Desde hace bastante tiempo que el periodismo ha abandonado el verdadero sentido de su existencia, que es la búsqueda de la verdad y transmitirla tal cual es, para convertirse en un instrumento diabólico de dominación política.
Pero cuando los intereses inacionales intervienen para direccionar a sus vasallos, que deben ejecutar acciones que constituyen una falta de ética y de corrupción periodística para direccionar la responsabilidad de algunos actores, ya sean políticos, empresariales, etc., se consuma un delito de usurpación y sustitución de la verdad a través de complicidades tanto periodísticas como de la Justicia, al fallar sobre causas “armadas” por importantes actores del poder “real” y poder periodístico que se prestan a esa nefasta circunstancia.
La famosa causa de los “cuadernos” del chofer Centeno y sus anotaciones pasaron por varias manos, tantas que luego se comprobó que varios de ellos fueron adulterados con el fin de favorecer a unos y perjudicar a otros.
Ahora parece que el juicio entró en una etapa final, que no se sabe cuándo terminará. En esta última etapa, el diario La Nación emerge, una vez más, como guionista y actor del propio proceso. No solo relata la causa, sino que pretende conducir. Sus notas figuran como una pieza editorial encubierta porque describe, presiona, celebra y amonesta. Sus periodistas estrella, Diego Cabot, Joaquín Morales Solá, etc., los mismos que durante años construyeron el sentido común de la causa “más importante del país”, vuelven a reclamar velocidad, presencialidad y exposición pública. No es inocente. La Nación, el diario de la oligarquía y las patronales, busca protagonismo porque fue parte constitutiva del nacimiento del caso. Sin Diego Cabot, sin la puesta en escena, sin la amplificación mediática, los cuadernos nunca hubieran tenido vida procesal. Por eso no es periodismo: es participación en la arquitectura del caso.
Pero parece que el de “arriba”, el “Barba”, como decía Maradona, no quiere cosas sucias en la Justicia. Porque apareció en esta circunstancia un tribunal que no se dejó disciplinar. Los jueces hablaron en un “idioma” judicial que en Comodoro Py —el nido de la impunidad— no les es grato. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no discutieron política. Discutieron técnica procesal, garantías constitucionales y, en un gesto infrecuente, defendieron sus propios fueros. El mensaje fue nítido: ellos no pueden ni deben decidir según el calendario de La Nación, ni según los deseos de Casación, ni según las operaciones cruzadas. No es un dato menor que lo hayan hecho en público, frente a todo el país.
El tribunal explicó que durante seis años “cargaron” solos con 87 imputados, miles de fojas, cientos de planteos y un expediente cuyo volumen haría colapsar a cualquier tribunal. Pero resulta que ahora, de repente, tras la presión mediática, se exige que hagan en pocos meses lo que la Justicia no hizo durante más de un lustro.
La defensa de la virtualidad no fue un capricho del tribunal. Fue un argumento jurídico sólido, porque la Corte, desde 2020, avala la realización de juicios remotos: la inmediación procesal puede garantizarse perfectamente con videoconferencia. Y la presencialidad se reserva para actos de mayor gravedad: la indagatoria y la declaración personal del imputado. En ese punto el tribunal fue categórico: ningún imputado será obligado a declarar sin estar físicamente en la audiencia. Es un límite institucional que defenderán incluso frente a Casación.
A La Nación ese planteo no le gustó, porque necesita el show de la escena: escraches, réplicas virales, titulares exagerados. O sea, necesitan recuperar la “escena” porque el expediente ya no ofrece la potencia que tuvo en 2018. La Nación quiere recuperar el impacto original porque el verdadero objetivo político se mantiene intacto: proscribir al peronismo. No se trata solo de un juicio, es la continuación de una estrategia que busca mantener “congelados” a dirigentes, exfuncionarios y estructuras políticas bajo un proceso interminable, sin sentencia, pero con condena social.
Y en el centro de esa construcción aparece la figura más insólita de todo el expediente: el chofer Oscar Centeno, que pasó de ser un testigo a un observador narrativo. Hasta La Nación lo elevó a la categoría de cronista del poder. La anterior Justicia lo transformó en pieza clave. Pero nadie, ni en la instrucción, ni en el juicio, ni en la prensa que lo consagró héroe involuntario, pudo responder a la pregunta esencial: ¿cómo pudo un chofer que no denunció jamás un delito convertirse en el eje de la acusación sin compartir necesariamente responsabilidad penal por aquello que dice haber visto?
Ese mecanismo es conocido: si necesitás un relato incriminatorio y no tenés pruebas materiales, se construye una historia. Pero incluso la mejor historia se derrumba si no existe el soporte técnico para sostenerla. En la audiencia por la causa “cuadernos” quedó claro que ese soporte no existe. Faltan los cuadernos. Faltan fechas consistentes. Faltan respaldos físicos. Faltan partes esenciales del relato. Y sobraron silencios de Centeno durante años, silencios que lo colocan en una posición penal imposible: o mentía, o era encubridor. Sin embargo, para la maquinaria mediática eso no importa. Lo que importa es el guión. La Nación, consciente de que su protagonismo inicial está en riesgo, intenta recuperar el timón empujando al tribunal, magnificando la presión y recordándole al Poder Judicial que hay un sector del establishment que necesita este juicio para seguir funcionando como herramienta política. Y por eso exige celeridad. No para garantizar justicia, sino para garantizar agenda.
Pero el TOF 7, por primera vez en años, habló con voz propia. Exigió respeto. Defendió su autonomía procesal y recordó algo que hacía tiempo estaba olvidado: los juicios deben hacerse con garantías, no con operaciones. Los jueces dejaron en claro que no serán meros ejecutores de un espectáculo mediático, ni avalarán un debate presencial improvisado solo para satisfacer los deseos del diario y sus figuras estelares. Esa defensa de sus fueros, de su independencia y de la libertad de organización del juicio es, paradójicamente, la noticia más importante de la jornada inicial.
El tribunal dejó en claro que no está dispuesto a ser el brazo ejecutor de una proscripción política, y esa resistencia, aunque silenciosa, altera el tablero. Porque si el juicio se hace con reglas jurídicas y no con titulares de la prensa, la fragilidad estructural del caso quedará expuesta. Y cuando la fragilidad se ve, el relato se desmorona. En medio de pantallas congeladas, reclamos cruzados y la presión explícita de La Nación, el TOF 7 recordó que detrás del show hay derechos, garantías y personas. Y que, por más ruido que haga el periodismo militante del establishment, la Justicia no puede funcionar como una sucursal editorial.
Fuente: Pájaro Rojo
