En el complejo tablero de la soberanía nacional, la energía no es ni debe ser una mercancía sujeta a los vaivenes de la especulación financiera; por el contrario, se trata de un activo estratégico vertebral para el desarrollo industrial —tanto el tradicional como las plataformas tecnológicas emergentes—; es, además, la garantía real para la generación de empleo y prosperidad de los trabajadores.
Por eso, quienes somos parte del sector eléctrico y hemos asumido la responsabilidad de defenderlo desde la militancia sindical observamos con profunda alarma y rechazo la decisión del Gobierno nacional de poner en venta las centrales térmicas Manuel Belgrano (Campana) y José de San Martín (Timbúes). Esta medida no solo constituye un desguace patrimonial a precio vil, sino un error estratégico de magnitudes históricas que rifa el futuro de la reindustrialización argentina.
Central Termoeléctrica José de San Martín (Timbúes)
Quienes trabajamos en el Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande sabemos perfectamente lo que significa la eficiencia soberana y la importancia del desarrollo energético para la grandeza del país. Con 43 años de funcionamiento ininterrumpido y una confiabilidad y disponibilidad reconocidas a nivel internacional, Salto Grande es la prueba fehaciente de una empresa estatal y estratégica que provee de forma sostenida la energía más barata del mercado eléctrico argentino; un modelo virtuoso donde el recurso natural se transforma en bienestar social, desarrollo regional, inversión y capacidad técnica de excelencia.
Contrariamente a esto, el actual esquema del Gobierno nacional pretende rematar dos centrales térmicas, modernas y eficientes, oportunamente planificadas por el Estado argentino, en un contexto internacional donde la disponibilidad de energía es un activo central, con una demanda creciente que no tiene miras a encontrar un techo en la próxima década; se decide activamente desde la administración de Milei pulverizar las capacidades instaladas del país.
Planificar para recuperar una soberanía hoy en jaque.
Nacidas a través del fondo FONINVEMEM tras la crisis de 2001, estas dos centrales de ciclo combinado (usan gas como insumo para generar vapor y, con ello, energía) aportan cerca de 1.740 MW de potencia instalada al Sistema Interconectado Nacional, es decir, alrededor del 3 por ciento de la demanda.
Actualmente, ambas centrales se encuentran en manos del Estado argentino, que lleva adelante su administración; pero bajo una excusa —rayana en lo ridículo—: el Gobierno de Milei promueve entregar la participación mayoritaria de ENARSA (65,01 % en Manuel Belgrano y 68,83 % en San Martín) al sector privado buscando obtener 800 millones de dólares, es decir, menos de un tercio de los que le prestó el Tesoro norteamericano el año pasado para llegar competitivo a las elecciones de medio término. En un contexto mundial de demanda creciente de energía y con un tiempo de espera de siete años para la construcción de turbinas para centrales de ciclo combinado.
Una trampa fiscal: la descapitalización estatal ante la demanda global.
Mientras el oficialismo defiende estas medidas como indispensables para consolidar el superávit financiero y cumplir con los compromisos de la deuda externa sin apelar a la emisión monetaria, nosotros sostenemos que desprenderse de infraestructura estratégica —algunas con balances financieros superavitarios— compromete el patrimonio nacional para cubrir necesidades de caja de cortísimo plazo.
Esta liquidación de activos opera bajo una lógica de círculo vicioso. El Estado busca liquidez inmediata desprendiéndose no solo de estas centrales termoeléctricas, sino consolidando un proceso de desestatización profunda. Esta política ya se materializó con la venta definitiva de la participación accionaria estatal en Transener, la mayor transportista de alta tensión del país, y con la privatización de las concesiones de los grandes complejos hidroeléctricos de la región del Comahue, en el sur argentino: Alicurá (1.000 MW), El Chocón-Arroyito (1.320 MW), Piedra del Águila (1.400 MW) y Cerros Colorados (450 MW), que en conjunto representan más del 10 % de la capacidad de generación hidráulica nacional. A este esquema se añade la inminente inclusión de Nucleoeléctrica Argentina.
La paradoja radica en que este desguace de infraestructura se produce en simultáneo con la implementación de regímenes de incentivo como el RIGI y el denominado «Súper RIGI». Estas herramientas normativas limitan la capacidad futura del Estado para capturar y redistribuir los excedentes de la explotación primaria de recursos mineros e hidrocarburíferos. Al ceder control de la infraestructura y resignar renta futura a cambio de un ingreso fiscal inmediato, el modelo económico acelera una transición regresiva: desactiva la proyección de una Argentina agroexportadora con vías de industrialización y valor agregado para estructurar un sistema netamente extractivista, primarizado y expuesto a profundas asimetrías de distribución.
Ahora bien, como complemento a esta iniciativa de desguace, el Gobierno nacional desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación a fin de habilitar la aplicación de metodologías financieras de flujo descontado —mismo truco contable que en 2019 subvaluó la central Ensenada de Barragán por cientos de millones de dólares—; es una abierta transferencia de riqueza pública a manos de grupos concentrados.
Hoy, la construcción de una sola central de similares características se ubica en valores cercanos a los 900 millones de dólares (según estimaciones sectoriales de consultoras globales como USP&E Global); mientras tanto, el Gobierno de Milei y sus aliados buscan vender dos por 800 millones. Están rematando al dos por uno el patrimonio energético nacional.
La paradoja global y el resurgimiento del gas
El argumento oficial de que el Estado debe retirarse de la generación choca de frente contra una realidad geopolítica irrefutable: el mundo hoy se desespera por conseguir la infraestructura que la Argentina está regalando.
A nivel internacional, el paradigma energético sufre un vuelco total debido a la explosión de la demanda traccionada por los centros de datos basados en inteligencia artificial (IA) y la electrificación industrial. Estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) advierten que el consumo de los data centers se duplicará para el año 2030, alcanzando los 945 TWh.
Esta voracidad energética ha tomado por sorpresa a los fabricantes de grandes turbinas de gas, que por años vieron su capacidad de producción mermada por falta de demanda y creciente uso de otras fuentes de energía.
Hoy, el mundo atraviesa una «crisis de las turbinas de gas»: los plazos de entrega para adquirir un equipo nuevo se elevaron drásticamente de 2 o 3 años a entre 5 y 7 años. Hoy en día, una central térmica llave en mano y operativa vale oro porque el tiempo de puesta en marcha es el factor más crítico y costoso del mercado mundial. Mientras las potencias pagan depósitos no reembolsables por un cupo de fabricación, el Gobierno de Javier Milei entrega centrales operativas y consolidadas. Es un contrasentido técnico absoluto.
Subsuelo rico: Vaca Muerta y el horizonte de la matriz nacional
Nuestra matriz eléctrica es mayoritariamente térmica porque responde a la inmensa abundancia de recursos hidrocarburíferos en nuestro subsuelo. La consolidación de Vaca Muerta como una de las principales reservas mundiales de shale gas y shale oil no es una promesa futura; es una realidad actual que no para de quebrar récords de producción no convencional, proyectando saldos exportables multimillonarios para los próximos años. Contamos con el insumo base y la ventaja competitiva más grande del Cono Sur para abaratar los costos de la producción doméstica.
Sin embargo, los recursos en el subsuelo no significan nada si el Estado renuncia a administrarlos en favor del desarrollo industrial. Dejar la energía enteramente en manos de un mercado oligopólico solo conduce a tarifas impagables para el pueblo y ganancias extraordinarias para unos pocos apellidos vinculados al poder de turno. La verdadera reindustrialización del país, esa que necesitamos para volver a generar empleo genuino y de calidad, solo puede ser diagramada si el Estado retiene el control de los recursos energéticos. La energía debe ser un insumo estratégico para impulsar polos industriales y mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros trabajadores, no una herramienta de especulación financiera.
Desde SIATRASAG sostenemos con firmeza lo que la historia de Salto Grande ya demostró: las centrales y los recursos son del pueblo argentino porque fueron construidos con el esfuerzo de su tejido productivo. Privatizar en este contexto internacional es un acto de ceguera ideológica colonial. Defender la energía estatal y su integración regional es la única forma de defender la Patria.