La iniciativa del justicialismo apunta a reforzar los mecanismos de transparencia, veracidad y acceso a la información vinculada al endeudamiento provincial, incorporando además herramientas de control ciudadano. A partir de la presentación de esta nueva propuesta, la Cámara resolvió por unanimidad que el expediente vuelva a comisión para su análisis conjunto, en una decisión que contó con el acompañamiento del oficialismo, que valoró el aporte opositor.
Una integración con respaldo técnico y pluralidad
Uno de los principales puntos de diferencia con el proyecto del Ejecutivo radica en la composición del organismo. Mientras la propuesta oficial contemplaba nueve integrantes —seis legisladores y tres representantes del Ejecutivo—, el dictamen del PJ incorpora tres técnicos independientes provenientes de instituciones de la sociedad civil.
En concreto, el esquema propuesto por el justicialismo incluye dos senadores y dos diputados provinciales —uno por el oficialismo y uno por la principal fuerza opositora en cada Cámara—, dos representantes designados por el gobernador y tres especialistas en representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.
Desde el bloque impulsor señalaron que esta conformación busca garantizar “pluralidad y respaldo técnico” en el análisis de la deuda pública.
Informes públicos y análisis integral
La Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública tendrá como objetivo central la elaboración de informes técnicos, tanto parciales como finales, que deberán ser publicados periódicamente en el sitio web oficial del gobierno provincial.
Entre los contenidos previstos, se destaca la realización de un análisis histórico integral de la deuda, que contemple su evolución, composición, condiciones de emisión y el marco normativo aplicable. También se prevé determinar el destino de los fondos obtenidos, diferenciando entre gastos corrientes e inversiones productivas.
Asimismo, el organismo evaluará los costos financieros de las distintas operaciones de endeudamiento —incluyendo tasas de interés— y realizará controles institucionales mediante la revisión de dictámenes de organismos como Fiscalía de Estado y Contaduría.
Otro de los ejes será la medición de la sostenibilidad de la deuda, a partir de indicadores como el nivel de endeudamiento por habitante, su relación con los ingresos provinciales y su incidencia en el presupuesto.
Herramientas accesibles para la ciudadanía
El proyecto también incorpora instrumentos de comunicación orientados a facilitar la comprensión pública de la información. Entre ellos, se incluye un sistema visual tipo “semáforo” para evaluar la sostenibilidad de la deuda, así como un tablero georreferenciado que permitirá identificar las obras e inversiones financiadas con endeudamiento.
La comisión contará con amplias facultades para requerir información a organismos públicos y deberá elaborar informes con una periodicidad mínima trimestral, además de actualizar de manera inmediata cualquier nueva operación o modificación relevante.
En paralelo, se prevé la elaboración de un Informe Anual de Deuda Pública, con corte al 31 de diciembre, que sintetice la situación del endeudamiento provincial, su evolución y los resultados de las inversiones realizadas. Según se establece en la iniciativa, este documento deberá presentarse en un formato accesible y con lenguaje claro, con el objetivo de garantizar su comprensión por parte de la ciudadanía en general, incluso de quienes no poseen formación en finanzas públicas.