega urgente y adelantada de la mercadería en razón de que la firma de Decretos se demora y por tal motivo siempre hemos entregado mercadería por adelantado que nos han pedido luego del primer acto de adjudicación informal. Por ello, no cabe duda que la licitación ya se había comenzado a ejecutar por expreso pedido del Municipio, por lo que luego de ello es inaudito que modifiquen el procedimiento licitatorio y no solo que nos perjudiquen dejándonos afuera sino que tampoco nos pagaron la mercadería entregada», denunciaron los Partarrié dando cuenta de que la irregularidad era un «modus operandis» que invierte el orden legal.

Es en este escenario que la denuncia -más allá de si amerita o no- adquiere un sesgo político evidente. Lo “nuevo” no son los «hallazgos», sino la decisión política de judicializarlos en este preciso contexto -con una campaña en pleno desarrollo y una elección en breve-, buscando desviar la atención de los problemas propios, reflotando el discurso de la grieta y señalando a la gestión anterior como responsable de todos los males actuales.

No aclares que oscurece: Los Partarrié dicen haber sido perjudicados porque el municipio les pidió «mercadería a cuenta» por una licitación que después no se les adjudicó