¿Puede afirmarse que Entre Ríos es una provincia financieramente inviable? En sentido estricto, no. La provincia continúa pagando salarios, prestaciones previsionales, servicios y vencimientos de deuda. Incluso logró regresar al mercado internacional de capitales. Pero una administración puede cumplir formalmente sus obligaciones y, al mismo tiempo, encontrarse atrapada en una estructura fiscal que le impide desarrollarse.
Esa parece ser la situación entrerriana: una provincia que recauda, gasta y se endeuda, pero que dispone de un margen cada vez menor para modificar su realidad económica.
El problema no nació con una sola gestión ni puede atribuirse exclusivamente a una coyuntura nacional. Es el resultado de décadas de acumulación de gastos permanentes, crecimiento de estructuras administrativas, desequilibrios previsionales, pérdida de inversión pública y ausencia de una transformación sostenida del Estado provincial.
Un presupuesto que llega prácticamente gastado
El primer indicador de esta dificultad aparece en la composición del presupuesto. Según el Presupuesto Ciudadano 2025, el 90,8% de las erogaciones provinciales correspondía a gastos corrientes, mientras que apenas el 9,2% se asignaba presupuestariamente a gastos de capital. Ese último porcentaje, además, no representa únicamente obra pública ejecutada: incluye transferencias de capital, inversión financiera y otras partidas que no necesariamente se transforman en infraestructura.
La ejecución del primer trimestre de 2026 permite comprender con mayor claridad el grado de rigidez. El gasto en personal absorbió aproximadamente el 40% del gasto total; las prestaciones de la seguridad social, el 23%; y la coparticipación destinada a los municipios, otro 10%. Es decir, solamente estas tres partidas explicaron el 73% del gasto provincial. A ello debe agregarse el servicio de la deuda y el funcionamiento ordinario del Estado.
Esto significa que, antes de iniciar cualquier política pública nueva, casi todo el presupuesto ya tiene un destino predeterminado.
El gasto en personal es una parte central de esa estructura. Entre Ríos cerró 2025 con aproximadamente 90.295 empleados públicos, equivalentes a 63 agentes cada mil habitantes. La media nacional se encontraba alrededor de 50 empleados cada mil habitantes. En la comparación regional, Entre Ríos casi duplicaba la dotación relativa de Córdoba y superaba en aproximadamente un 50% a Santa Fe, aunque las mediciones disponibles corresponden a años y metodologías parcialmente diferentes.
La cuestión no debe reducirse a responsabilizar a los trabajadores públicos. Educación, salud, seguridad, justicia y administración requieren recursos humanos. El verdadero interrogante es otro: si el tamaño, la distribución, las funciones y la productividad de esa estructura guardan relación con la calidad de los servicios que reciben los entrerrianos.
La inversión, la variable que siempre termina ajustándose
Cuando el gasto corriente es rígido y los ingresos no alcanzan, el ajuste suele recaer sobre la partida políticamente más sencilla de postergar: la inversión.
En 2025, Entre Ríos destinó apenas el 3,5% de su gasto total a inversión real ejecutada, considerando obra pública propia y transferencias de capital a municipios. Solamente Tierra del Fuego, con el 3%, y Santa Cruz, con el 1%, presentaron registros inferiores. En el extremo opuesto se ubicaron Santiago del Estero, con el 25%; la Ciudad de Buenos Aires, con el 19%; y La Pampa, con el 15%.
No se trata de un dato menor. La inversión pública no es simplemente una partida contable. Es la que financia rutas, caminos rurales, escuelas, hospitales, redes de agua y saneamiento, infraestructura energética, conectividad y equipamiento.
Cuando una provincia deja de invertir, no solamente posterga obras. También encarece la producción, reduce la competitividad, desalienta la radicación de empresas y deteriora la calidad de los servicios públicos.
Entre 2023 y 2025, el gasto de capital del conjunto de las provincias cayó alrededor de un 30% en términos reales, mientras que el gasto corriente disminuyó apenas un 6%. El ajuste subnacional se concentró, por lo tanto, de manera desproporcionada en la inversión.
Una deuda que no es explosiva, pero sí vulnerable
A diciembre de 2025, Entre Ríos registraba un stock de deuda cercano a $1,01 billones. En relación con sus recursos anuales, representaba aproximadamente entre el 17% y el 19%. Medida contra un Producto Bruto Geográfico estimado, se ubicaba alrededor del 4,3%. Estos indicadores no muestran, por sí solos, una deuda descontrolada.
El problema aparece cuando se estudia su composición: aproximadamente el 71% estaba denominado en moneda extranjera y el 52% correspondía a títulos públicos. La deuda por habitante se acercaba a los $699.000, ubicando a la provincia en una posición media-alta dentro del cuadro comparativo utilizado.
En 2026, Entre Ríos regresó al mercado internacional con una emisión de USD 300 millones, a siete años, con un cupón del 9,55% y una tasa de rendimiento inicial del 9,875%. La operación fue institucionalmente importante porque permitió recuperar acceso al crédito externo después de varios años. Sin embargo, tuvo el costo financiero más elevado dentro del grupo de emisiones subnacionales analizado.
La comparación es ilustrativa: una emisión de CABA había rendido 8,125%; Santa Fe, 8,375%; la segunda colocación de Córdoba, 8,95%; y Chubut, 9,45%. Entre Ríos debió convalidar 9,875%. Esto no significa que la provincia se encuentre al borde del incumplimiento, pero sí que el mercado le exige una prima mayor para prestarle.
En definitiva, Entre Ríos no tiene, un problema explosivo de deuda en términos de volumen absoluto. El punto crítico se encuentra en la sustentabilidad fiscal-financiera de esa deuda: es decir, en la capacidad de la provincia para generar recursos suficientes, sostener resultado primario positivo, administrar vencimientos, reducir vulnerabilidad cambiaria y mejorar su reputación crediticia frente al mercado.
Presión fiscal: una discusión que exige precisión
Durante años, Entre Ríos fue señalada por entidades productivas como una provincia con una elevada carga tributaria, particularmente por el peso de Ingresos Brutos. Sin embargo, los comparativos homogéneos más recientes obligan a matizar la afirmación de que la provincia encabeza actualmente todos los rankings de presión efectiva.
El argumento más sólido no consiste en afirmar que Entre Ríos es siempre la jurisdicción que más recauda sobre su producto, sino en observar la calidad de su estructura tributaria. Ingresos Brutos grava cada etapa de la cadena económica, se acumula en los precios y afecta especialmente a las actividades con numerosos eslabones de producción y comercialización.
El problema fiscal entrerriano no puede medirse solamente por cuánto recauda el Estado, sino por qué impuestos utiliza, sobre quiénes recaen y qué contraprestación reciben los contribuyentes. Un impuesto puede resultar más tolerable cuando vuelve en servicios e infraestructura; se vuelve mucho más gravoso cuando financia casi exclusivamente funcionamiento corriente.
La reforma previsional no elimina el déficit de corto plazo
La cuestión previsional completa el círculo de rigidez fiscal. Para 2026, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos fue estimado en aproximadamente $370.500 millones anuales luego de la aplicación de nueve medidas administrativas y de recaudación. Sin esas acciones, la proyección habría alcanzado alrededor de $655.200 millones. Durante el debate legislativo también se señaló que el desequilibrio anual supera los $400.000 millones, diferencia que responde al momento de la estimación y al criterio utilizado.
La reforma previsional ya fue aprobada por la Legislatura provincial y convertida en ley. La norma declaró la emergencia económica y financiera del sistema previsional por dos años y modificó distintos parámetros de aportes, cálculo de haberes y condiciones aplicables a determinados regímenes. Su aprobación constituye una decisión relevante para ordenar el sistema y establecer mecanismos de seguimiento.
Sin embargo, sería equivocado presentar la reforma como una solución inmediata al desequilibrio financiero. Buena parte de sus efectos opera de manera gradual, especialmente sobre los nuevos beneficios, los futuros ingresantes y la evolución de la relación entre aportantes y beneficiarios. Por esa razón, en el corto plazo el Tesoro provincial continuará destinando una masa considerable de recursos para cubrir el déficit de la Caja.
Además, el anticipo de $120.000 millones acordado con la Nación para el ejercicio 2026 aporta liquidez y reduce parcialmente la presión financiera del año, pero no modifica la naturaleza estructural del problema. Es un financiamiento que ayuda a transitar la coyuntura; no reemplaza la necesidad de equilibrio actuarial, transparencia, control de regímenes y una estrategia previsional de largo plazo.
| $370.500 millones Déficit estimado 2026 con medidas correctivas |
Más de $400.000 millones Magnitud anual señalada durante el debate legislativo |
$120.000 millones Anticipo de ANSES para el ejercicio 2026 |
Un círculo fiscal que se retroalimenta
Los problemas no funcionan de manera independiente. Una estructura estatal numerosa o mal distribuida eleva el gasto salarial. El déficit previsional agrega otra obligación permanente. La rigidez presupuestaria reduce el espacio para invertir. La falta de infraestructura limita la productividad y el crecimiento. Una economía que crece poco genera una base tributaria más débil. Y una provincia con menor dinamismo, baja inversión y escaso margen fiscal debe pagar tasas más altas cuando necesita endeudarse.
Así se conforma un círculo difícil de romper: más gasto fijo, menos inversión; menos inversión, menor crecimiento; menor crecimiento, menos recursos; menos recursos, mayor presión sobre contribuyentes y mayor necesidad de financiamiento.
Este es el verdadero significado de una provincia financieramente atrapada. No necesariamente una provincia que mañana dejará de pagar, sino una que destina casi toda su energía fiscal a sostener el presente y dispone de muy pocos recursos para construir el futuro.
Recuperar capacidad para transformar
Entre Ríos no necesita gastar menos. Necesita dejar de gastar mal. Mientras la inversión pública represente el 3,5% del presupuesto, el círculo no se rompe — se administra. Y administrar un círculo vicioso no es gestión: es resignación.
La transformación requiere revisar estructuras, eliminar superposiciones, evaluar programas, modernizar la administración, profesionalizar el empleo público, ordenar el sistema previsional y establecer objetivos plurianuales de inversión.
También supone mejorar la transparencia fiscal, administrar prudentemente la deuda y vincular cualquier reducción tributaria con mejoras verificables en la eficiencia del gasto.
No se trata de aplicar un ajuste indiscriminado ni de desmantelar funciones esenciales. Se trata de recuperar capacidad de decisión. Un presupuesto en el que casi todos los recursos están comprometidos de antemano deja de ser una herramienta de política económica y se convierte en un mecanismo para reproducir inercias.
La provincia ha impulsado medidas parciales y atravesado distintos procesos de ordenamiento fiscal. El desafío pendiente parece encontrarse en la continuidad y articulación de esas decisiones dentro de una estrategia de mediano y largo plazo, capaz de trascender períodos de gobierno.
Entre Ríos no está condenada a ser financieramente inviable. Pero tampoco podrá modificar su trayectoria administrando indefinidamente la misma estructura. El mayor riesgo no es solamente una crisis inmediata: es acostumbrarse a una provincia que funciona, paga y recauda, pero que cada año dispone de menos capacidad para invertir, crecer y transformar la vida de sus habitantes.
Álvaro E. Sierra.Especialista en Finanzas Públicas. Referente del partido político vecinal Compromiso por Concordia