Es bien sabido que los ideólogos burgueses y los liberales, en particular, no tienen manera de justificar la propiedad del suelo. Hay que recordar que, según Marx, «la propiedad de la tierra supone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de los demás». Por lo cual, en algún momento de la historia humana hubo personas que se apropiaron de porciones de suelo, dejando a otros con poco o nada.
Si con esto pretendemos poner el acento en la historia argentina de fines del siglo XIX, es porque estamos motivados por la reivindicación del general Julio A. Roca y del régimen que se consolida con su llegada a la presidencia en 1880.
En 1881, el general Roca recibió, por donación (?), del Gobierno de la provincia de Buenos Aires un campo de 46.000 hectáreas, ubicadas en el actual partido de Daireaux. Esta graciosa entrega de semejante cantidad de tierras a un presidente en ejercicio se inscribe en un proceso más general de traspaso de la tierra pública en Argentina a manos privadas y poderosas. En muchos casos, fue directamente ocupación y apropiación. En otros, se trató de ventas fiscales a precios irrisorios. En otras palabras, fue una forma de enriquecerse por medio del robo.
Hay que discriminar entre acumulación originaria y acumulación capitalista. La primera se distingue por el uso sistemático de la violencia, el robo y las formas de acumulación precapitalista. Se intenta justificar que existe una clase diligente, inteligente y, sobre todo, ahorrativa, y, por el otro lado, «una pandilla de vagos y holgazanes que dilapidaron todo lo que tenían» (?). De ahí arrancará la gran pobreza de la masa del pueblo.
La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre el productor y los medios de producción. En Gran Bretaña se trató de separar a los campesinos de la posesión de sus tierras heredadas del feudalismo. En la pampa argentina fue la apropiación de grandes extensiones poco pobladas, la expulsión o el aniquilamiento de las poblaciones originarias —la Conquista del Desierto— y la eliminación del «gaucho».
La apropiación de grandes extensiones de tierras en lo que sería la Argentina ocurrió desde los tiempos de la Colonia. Por ejemplo, está el caso de Jerónimo Luis de Cabrera, quien en el siglo XVI era dueño de una estancia en Córdoba con una superficie similar a la actual de Bélgica. En los siglos XVII y XVIII, las apropiaciones privadas continuaron extendiéndose mediante «donaciones» del Cabildo de Buenos Aires y concesiones de la Corona a particulares.
En el siglo XIX, Rosas dio un nuevo impulso al desalojo de los pueblos originarios y a la concentración de tierras en manos de estancieros. Él mismo y sus parientes, los Anchorena, tenían extensísimas propiedades. En esa época, la riqueza consistía en cabezas de ganado. En el año en que fue derrotado Rosas, el ganado era la riqueza principal. Las familias ricas se contaban por el número de cabezas de ganado vacuno y ovino. Sin embargo, hasta 1890 la tierra se valorizó enormemente y las familias pudientes se caracterizaban por las «leguas» de tierra que poseían como propiedad.
La propiedad de tierras y la especulación con ellas constituyeron la base principal del enriquecimiento de la clase dominante, de tal manera que su proyección política se ejercía en los salones del Jockey Club, donde se discutían los futuros gobernantes, con el diario La Nación como doctrina de los Mitre. De tal manera que la fuerza social dueña de la tierra era, hasta 1890, la clase más importante y más fuerte de la sociedad argentina. En sus manos estaba el poder económico y político del país.
No hay que olvidar que la apropiación y privatización de tierras públicas tuvo otro fuerte impulso entre fines de la década de 1870 y 1890, cuando el Estado anexó 34 millones de hectáreas de nuevas tierras. Fue el producto de las campañas dirigidas por Roca, primero como ministro de Guerra durante la presidencia de Avellaneda y luego contra los tehuelches, mapuches y ranqueles. En esas campañas murieron 14.000 indígenas y otros 10.000 fueron tomados prisioneros. Muchos quedaron prisioneros en campos; otros fueron enviados a la isla Martín García, donde murieron.
Mujeres y niños fueron repartidos entre gente adinerada de Buenos Aires como sirvientes. Es que esa era nuestra «Nobleza Gaucha».
El 5 de octubre de 1878 se sancionó la Ley 947, con el fin de obtener fondos para la Conquista del Desierto en territorio ocupado por 20.000 aborígenes, que fueron masacrados por el Remington. Esto dejó el camino expedito para entregar las tierras a sus nuevos propietarios, a quienes ya les habían sido asignadas «antes de la operación militar», mediante la suscripción de 4.000 bonos de 400 pesos cada uno, de los cuales les correspondieron 2.500 hectáreas.
Un total de 10 millones de hectáreas fueron vendidas por el Estado a comerciantes y estancieros bonaerenses antes de la conquista de las tierras, mientras que el excedente, distribuido en lotes de 40.000 hectáreas, fue rematado en 1882 en Londres y París, dando lugar a la aparición de los primeros terratenientes extranjeros en el país.
Y como aún quedaba un excedente por privatizar, en 1885 se cancelaron con tierras las deudas acumuladas con los soldados, que llevaban siete años sin cobrar. Como estaban apremiados, fueron presa de los financistas primitivos, de tal manera que toda esa superficie pasó a manos de 344 propietarios, con un promedio de nada menos que 31.596 hectáreas cada uno.
Así pues, la «estupenda conquista» de las 15.000 leguas de llanura pampeana terminó en manos de los especuladores financieros, que compraban estancias a precios bajos. Nacía la «oligarquía ganadera».
La expedición de Roca fue acompañada por especuladores financieros deseosos de ver con sus propios ojos los campos que estaban detrás de la segunda línea de fronteras.
El discurso de Roca ante el Congreso, el 13 de septiembre de 1878, con motivo de explicar la «Conquista del Desierto», muestra el verdadero rostro de un conquistador: «La raza más débil, el indio, la que no trabaja, tiene que sucumbir al contacto de la mejor dotada, ante la más apta para el trabajo». (¡Sí, patrón!).
La Ley de Tierras del 5 de octubre de 1878 determina que la tierra conquistada se divida en lotes de 100.000 hectáreas.
Por eso, grandes latifundistas, sociedades ganaderas y familias patricias obtienen en poco tiempo fortuna y prestigio. Un solo comprador se beneficiaba con 940 leguas cuadradas. En 1908, en plena exportación de carne vacuna, Concepción Unzué de Casares poseía estancias latifundistas y la de Huetel, una de tantas, tenía 67.000 hectáreas. Su hermana, Unzué de Alvear, era propietaria de 65.000 hectáreas. Eso en una sola familia.
Agreguemos la venta fraudulenta —como la que quiere legitimar Milei ahora— de tierras fiscales a inversores que obtenían cuantiosas ganancias a medida que, con la extensión de los ferrocarriles, los precios subían notablemente.
Según estudios de la época, el precio de la tierra entre 1850 y 1870 aumentó 50 veces.
Sabemos que la propiedad privada de la tierra no es una relación del hombre, en cuanto persona, con la naturaleza, sino una relación social. O sea, alguien se apodera o enajena leguas de kilómetros cuadrados, en oposición a miles o millones de personas imposibilitadas de impedir o igualar esa posibilidad de «libertad de apropiación» que tenían los terratenientes o que tienen hoy los gobiernos de una democracia tarifada, donde le han puesto precio a una banca legislativa o a las gobernaciones de tipo feudal menemista, con la corrupción ya instalada como método, avalada por la putrefacción de una Justicia secuestrada por la corrupción de fallos vinculados al poder político.
Mañana se verá quién es quién a la hora de dar quórum.
¡¡Que la Patria no se venda!! ¡¡Roma no paga traidores!!