En todo el mundo el fascismo y el sionismo expansionista están involucrados en guerras santas contra las repúblicas americanas que durante tanto tiempo lucharon contra un coloniaje que ahora, disfrazados de «salvadores de la democracia», apelan a la extorsión, el chantaje político-económico, no sin antes haber colonizado la política con absurdas ideologías que contribuyeron a endeudar ad infinitum de tal manera de volver a una nueva colonización, esta vez con sometimiento económico, producida por infames presidentes a través del tiempo a pesar de que en 2005 se le había pagado la deuda al FMI con una quita fenomenal; pero luego sucedieron gobiernos que lo único que hicieron en política fue contraer nuevas deudas siderales con fuga de capitales que vaciaron la economía.
Y se fueron, no sin antes nombrar en la Justicia en puestos clave, desde la misma Corte Suprema, pasando por los tribunales de jueces impíos que ascendieron en puestos clave sin merecerlo y sin ponerse colorados. Es cierto que estamos frente a una democracia «tarifada» y el lobby ilegal funciona como una «rosca» infernal en la que muchos se aseguran su futuro. Desde la Presidencia hasta abajo todos los estamentos supuran degradación. Por eso no es extraño que los nuevos «corsarios» de la economía actúen como agentes de la banca internacional y del indigno FMI, que nos envía a su directora a pasear por el país al que consideran como víctima inexorable. Y luego se va a visitar el yacimiento de Vaca Muerta, para ver in situ la «última joya de la abuela», la cual será la garantía de nuevos préstamos de un gobierno al que no le han avisado que el Titanic está por chocar y son pocos los salvavidas para tantos indignos y corruptos que pretenden balcanizar nuestra patria.
La explicación de por qué es vital impedir que el «desgobierno» de Milei sancione la mal llamada eufemísticamente «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que pretende quitar las restricciones a la compra por parte de extranjeros de las tierras de la Nación, incluyendo las fronteras, quitar restricciones a su uso y dificultar mucho, hasta hacer casi imposible, que el Estado pueda ejercer su potestad de expropiarlas en aras del bien común. Y cuando decimos que es vital para nuestra nación, no exageramos ni un ápice. Si no se controlan las fronteras tampoco se controla lo que entra ni lo que sale, atrayendo a las mafias de la usurpación y contrabando de todo el mundo y convirtiéndolas en «zona de nadie». Si se consagra el derecho privado sobre el público y el de Joe Lewis de apropiarse de Lago Escondido, y más de extender sus dominios como si fueran estados independientes, ya que posee un aeropuerto de porte internacional carente de controles. Si se permite la utilización de la tierra en forma intensiva para los cultivos más demandados por el mercado internacional sin rotación, desertificándolos. Si se deroga la ley sancionada por N. Kirchner que prohíbe el cambio de uso de los suelos incendiados por 30 años (y por 60 en lo que hace a los bosques nativos y humedales), se da piedra libre a los incendiarios. Si no es posible expropiar por razones del bien común, no es posible realizar obras públicas como puentes, ductos, diques y represas, rutas y vías férreas racionalmente, ni planificar el trazado de pueblos y futuras ciudades. No hay que olvidar que el agua y las muchas riquezas del suelo son con toda razón codiciadas por el capital extranjero. Impedir que se las entreguen vilmente es un deber de todo argentino a su manera. El proyecto implica la eliminación de todos los límites que hasta hoy protegían el suelo, el agua y las comunidades argentinas frente al avance del capital transnacional. El gobierno entreguista, junto a los gobernadores que manejan sus mandatos, no han conseguido los votos necesarios en el Senado con la reforma a la Ley de Tierras Rurales y debió postergar el debate para la próxima sesión prevista para el 6 de agosto. El proyecto ya tiene dictamen aprobado. Y no es solo una discusión política: hay 4 artículos de la Constitución Nacional que dicen que ese camino es ILEGAL.
El Poder Ejecutivo busca eliminar el límite máximo del 15 % de titularidad de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, permitiendo que corporaciones transnacionales adquieran superficies sin ningún tipo de control de densidad territorial. Esta medida representa una renuncia explícita del Estado a su potestad de ordenamiento territorial, entregando la autodeterminación geográfica de la Argentina al mejor postor del mercado financiero global. Al suprimir este límite se habilita la extranjerización absoluta de departamentos enteros, despojando al pueblo argentino de su derecho al arraigo y destruyendo la viabilidad de los pequeños y medianos productores locales, quienes quedan imposibilitados de competir frente a la escala de los fondos soberanos y las multinacionales del suelo. También se pretende abolir el tope que impide a un único titular extranjero poseer más de 1000 ha (o su equivalente según la región) en las tierras de mayor productividad del país.
Hoy, 13 millones de hectáreas están en manos de extranjeros. Esta reforma atenta de manera directa contra la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo argentino. Habilitar la concentración ilimitada de la tierra más fértil de la Nación en manos de holdings extranjeros desplaza la producción de alimentos de consumo local para priorizar modelos de monocultivos (como la soja) de exportación, orientados exclusivamente a la rentabilidad externa.
La tierra de la zona núcleo es un recurso estratégico finito: su entrega al latifundismo transnacional encarece el precio del suelo y de los alimentos, subordinando la mesa de los argentinos a decisiones tomadas en directorios extranjeros. El proyecto oficialista busca eliminar la prohibición de vender a extranjeros tierras que contengan o sean linderas a grandes cuerpos de agua (ríos, lagos, acuíferos) y aquellas ubicadas en zonas de seguridad de fronteras. El agua dulce es el recurso estratégico más crítico del siglo XXI. Hasta puede definir una guerra como lo es en estos momentos en el Golfo Pérsico, que viven de las plantas desalinizadoras.
Además, se intenta desmantelar las prohibiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impiden modificar el uso de los suelos de bosques y humedales quemados por plazos de hasta 60 años, permitiendo su explotación comercial inmediata tras el desastre. Esto favorece la intencionalidad de los incendios, como se viene haciendo en el Delta del Paraná. Además hay intereses inmobiliarios o desarrollos agropecuarios intensivos, lo que pone en peligro inmensos bosques nativos. O sea que el fuego se convierte en una «herramienta económica» para la voracidad del capital depredador. Tampoco es un dato menor la liberación de los contratos agrarios bajo el principio de la autonomía de la voluntad, eliminando las regulaciones estatales sobre plazos y precios de alquileres rurales.
Para terminar, la Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta. Eludir el debate parlamentario para derogar una ley de fondo que regula la soberanía territorial mediante un decreto de necesidad y urgencia configura una desviación de poder que afecta la división de poderes y la representación del pueblo y de las provincias argentinas.
¡¡Dígale NO a la sanción de la Ley de Tierras!! ¡¡Dígale NO a los traidores de la Patria!!
Fuente: Opinión