Procesan a ex presidentes de SanCor por la presunta apropiación indebida de aportes laborales

La resolución judicial generó una fuerte reacción del gremio lechero. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) anunciaron que ampliarán la denuncia penal y advirtieron que las maniobras investigadas no sólo se habrían producido en el pasado, sino que continuarían en la actualidad bajo nuevas modalidades.

De acuerdo con un comunicado difundido por Héctor “Etín” Ponce, secretario general y miembro del Consejo Directivo Nacional de ATILRA, los trabajadores sostienen que la empresa estaría declarando como remunerativo en los recibos de sueldo únicamente el equivalente a un salario mínimo, el cual además se paga con retrasos. Esta práctica, señalaron, profundizaría el perjuicio a los empleados y al sistema previsional.

Desde el gremio remarcaron que distintos especialistas y medios de comunicación vienen advirtiendo desde hace tiempo que la evasión fiscal sostenida impacta de manera directa en la crítica situación económica de SanCor. En ese sentido, indicaron que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del verdadero estado económico-financiero y la presunta tergiversación de los recibos de haberes podrían haber colocado a la cooperativa frente a un eventual concurso fraudulento, con la consecuente extensión de responsabilidades penales para sus autoridades.

ATILRA destacó que la decisión judicial resulta alentadora en un contexto donde, aseguran, suele existir una tendencia a relativizar delitos económicos cometidos por personas de alto estatus social. No obstante, aclararon que la inmensa mayoría de los empresarios del sector lácteo actúa con honestidad y buena fe, diferenciando estas conductas de las que hoy son investigadas por la Justicia.

Asimismo, el sindicato recordó que desde hace años advertía sobre el rumbo que tomaría la cooperativa si no se adoptaban decisiones estructurales a tiempo. Según indicaron, existieron múltiples intentos de tender puentes con inversores nacionales e internacionales del sector lácteo para garantizar la continuidad de la empresa, iniciativas que —afirman— fueron sistemáticamente boicoteadas.

Estas acciones, señalaron, habrían vulnerado la confianza de los productores y expuesto a los trabajadores y sus familias a situaciones económicas críticas, derivadas del incumplimiento en el pago de salarios y de la permanente incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo. “No se trata de ser de un color político u otro, se trata de ser buena o mala gente”, expresó Ponce.

Finalmente, desde ATILRA indicaron que, en términos judiciales, consideran cerrada esta etapa, aunque advirtieron que continuarán impulsando alternativas para preservar la fuente laboral y los puestos de trabajo, ante el riesgo concreto de una eventual liquidación de la histórica cooperativa.