En una extensa sesión, el Senado de Uruguay, con mayoría del Frente Amplio, dio un paso histórico al aprobar la Ley de Muerte Digna, legalizando la eutanasia. Con esta norma, Uruguay se suma a países como Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España que ya cuentan con regulaciones similares, convirtiéndose además en el primero de la región en establecer un marco legal integral para la muerte asistida.

El proyecto había sido aprobado en agosto por la Cámara de Diputados con 64 votos a favor y 29 en contra. Según explicó el diputado Luis Enrique Gallo, “cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, destacando el avance social y parlamentario en reconocerlo como un derecho.

La ley establece que la solicitud de eutanasia debe ser realizada por un ciudadano uruguayo adulto o residente, en etapa terminal de una enfermedad incurable y que padezca dolores insoportables. El procedimiento contempla ocho etapas, incluyendo evaluaciones médicas independientes, entrevistas para ratificar la voluntad del paciente y la posibilidad de retractarse en cualquier momento.

Además, la normativa respeta la objeción de conciencia de médicos y del equipo asistencial, asegurando que la institución garantice siempre la prestación del servicio mediante profesionales suplentes.

El senador Daniel Borbonet, defensor del proyecto en la cámara alta, subrayó que la ley “no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa que hoy no existía” y definió la aprobación como una “conquista de un derecho humano”.

La Ley regula y garantiza “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”, buscando ofrecer un final de vida indoloro, apacible y respetuoso para quienes cumplan los requisitos establecidos.