El caso se originó en agosto de 2023, cuando una agente municipal denunció a la Municipalidad de Puerto Yeruá, representada por su intendente Daniel Benítez y la secretaria de Gobierno y Hacienda, Silvia Bel, por violencia y discriminación laboral. La denunciante relató que, tras haber ejercido funciones como concejal, ingresó al municipio como trabajadora administrativa y que en 2020 fue trasladada sin consulta previa ni justificación a otra área, con condiciones laborales inadecuadas. Además, afirmó que se le recortaron haberes sin sustento legal, afectando su situación económica y personal.

La sentencia, dictada el 29 de abril de 2025, hizo lugar al reclamo y condenó a Benítez y Bel a pagar una indemnización equivalente a 13 sueldos de la categoría de atención de caja del área de Rentas. También ordenó que ambos funcionarios acrediten la realización de una capacitación en perspectiva de género y que informen qué medidas han tomado para garantizar condiciones de trabajo dignas para la denunciante.

El fallo sostuvo que hubo una modificación arbitraria de las condiciones laborales, incumplimiento de normas de higiene y seguridad, y una disminución salarial sin argumentos válidos. Todo ello configuró una situación de violencia laboral, de acuerdo con las leyes 23.592 (antidiscriminación) y 26.485 (protección integral contra la violencia hacia las mujeres).

Daniel Benítez fue incluido recientemente en la lista “Desafío Peronista”, que encabezan el exintendente de Paraná Adán Bahl y el exdirector de Aduana Guillermo Michel. En un comunicado difundido hace horas desde el espacio político, se destacó la incorporación de Benítez y de la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza, como representantes del “interior profundo” de la provincia y parte de una “nueva generación de dirigentes”.

El fallo judicial contra Benítez no le impide legalmente ser candidato, ya que no se trata de una condena penal sino civil. Sin embargo, organismos como la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Ley Micaela promueven la capacitación en perspectiva de género para quienes ejercen cargos públicos. En este marco, una condena por violencia laboral plantea cuestionamientos sobre los criterios de selección de candidatos y el compromiso con los derechos laborales y la igualdad de género.