La historia comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando decidieron inscribirse en el registro provincial con la ilusión de adoptar un niño o niña de la segunda infancia, entre 6 y 12 años. “Fue la primera vez que nos inscribimos. El RUAER hace convocatorias públicas por su página web. Uno completa un formulario básico y después te contactan”, recuerda David.

Durante meses —primero por videollamadas, luego en forma presencial— fueron evaluados una y otra vez. “Nos entrevistaban juntos o por separado, cada tres meses. En teoría, el plazo para definir es un año, pero se extiende mucho más. Evalúan según ciertos parámetros y te indagan sobre cosas que no son vinculantes, como cuestiones de tu vida personal o laboral de hace quince años. Luego emiten un juicio de valor, sin siquiera llegar a la práctica, sin poder saber si sos un buen padre o una buena madre”, explicó.

Casados hace diez años, David y su esposa atravesaron el proceso con paciencia, hasta que la respuesta oficial llegó por escrito. No eran “aptos”. No por una cuestión económica ni psicológica, sino ideológica. “El argumento que esgrimieron fue que somos cristianos evangélicos. Dijeron que no teníamos la apertura ideológica o cultural para ser padres”, denunció Duarte.

“Nosotros estamos abiertos a recibir con amor a cualquier niño o niña —asegura—. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de poder demostrarlo. Más allá de nuestras creencias religiosas jamás nos cerramos a las diferentes complejidades que puede tener formar una familia. En base a nuestra fe y nuestros valores nos cerraron la puerta, pero no nos dieron la oportunidad”.

El matrimonio ya pasó por el mismo proceso anteriormente, con el mismo equipo técnico del registro. “Ahora nos queda buscar revertir este rechazo judicialmente, o esperar dos años para volver a inscribirnos, que es lo que establece el sistema después de un ‘no’. Es desgastante, doloroso, angustiante. Vas, venís, te dicen que sí, después que no”, relató.

El testimonio de Duarte se suma al de muchas familias que denuncian la lentitud y arbitrariedad de un sistema que, según coinciden, “falla por todos lados”. Mientras los expedientes se apilan y las evaluaciones se repiten, cientos de niños siguen creciendo en hogares institucionales sin encontrar una familia definitiva. “Ellos están desbordados, y cada vez más chicos esperan por una familia”, lamentó.

El caso expuesto públicamente despertó una fuerte reacción en redes sociales. Vecinos, organizaciones y otras parejas en proceso de adopción expresaron su solidaridad y reclamaron una revisión en la metodología del RUAER. “Prevalecen ideologías antes que los valores y principios de familia”, había escrito Duarte en su publicación.

“Vamos a seguir insistiendo —dice—. Porque creemos que hay chicos esperando amor, y familias esperando darlo. El sistema no puede seguir cerrando las puertas por prejuicio.”