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Gerardo Morales y Jujuy: el Nuevo Escenario de la Entrega Cipaya (Parte 1)

Última actualización:
hace 332 días

Cuando Gerardo Morales fue elegido gobernador de Jujuy en el año 2015, se inició un proceso encubierto de ingeniería casi mafiosa para tomar el control total del poder provincial. Este proceso no pudo llevarse a cabo sin apoyo interno y externo. Se tomaron medidas para eliminar la oposición política, como la desarticulación del movimiento Tupac Amaru y la detención de la líder Milagro Salas y otros miembros del movimiento, mediante acusaciones falsas.

En 2016, con la complicidad del sector «gorila» del Partido Justicialista, se aprobó una nueva conformación del Supremo Tribunal de Justicia, aumentando el número de miembros a nueve. Se designaron diputados en esos cargos, quienes habían jurado una semana antes, sin pasar por un concurso previo, y que responden directamente a Morales, formando una mayoría que él controla personalmente. Esto es similar a lo que hicieron Menem y Macri en su momento.

Cuando mencionamos el apoyo externo, nos referimos al Nuevo Consenso de Washington, aunque el Consejero de Seguridad, Jack Sullivan, lo niega explícitamente. Esto significa que Estados Unidos actúa solo o con el respaldo exclusivo de Occidente, excluyendo a otros actores. Al hablar del Nuevo Consenso, se incluye al FMI, al Banco Mundial y a la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. El término fue acuñado por John Williamson para describir un conjunto de reformas estándar para países en desarrollo que se enfrentan a crisis financieras (provocadas por ellos mismos). En resumen, implica aplicar la agresividad del sistema financiero por encima de los países periféricos. Sullivan ha expresado que debe haber coherencia entre la política exterior y la interna desde el punto de vista económico para mantener el liderazgo económico de Estados Unidos. El dominio de los estadounidenses sobre la Unión Europea es más profundo que nunca en la historia.

Durante muchos años, la economía occidental ha experimentado una fuerte tendencia al estancamiento y a la creciente desigualdad. El aumento de la productividad es clave, y Estados Unidos sabe que el «mercado» no solucionará nada. En esta etapa avanzada del capitalismo, se requieren grandes inversiones públicas y innovaciones técnicas sin precedentes. El desastroso acuerdo de Biden con los republicanos sobre el techo de la deuda y la inteligencia artificial, que es más apariencia que una realidad técnica para la producción, demuestran las duras realidades que enfrenta Estados Unidos en el presente y en un futuro cercano. Sin embargo, esta despedida del neoliberalismo basado en la economía de oferta y demanda no dice nada sobre el sistema financiero internacional, una pieza clave del nuevo capitalismo que se aplicará.

En este marco conceptual de la guerra estratégica por los recursos naturales se enmarca el conflicto en Jujuy. Lo que Gerardo Morales está llevando a cabo es una conspiración grotesca donde no hay división política, ya que en su Dictadura doméstica solo hay negocios turbios que responden a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Mencionaremos algunas empresas estadounidenses que ya están involucradas en el saqueo del litio: Pan American Energy, inversiones de Bill Gates a través de Breakthrough Energy Ventures, The Engines, Lilac Solution junto a la Compañía Minera Lake Resources, y también inversiones de medios de comunicación respaldados por Jeff Bezos, el precursor de Amazon, y Jack Ma, co-fundador de Alibaba, y Michael Bloomberg. ¡Nada menos!

Pero Gerardo Morales tiene otros asuntos turbios en su historial dictatorial: hay una denuncia archivada por su apoyo a los golpistas bolivianos, como la utilización de un avión Hércules C-130 en el que se trasladó a Santa Cruz de la Sierra, bastión del golpista filonazi Luis Fernando Camacho, quien actualmente está preso. La excusa fue brindar apoyo para combatir incendios en Bolivia. Sin embargo, casualmente, estuvo toda la noche junto al avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que, el 4 de septiembre de 2019, trajo a Ivana Trump, hija del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con una comitiva desconocida y misteriosa, a Jujuy para familiarizarse con las actividades de una ONG que supuestamente realiza acciones de «empoderamiento femenino». Oficialmente, se donaron nada menos que 400 millones de dólares. Las ONG a menudo se han utilizado como fachadas para operaciones encubiertas, aunque luego digan que eran para infraestructura vial (como dice el poeta «verso a verso»).

La Diputada Nacional del MAS en Bolivia, Alicia Condori, denunció que Gerardo Morales, durante la visita de Ivana Trump, junto con el líder golpista, participó en una reunión para organizar el golpe de Estado contra Evo Morales.

Recordemos que Mauricio Macri envió ilegalmente (sin autorización del Congreso) decenas de gendarmes y municiones, aproximadamente 70,000 proyectiles, e incluso espías, supuestamente para proteger la embajada. Hoy en Jujuy, se pretende «oficializar» la entrega de los recursos naturales a los grandes grupos internacionales mencionados anteriormente. Sin embargo, esto requiere silenciar las protestas y criminalizarlas, lo que resulta en una represión lógica.

La nueva Constitución tenía 90 días para ser tratada, pero solo se tomó tres semanas con la participación de delegados del PRO, UCR y PJ. Se retiraron seis delegados del trotskismo y dos del PJ. Hoy en día, Gerardo Morales está violando la Constitución Nacional al avasallar todo el proceso institucional para proporcionar un marco legal al despojo, como preludio de lo que ocurrirá si la derecha alineada con intereses extranjeros triunfa en las elecciones finales. En la nueva Constitución se establecen mecanismos rápidos y expeditivos para favorecer a los titulares registrales en disputas de tierras, lo que significa exigir títulos de dominio a los pobladores que han habitado esas tierras durante 200 años, designándolas como tierras fiscales para legitimar el despojo. Esto facilita la tarea de las corporaciones extranjeras al permitir la privatización de áreas donde viven comunidades enteras, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional, Inciso 17, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y el artículo 4 de la OIT. Al mismo tiempo, se limita y criminaliza el ejercicio de la protesta, la libertad de expresión, petición y asociación, derechos garantizados en diversos artículos de la Constitución Nacional. Una provincia no puede legislar en contra de la Constitución Nacional, a menos que Su Alteza Imperial, Visir de la Puna, Maharajá de Potosí, Zar de los Siete Colores, Mariscal del Altiplano, Marqués de Ingenio Ledesma, León de Tilcara, Califa de Humahuaca, Orgullo Radical y Azote de Dios, Gerardo Morales, lo considere su voluntad omnipotente.

(Continuará con la parte 2) 

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