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De mal en peor: el administrador-interventor del Sindicato de la Fruta acumula cheques rechazados por más de $350 millones
Mientras se presenta como el encargado de “ordenar” un gremio al que acusa de desidia y vaciamiento, Iván Amaro, actual administrador - interventor del Sindicato de Obreros de la Fruta de Concordia (SOF), exhibe una situación financiera crítica como responsable de una empresa privada con más de 54 cheques rechazados por un monto superior a los 350 millones de pesos durante 2025, según registros oficiales del sistema bancario y del BCRA. La trama de la intervención al SOF también combina disputas gremiales judicializadas a nivel nacional, una federación de creación reciente, objetada e impugnada, y dirigentes investigados por malversación, además de antecedentes penales propios y de su entorno. Lejos de la normalización anunciada, la intervención parece profundizar una crisis donde los trabajadores castigados del sector son los convidados de piedra.
Federico Odorisio
En la foto: En el Centro de la foto, el interventor del SOF, Iván Amaro. A la derecha, el abogado Alejandro Jacobi, asesor legal de la intervención
Iván Amaro, hoy un monotributista categoría C, ex dirigente gremial bancario y ex funcionario del Ministerio de Turismo provincial durante la primera gobernación de Gustavo Bordet, llegó al Sindicato de Obreros de la Fruta de Concordia (SOF) envuelto en un discurso de “orden” y “normalización” para poner fin a «años de disidía y vaciamiento institucional». Se presentó como enviado de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), una entidad sin demasiados pergaminos ni historia, sin certificación de autoridades por la Secretaría de Trabajo, y objetada e impugnada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Esta Federación fue oficialmente constituida el 17 de octubre de 2025, a partir de una fractura interna en UATRE. La misma responde al diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ansaloni, que proviene del Partido Fe, la estructura política fundada por el extinto dirigente gremial Gerónimo «Momo» Venegas. Por lo que la novel Federación se presenta como una organización que busca retomar el legado del «Momo».
El diputado nacional por Buenos Aires, Pablo Ansaloni (LLA)
A finales de agosto de 2025, la justicia federal, a través del fiscal Guillermo Marijuan, empezó a investigar a Pablo Ansaloni por su presunta participación en un «plan criminal» destinado a intervenir de forma irregular la UATRE y su obra social (OSPRERA), acusándolo de coordinar con funcionarios de la Secretaría de Trabajo maniobras para desplazar a la conducción electa. En paralelo, la gestión de Ansaloni frente a la obra social OSPRERA fue objeto de auditorías que detectaron un déficit financiero de 13.000 millones de pesos a finales de 2022 y deudas que superarían los 50.000 millones en 2025. Por lo que se lo acusó formalmente de malversación de fondos, administración fraudulenta y asociación ilícita. Entre las pruebas figuran gastos injustificados de plazos fijos por 4.000 millones de pesos durante su periodo de campaña electoral.
AMARO, EL ADMINISTRADOR-INTERVENTOR DEL SOF, CON UNA SITUACIÓN FINANCIERA CRÍTICA
En tanto, a medida que la figura de Amaro gana centralidad, también comienzan a surgir datos que ponen en discusión su idoneidad para sanear el gremio y su obra social, reemplazando al actual -también polémico y cuestionado- Secretario General del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo.
Uno de los datos remite a la situación financiera empresarial de Cristian Iván Amaro, quien es socio y gerente de ATG FOODS SRL, una empresa con sede principal en Rosario, provincia de Santa Fe, especializada en la industria alimenticia y de subproductos animales que, según registros del sistema bancario y del Banco Central, acumula más de 54 cheques rechazados por un monto superior a los 350 millones de pesos. Más que tratarse de de un episodio aislado o un traspié circunstancial, la totalidad de esos rechazos se concentran en los últimos doce meses, con apenas una fracción regularizada de 6 cheques por algo más de 40 millones de pesos y una porción mayoritaria (39 cheques) sin pago de multa, lo que describe un cuadro de estrés financiero severo y persistente.
La responsabilidad no es menor dado que, en su carácter de gerente de la firma, Amaro no solo integra el paquete accionario de la empresa (25%), sino que ejerce la administración y la representación legal, incluyendo la operatoria bancaria. Por lo que la emisión reiterada de cheques sin fondos es un acto directo de su gestión.
Mientras tanto, en el plano gremial, el conflicto escala: Amaro asegura haber sido designado interventor por la FATRE, aunque esa versión es rechazada de plano por Alcides Camejo, quien denuncia la ilegalidad tanto de la intervención como de su desplazamiento. La disputa dejó de ser meramente administrativa el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando un grupo encabezado por Amaro tomó por la fuerza la sede gremial de calle Saavedra.
A comienzos de enero de 2026, la justicia local desestimó las primeras denuncias por usurpación realizadas por Camejo, pero el conflicto quedó lejos de resolverse a la espera de que la justicia laboral defina quién detenta la conducción legítima del sindicato.
Mientras tanto, la Secretaría de Prensa y Difusión de FATREFU expresó su agradecimiento, entre otros, «al gobernador de la provincia, a las fuerzas de seguridad de la provincia, a la Justicia y a la conducción nacional del Secretario General, Pablo Ansaloni”.
Por otro lado, Amaro, que hoy se presenta como el rostro de la renovación gremial, carga con una condena penal: en 2016 fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, tras reconocer su responsabilidad en la planificación del intento de asesinato del entonces diputado provincial Alejandro «Loquillo» Bahler. El caso incluyó la difusión pública de un video donde se lo veía negociando el pago de unos 100 mil pesos a presuntos sicarios.
JACOBI, EL ASESOR LEGAL DE LA INTERVENCIÓN AL SOF
En paralelo, el abogado Alejandro Jacobi, quien se desempeña como asesor legal de la intervención del Sindicato de la Fruta, quedó involucrado en una causa vinculada a pagarés surgidos de maniobras presuntamente fraudulentas atribuidas al ex abogado Pedro De La Madrid y a su segunda esposa, Analía Romero. La investigación judicial describió un esquema mediante el cual De La Madrid habría engañado a sus propios clientes, haciéndoles firmar documentos legales que luego eran manipulados: aprovechando los espacios en blanco entre el texto original y las firmas, se recortaban y completaban con el contenido de pagarés en dólares, valiéndose de la confianza propia de la relación profesional. Posteriormente, esos documentos eran ejecutados judicialmente por el propio De La Madrid o por Romero, con la firma del Dr. Jacobi, y contemplaban montos que oscilaban entre 10.000 y 80.000 dólares.
En 2024, La Justicia Federal con competencia electoral inhabilitó por irregularidades en el manejo de fondos al abogado Alejandro Jacobi, por entonces presidente del partido Compromiso Federal en Entre Ríos, y a su esposa Gisela Pamela Mora, tesorera de la fuerza, por incumplir la obligación de rendir y transparentar el origen y destino de los recursos partidarios correspondientes a 2018. El fallo, dictado por el juez Leandro Ríos a partir de una investigación de la Fiscalía Federal de Paraná, acreditó que los responsables no pudieron justificar ingresos y egresos de varios meses, presentaron balances con errores y desatendieron requerimientos judiciales, en violación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La sentencia dispuso la inhabilitación por un año y medio para Jacobi y Mora para ejercer cargos públicos y partidarios, mientras que el interventor José Jaime Scheer fue sancionado con seis meses, al considerarse probada su responsabilidad en el período que estuvo al frente del partido.
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9 comentarios
Tordo
Abogado=delincuente con título, salvó escaso porcentaj. Y, que hacen los colegios y delegaciones, con los Tribunales de ETICA. Y se reciben por CORREO. Y vivimos rodeados, aturdidos, en los medios, de tanto, chanta, abogados y economistas, se dicen, que hay y , con escasos conocimiento .Más allá, de que en la política, la mayoría son abogados.
Reinaldo
Cuanta mugre junta. Amaro andaba el otro día con otro encausado, Vidoni, hablaban como ganadores.
Todo bizarro, de una carencia total de valores, berreta, unos lumpenes.
https://www.diariojunio.com.ar/viejos-vicios-de-la-casta-que-no-se-fueron-con-milei-eduardo-vidoni-el-titular-de-la-secretaria-de-trabajo-delegacion-concordia-sin-curriculum-pero-con-antecedentes-para-el-ca/
Alberto J. Armando
Linda publicidad para el colegio de abogados: Jacobi falsificando pagarés para estafar clientes, la abogadita de Codesal falsificando firmas para quedarse con dinero, los casos de falsificaciones de pruebas para estafar a las ARTs de un «conocido» buffet de abogados locales, el estudio Laqui…. armando las matufias para quedarse con terrenos municipales. Linda gente
Susana
Me resisto a creer que esa es nuestra Concordia , dos delincuentes queriendo normalizar un sindicato . Mira que la justicia es lenta , boba y selectiva y a Amaro y Jacobi lo condenaron. Pero si Concordia es eso por que la hipocresía OS lleva a eso . El tango Cambalache nos pinta de cuerpo entero .
casimiro
Flor de sinvergueza ampliamente conocido por estafador el amaro este.
Mamita
Tienen pinta al sindicato de.la frula
juan
Tenés que elegir: te cuida el hombre lobo o Drácula….Dios mío pobre ciudad!!!
Omar
ayyyy uyyy pero que enormes pescados de muchas espinas. pobrecitos los trabajadores de la cosecha. y a estos bancan Frigerio, roncaglia, Troncoso y cia
Lucho
Por favor que manga de delincuentes y pensar que toda esta manga de delincuentes seudo peronistas apoyaron a Frigerio y Azcue. O cambia más concordia. El colegio de abogados como puede permitir tantos delincuentes con matrícula para delinquir. Todos miran para otro lado.