Concordia, 2025. Más de 200 familias ven peligrar su tierra y su vivienda. No solo la que les fue prometida, sino aquella en la que transcurre su vida cotidiana. En una sociedad donde la urgencia por la supervivencia nos consume, poco parece importarle a muchos la situación angustiante que atraviesan cientos de concordienses. Hablamos, al menos, de 800 personas —más de 400 de ellas niñas y niños— enfrentando un futuro incierto.

Este medio ha seguido el caso durante meses. Y la última novedad —lejos de aportar certezas— vuelve a sembrar incertidumbre entre esas 800 almas.

Lo que interesa aquí es mirar más allá del caso puntual y abrir una reflexión más profunda: ¿qué entendemos hoy por derecho a la tierra? ¿Está efectivamente garantizado?

El derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Lo establece el artículo 75 inciso 22 al incorporar con jerarquía constitucional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 afirma:
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda…»

También lo expresan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y otros tratados internacionales que desde 1994 tienen jerarquía constitucional. Pero en la práctica, ese derecho hoy parece una utopía. Mientras los grandes desarrolladores inmobiliarios aumentan su patrimonio y manipulan los valores del alquiler, una generación entera —los y las mayores de 30— ve cada vez más lejano el sueño de la casa propia.

En este contexto, vale preguntarse: ¿qué diferencia hay entre el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra? La vivienda, en términos legales, implica acceso al resguardo, a un espacio digno. Tener un salario que permita alquilar una casa habitable podría, en teoría, cumplir con ese derecho. Por eso tanto se ha debatido sobre leyes de alquileres. Pero ese no es el foco de este análisis.

La tierra, en cambio, no suele considerarse un derecho humano. No aparece de forma expresa ni en la Constitución ni en los tratados internacionales. Podría interpretarse que al mencionar la “vivienda”, la tierra está implícita. Pero si se accede a una buena vivienda alquilada, ¿se satisface entonces plenamente el derecho?

El investigador Jérémie Gilbert, en la revista internacional Sur, lo resume con claridad: “El derecho a la tierra suele quedar dentro del ámbito de las leyes agrarias, los contratos de tenencia o la planificación urbana. Rara vez se lo asocia con los derechos humanos. Sin embargo, constituye la base para acceder a la alimentación, la vivienda y el desarrollo. Sin tierra, muchas personas quedan en extrema vulnerabilidad”.

Basta pensar nuevamente en esas más de 200 familias de Concordia para entenderlo en carne propia.

Gilbert también advierte que, como históricamente se ha ignorado el acceso tradicional a la tierra de mujeres, migrantes o comunidades marginadas, estos sectores hoy reclaman su derecho a la tierra como parte de sus derechos humanos fundamentales: «Bajo el lema ‘la tierra es un derecho humano’, muchas poblaciones reivindican que la tierra no es solo un bien económico, sino también una fuente de identidad y cultura.”

Cuando se es propietario de un terreno, no solo se construye una vivienda. También se planta una huerta, se levanta un taller con algunas chapas, se improvisa una habitación para el almacén, la panadería o el consultorio de “mi’jo el doctor”. La tierra es base material y simbólica para el desarrollo económico y la vida digna.

Si seguimos concibiendo la tierra como mercancía exclusiva de desarrolladores o grandes propietarios, solo garantizaremos —en el mejor de los casos— viviendas precarias para una población empobrecida y sin perspectivas de autonomía.

Pensar la tierra como un derecho humano es disputar lo que la naturaleza nos ha dado y a lo que nadie debería tener más derecho que otro.

“No somos dueños de la tierra, somos parte de ella.”

Verónica López, Lic. en Ciencias de la Educación