La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) manifestó este miércoles su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que repuso la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, una de las disposiciones mediante las cuales el Gobierno de Javier Milei derogó la llamada Ley de Tierras.
El artículo cuestionado eliminó las restricciones que establecía la Ley 26.737 respecto de la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma había fijado límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales y establecía determinadas condiciones para esas operaciones.
Según APYME, la decisión de la Corte no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la discusión constitucional en torno al artículo 154. La entidad señaló que el máximo tribunal dejó sin efecto una resolución judicial anterior a partir de considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para promover una acción colectiva contra esa disposición.
El planteo había llegado a la Justicia a partir de una acción impulsada por el CECIM, que cuestionó la derogación de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. En una instancia anterior se había dispuesto la suspensión de la aplicación del artículo 154, medida que ahora quedó sin efecto.
APYME cuestionó particularmente que la Corte haya resuelto la cuestión desde el aspecto procesal, sin avanzar sobre la discusión de fondo. En su comunicado, sostuvo que de esta manera queda nuevamente vigente la modificación introducida por el DNU 70/2023.
La entidad empresaria vinculó además la derogación de la Ley de Tierras con un planteo más amplio sobre el impacto del DNU 70/2023 sobre las normas de protección de la producción nacional. Según APYME, la reforma alcanzó también regulaciones vinculadas con las relaciones de producción y consumo, las cadenas productivas locales y las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, APYME convocó a cuestionar públicamente la decisión judicial y sostuvo que la discusión debería continuar en el Congreso Nacional. La entidad afirmó que corresponde al Poder Legislativo revisar la normativa y eventualmente restablecer los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
El pronunciamiento se conoció mientras distintos sectores empresarios participan del Coloquio de IDEA y en momentos en que el Gobierno nacional desarrolla una nueva gira internacional. APYME vinculó ambos hechos con su cuestionamiento al rumbo económico y productivo de la administración nacional.
La entidad también sostuvo que la discusión sobre la propiedad de la tierra forma parte de un debate más amplio acerca del modelo de desarrollo, la protección de las empresas nacionales y el control sobre los recursos del país.
El comunicado fue firmado por el presidente de APYME, Julián Moreno, y por el secretario de la entidad, Juan José Sisca.