La iniciativa no reduce las remuneraciones actualmente vigentes ni afecta la independencia del Poder Judicial, sino que apunta a que cada futuro incremento sea discutido y aprobado por la Legislatura provincial, en función de la situación económica y presupuestaria de Entre Ríos.
«Este proyecto no recorta sueldos, recorta un privilegio automático que hace 15 años le saca a Entre Ríos la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Queremos que los aumentos de la justicia entrerriana se decidan en Entre Ríos y no en Buenos Aires», señaló Salinas al presentar el proyecto.
Según los fundamentos del proyecto, la Constitución provincial le otorga a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos. El régimen vigente, sin embargo, hace que cada aumento dispuesto por la Corte Suprema nacional produzca de manera automática un incremento permanente del gasto provincial, sin que la Legislatura pueda analizar previamente su impacto sobre los recursos disponibles ni sobre su relación con otras áreas —salud, educación, seguridad— que se financian con los mismos recursos provinciales.
El proyecto se enmarca, además, en la línea de ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno nacional, que ha puesto el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los ejes centrales de su gestión. «No se trata de bajarle el sueldo a nadie ni de desconocer el trabajo de los magistrados y empleados judiciales. Es la misma lógica que se aplica hoy a cualquier otro empleado público provincial: los aumentos se discuten según los recursos que tiene Entre Ríos», agregó la legisladora.
El proyecto de ley ya se encuentra en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para su tratamiento.