Hasta hace pocas semanas, Paraguay aparecía en buena parte del debate económico regional como el país que había encontrado el rumbo. Crecimiento, inflación controlada, disciplina fiscal y llegada de inversiones formaban parte de un relato que lo presentaba como uno de los modelos a seguir en América del Sur. Era, para muchos, la demostración de que con reglas estables y libertad económica bastaba para garantizar la confianza.
Los números daban sustento a esa imagen. En 2024, Moody’s le otorgó el grado de inversión y, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s hizo lo mismo. No eran reconocimientos menores: indicaban una mejor evaluación de la capacidad del Estado paraguayo para cumplir sus obligaciones. Pero una buena calificación de la deuda pública nunca significa que todos los bancos, empresas e instituciones de un país estén libres de riesgos.
En economía, las fotografías pueden resultar engañosas. Un país puede exhibir baja inflación, ordenar sus cuentas y mejorar su calificación de deuda, mientras debajo de esa superficie se acumulan malas prácticas en una institución decisiva. Las calificadoras evalúan principalmente la capacidad de pago de un Estado; no certifican cada crédito que concede un banco ni reemplazan la tarea de los supervisores. Confundir ambas cosas equivale a creer que, porque una casa tiene una fachada impecable, también están en buenas condiciones sus cimientos. Paraguay mostró que las dos realidades pueden convivir hasta que una crisis las deja expuestas.
El 2 de noviembre de 2026, esa diferencia quedó al descubierto. sEl Banco Central del Paraguay resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, un banco privado de crecimiento vertiginoso que había alcanzado cerca de tres millones de clientes. Según el organismo, después de efectuar ajustes en sus estados financieros, el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido. Dicho de manera simple: su respaldo patrimonial resultó gravemente insuficiente frente a los riesgos que había asumido.
La noticia golpeó donde más duele en el sistema financiero: la confianza. Personas que hasta el día anterior utilizaban normalmente su cuenta o su tarjeta se encontraron con dificultades para acceder a sus fondos. Y la crisis dejó de ser un problema de balances cuando se conoció otro dato: la entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares de organismos públicos, incluidos recursos previsionales. Es decir, dinero que no pertenecía a los accionistas del banco, sino que estaba vinculado con obligaciones del Estado y con el futuro de trabajadores y jubilados.
El impacto fue también político. Renunció el titular del Banco Central, se abrieron investigaciones sobre presuntas irregularidades y la crisis terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, reemplazado por Pedro Alliana. Las responsabilidades penales y patrimoniales deberán establecerse en los ámbitos correspondientes, sin anticipar culpabilidades. Pero el hecho institucional ya es contundente: la caída de una entidad privada sacudió a un gobierno y obligó al Estado a desplegar medidas urgentes para proteger a los depositantes.
¿Cómo puede suceder algo así en un país que era presentado como ejemplo de estabilidad? Porque una economía puede mostrar buenos indicadores generales y, al mismo tiempo, tener fallas de supervisión en sectores decisivos. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no reemplaza a las instituciones. Tampoco alcanza con atraer capitales si no existen controles capaces de detectar a tiempo dónde se concentra el riesgo.
Para comprenderlo hay que recordar algo elemental: un banco no funciona como una empresa cualquiera. Trabaja, en buena medida, con dinero de terceros. Recibe depósitos que las personas esperan poder retirar y los transforma en créditos e inversiones con diferentes plazos y riesgos. Si esa administración falla, los perjudicados pueden ser miles o millones de ahorristas que nunca participaron de las decisiones del banco. Por eso, la actividad bancaria requiere reglas especiales sobre capital, liquidez, concentración de préstamos y operaciones con empresas vinculadas.
La investigación del caso Ueno deberá aclarar, entre otras cuestiones, el alcance de los créditos vinculados a grupos relacionados con sus propietarios y por qué los problemas no fueron corregidos antes. Tener normas escritas no es suficiente. El verdadero control exige información confiable, independencia frente al poder económico y político, personal técnico preparado y capacidad de actuar antes de que el daño sea irreversible.
De hecho, el 5 de noviembre, la calificadora FIX redujo la nota de Ueno Bank de AA-py a Dpy y señaló, entre otros factores, operaciones con empresas vinculadas que no habían sido oportunamente reveladas, problemas en la calidad de los activos y deficiencias en la documentación. Esa distancia entre la imagen pública del banco y su situación real es uno de los aspectos más preocupantes del episodio. Si la información llega incompleta a quienes deben controlar, el riesgo no desaparece: se oculta. Y cuando finalmente aflora, la corrección suele ser más costosa, más abrupta y más injusta para quienes confiaron en el sistema.
Hay una segunda enseñanza, quizás la más importante para quienes trabajamos con finanzas públicas. Cuando un banco crece, sus ganancias pertenecen a sus accionistas. Pero si la crisis alcanza los depósitos de organismos estatales, los costos pueden trasladarse a toda la sociedad. No se trata de afirmar que el Estado deba salvar a los dueños de una entidad: precisamente, un proceso de resolución debe procurar que ellos asuman primero las pérdidas. Se trata de advertir que el dinero público no puede administrarse con la misma lógica de riesgo que una inversión privada.
El propio desenlace lo demuestra. El Estado paraguayo activó mecanismos de garantía y devolución de depósitos. Al 10 de noviembre, las autoridades informaban pagos a alrededor de 1,74 millones de ahorristas por unos 330 millones de dólares, mientras la recuperación de recursos públicos y previsionales continuaba siendo una preocupación central. La paradoja es evidente: cuando falla un mercado que parecía funcionar por sí solo, todos reclaman la presencia de un Estado capaz de responder.
El resguardo de los fondos estatales exige, por eso, una prudencia adicional. No alcanza con buscar una buena tasa de interés para las colocaciones de organismos públicos: es indispensable saber dónde se deposita, cuánto se concentra en una misma entidad, qué respaldo existe y quién asume la responsabilidad de autorizar esas decisiones. Un criterio elemental de administración financiera consiste en no exponer recursos que sostienen jubilaciones, salarios o servicios esenciales a riesgos difíciles de justificar. Cuando falla esa prudencia, no pierde únicamente un inversor: pueden resentirse prestaciones que los ciudadanos necesitan y a las que tienen derecho.
Esta experiencia merece ser observada con atención desde la Argentina, donde la desregulación constituye un eje relevante de la política económica nacional. Es razonable discutir trámites innecesarios, exigencias duplicadas y burocracias que encarecen la actividad productiva. Una regulación que no aporta protección ni mejora los resultados debe revisarse. Pero hay una distancia enorme entre simplificar procedimientos y desarmar controles esenciales.
Y aquí aparece el verdadero interrogante: si el Estado deja de revisar anticipadamente determinadas operaciones, ¿tiene herramientas suficientes para advertir y sancionar irregularidades antes de que el perjuicio se multiplique? La libertad económica necesita reglas claras, pero, sobre todo, necesita que esas reglas se cumplan. De nada sirve reducir un trámite de meses a días si una maniobra riesgosa se descubre cuando el ahorro ya está comprometido.
Por otra parte, sería incorrecto trasladar mecánicamente el caso paraguayo a nuestro país. El sistema financiero argentino no atraviesa, según la información oficial disponible, una situación comparable. El Banco Central informó para agosto de 2026 elevados niveles agregados de liquidez y capitalización. Sin embargo, el mismo reporte registró que el 7,75 % del crédito al sector privado estaba en situación irregular y que la morosidad de los préstamos a las familias llegaba al 12,81 %. Son señales de dificultades para pagar, no pruebas de una crisis bancaria generalizada, pero justifican una vigilancia permanente.
La advertencia es especialmente válida en una época en la que bancos digitales, billeteras y plataformas financieras pueden crecer a una velocidad extraordinaria. La tecnología facilita el acceso al crédito y a los pagos, lo cual es positivo. Pero la innovación no elimina el riesgo: puede hacer que se expanda más rápido y que resulte menos visible para los supervisores. Lo mismo ocurre con los depósitos públicos, que requieren criterios de seguridad, diversificación, transparencia y límites de concentración.
Lo sucedido en Paraguay no invalida sus avances macroeconómicos ni permite asegurar que todo su sistema bancario esté en crisis. Sí obliga a revisar la idea de que un país se vuelve sólido únicamente porque crece, recibe inversiones o obtiene una buena nota de las calificadoras. Una nación también se mide por la calidad de sus instituciones y por su capacidad para anticipar y enfrentar los problemas cuando todavía son manejables.
La lección para la Argentina no debería ser tener más burocracia, sino mejores controles. Un Estado eficiente no es el que interviene en todo ni el que se retira de todas partes: es el que sabe dónde resulta indispensable estar presente. Porque la confianza tarda años en construirse y puede quebrarse en cuestión de horas. Y porque, cuando el control llega tarde, las pérdidas que parecían privadas terminan golpeando a los ahorristas, a los jubilados y, muchas veces, a toda la sociedad.
Álvaro E. Sierra. Contador y especialista en Finanzas Públicas