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Opinión

17 noviembre, 2026

Chau BERSA, hola monopolio: la Legislatura avala otra entrega financiera a los Eskenazi

Con media sanción en Diputados, el gobierno de Frigerio con complicidad del PJ, dan vía libre para que los Eskenazis avancen en la integración societaria entre el Nuevo Banco de Santa Fe, Entre Ríos y San Juan. El aval a la maniobra, impulsada por el Grupo Petersen, es garantizado por el poder político.

4:54 pm h

Nota de opinión: Nadia Burgos, ex candidata a diputada nacional

Esta fusión viene acompañada de varias medidas, como el traslado de la Casa Central del Banco de Entre Ríos fuera de la provincia. Con esta votación se le garantiza al monopolio el negocio privado hasta 2030, mientras la provincia sigue incumpliendo el mandato constitucional de crear un banco estatal.

Con una rapidez llamativa y sin mayor debate social, la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción al proyecto de ley que autoriza la fusión por absorción del Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA) dentro del Nuevo Banco de Santa Fe. Desde el oficialismo y la propia empresa intentan llevar tranquilidad asegurando que las cuentas de los usuarios seguirán operando con normalidad y que el contrato como agente financiero de la provincia se mantendrá intacto hasta 2030. Sin embargo, detrás del discurso técnico se esconde un nuevo retroceso en materia de soberanía económica y control público.

Un negocio concentrado y lejos de Entre Ríos

En la práctica, esta reorganización implica que el BERSA deja de existir como entidad diferenciada y que su Casa Central administrativa se muda de Paraná a Santa Fe. Esto significa que las decisiones estratégicas sobre el crédito, las inversiones y el manejo de los recursos financieros de nuestra provincia se tomarán cada vez más lejos del territorio entrerriano y sella la falta de intervención de quienes hacemos girar la economía de esta provincia: los y las trabajadoras.

Además, aunque las autoridades prometen que se respetarán las sucursales y los puestos de trabajo, la experiencia en el sistema financiero demuestra que las fusiones empresariales y la digitalización acelerada suelen ser la antesala de procesos de recortes, retiros voluntarios y achicamiento de la atención presencial, especialmente en las localidades más pequeñas de la provincia.

Pero el problema de fondo es estructural: todos los meses, los sueldos de los trabajadores estatales, las jubilaciones provinciales y la recaudación de impuestos pasan por las arcas de un grupo privado que lucra con la intermediación de los fondos públicos, usando nuestros salarios para la timba financiera e imponiéndonos costos, financiaciones y créditos de los cuales las y los trabajadores somos rehenes por ser el agente bancario único de la provincia. En lugar de volcar ese ahorro al desarrollo productivo y social a la provincia, incluso como está previsto por la constitución, el monopolio bancario hace uso y desuso de nuestros ingresos para beneficio privado.

La herencia de los 90 y una deuda constitucional

La situación actual es consecuencia directa de la privatización llevada adelante en 1995. En aquel entonces, tras una licitación con oferente único, el histórico Banco de Entre Ríos fue rematado por apenas 15 millones de dólares, dejando además un agujero fiscal de otros 43 millones en créditos residuales nunca esclarecidos. Tras pasar por manos francesas y ser rescatado temporalmente por el Estado nacional en la crisis de 2001, terminó adjudicado en 2005 al Grupo Petersen.

Lo más grave es que existe una herramienta legal clara para revertir esta dependencia, pero los distintos gobiernos eligen ignorarla. El Artículo 74 de la Constitución de Entre Ríos (incorporado en la reforma de 2008) establece de forma imperativa que «El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado… con sentido de justicia social», garantizando que el Estado sea siempre su accionista mayoritario y agente financiero oficial.

Recuperar la banca pública

Frente al avance de la concentración financiera, la salida no pasa por convalidar fusiones empresariales ni extender privilegios a los mismos grupos económicos de siempre. La tarea urgente es exigir el cumplimiento efectivo de la Constitución provincial: recuperar una banca pública estatal, con control social de sus trabajadores y usuarios, que ponga los recursos de Entre Ríos al servicio de las mayorías populares, la obra pública y la producción local.

En un mundo de especulación financiera es necesario democratizar estas decisiones y que los que producimos la riqueza seamos quienes la controlemos. En Entre Ríos, en Santa Fe y en San Juan hay que avanzar con la estatización de la banca, en camino a su nacionalización, una herramienta fundamental para contrarrestar la voracidad capitalista.

Hoy el agronegocio, la minería y los especuladores financieros festejan estas medidas, mientras los estatales, docentes y los sectores realmente productivos sufrimos las consecuencias de las políticas orientadas a que las ganancias que socialmente producimos la disfruten unos pocos empresarios parásitos y sus amigos políticos, que le brindan el andamiaje legal para que esto no se cuestione y se mantenga.

Hoy más que nunca hay que fortalecer una herramienta política de quienes creemos que nuestras vidas valen más que sus negocios y estamos dispuestos a enfrentarlos, de los que no tenemos metidos nuestros negociados privados con los amigos del poder, y por el contrario, peleamos por la democratización real de la toma de decisiones y combatimos a los monopolios que saquean nuestros territorios y nuestras riquezas para el beneficio de unos pocos.

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