El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable este miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, recibió modificaciones consensuadas y será tratada en la próxima sesión de la Cámara alta, antes de regresar en revisión a Diputados.
Tras conocerse el avance legislativo, Gastón Marra celebró el resultado y destacó el trabajo realizado para llegar a esta instancia. “No recuerdo haberme alegrado tanto por un dictamen de Ficha Limpia en ocho años como hoy con el de Entre Ríos. Sé cuánto costó llegar a este día. ¡Lo logramos!”, expresó.
Además, agradeció a los senadores de las comisiones que participaron del tratamiento por atender una demanda ciudadana y reconoció especialmente al gobernador Rogelio Frigerio por promover el proyecto, así como a la vicegobernadora Alicia Aluani, al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello y a la diputada nacional, Alicia Fregonese.
“Este avance demuestra que cuando la sociedad civil y la política trabajan juntas, los resultados llegan”, sostuvo Marra, quien también destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de herramientas para fortalecer las instituciones.
Transparencia y confianza ciudadana
Al referirse a la relevancia de la iniciativa, Marra subrayó que su importancia trasciende los aspectos técnicos y se vincula directamente con la confianza de la sociedad en sus representantes y en la administración de los recursos públicos.
“Más allá de su contenido técnico, una ley de Ética y Transparencia Pública responde a una demanda profunda de la ciudadanía: la de poder confiar en quienes administran los recursos y toman decisiones en su nombre. Y esa confianza no se declama: se construye con reglas claras que se cumplan y que tengan consecuencias”, afirmó.
En este marco, destacó el trabajo de la organización Entre Ríos sin Corrupción, que impulsa demandas vinculadas con la transparencia y la integridad pública, y cuyo aporte pone de relieve el papel de la sociedad civil en este debate.
Qué establece el proyecto
El texto consensuado reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para quienes desempeñan funciones legislativas, ejecutivas, administrativas o judiciales, tanto por elección popular como por designación. Su alcance comprende los distintos poderes del Estado provincial y también organismos y entidades del ámbito municipal y comunal, en los términos previstos por la iniciativa.
Entre sus principales ejes, contempla la publicidad y transparencia de los actos de la función pública, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y disposiciones vinculadas con la denominada Ficha Limpia.