En el documento, el MOSU sostiene que «la democracia permite y requiere la participación permanente de la ciudadanía» y que «los mandatos de gobierno no pueden llevarse adelante sin escuchar al pueblo que les confió temporalmente la administración del gobierno». En ese marco, afirma que el país atraviesa «tiempos de degradación de nuestra vida en todos los sectores».
La organización advierte sobre el cierre de industrias y la pérdida de puestos de trabajo, y menciona como ejemplos los casos de Tres Arroyos y Becar. Señala que «hoy nos encontramos con alrededor de 2.000 familias que han perdido sus ingresos y esperan, pero no se genera ni siquiera un subsidio solidario gubernamental para arrimar ingresos a esa espera de soluciones».
También cuestiona «la destrucción de los organismos que contribuyen al desarrollo y a la soberanía productiva», entre ellos el INTA, el INTI, la CNEA y el CONICET, y sostiene que «no hay futuro productivo posible si permitimos que destruyan estos organismos estratégicos».
En otro tramo del texto, critica la decisión del Gobierno nacional de abandonar la obra pública y sostiene que ello «genera, además del desmantelamiento del país, la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción», además de afectar la conectividad y el desarrollo.
Asimismo, afirma que la acumulación de recursos por parte del Gobierno nacional «pone a las provincias y en los municipios ante la imposibilidad de sostener sus obligaciones», lo que repercute en áreas como salud, educación, seguridad y en el pago de salarios, además de generar despidos.
El comunicado agrega que la reducción de recursos que circulan en la economía impacta sobre el comercio y las pequeñas y medianas empresas, provocando una «abrumadora disminución de ventas», la paralización de la actividad y el cierre de negocios, con la consecuente pérdida de empleo.
También expresa preocupación por «el grosero endeudamiento» del país, al que califica como «improductivo», al considerar que «no genera desarrollo, sino que inmediatamente se pierde por los canales de la especulación financiera».
Finalmente, el MOSU realiza «un llamamiento a nuestra comunidad» para que haga uso del derecho a peticionar ante las autoridades y sostiene que «haber sido elegidos no les da la autoridad para destruir nuestras vidas». En ese sentido, afirma que «la responsabilidad pasa a ser nuestra, si no nos expresamos, si no luchamos, la inacción pasa a ser complicidad con lo que sufrimos en la actualidad y en el futuro», y concluye manifestando su decisión de «hacer crecer las expresiones populares de descontento con las políticas de gobierno que destruyen nuestras vidas».