Opinión: Juan Martín Garay, concejal de Concepción del Uruguay
La entrevista que el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, concedió anoche a Daniel Enz, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), dejó algo más que una defensa de la actual conducción. Dejó expuestas las contradicciones de una gestión que, después de casi dos años de intervención y transformación institucional, todavía no puede garantizar respuestas satisfactorias a miles de afiliados.
Hay una frase del gobernador Rogelio Frigerio que ya conocemos: «OSER es la obra social número uno del mundo, lejos». Una afirmación que contrasta cada vez más con la realidad. Porque mientras el gobernador construye un relato de excelencia, su propio vicepresidente reconoce que hay prestaciones que todavía no se restablecieron, medicamentos que sufrieron demoras y acuerdos con prestadores que siguen sin resolverse.
Controlar no es lo mismo que gestionar
Buena parte de la entrevista estuvo destinada a explicar los controles sobre las prestaciones médicas y las facturaciones. García aseguró que la nueva etapa de la obra social consiste en «controlar cada centavo que se pague» y defendió los débitos aplicados a los prestadores, mencionando posibles duplicaciones de consultas.
Que se controlen los recursos es indispensable. Nadie puede oponerse a las auditorías, a la transparencia ni a la correcta administración de los fondos de los afiliados. Pero controlar no puede convertirse en una excusa para no resolver los problemas de funcionamiento. Mucho menos cuando los conflictos administrativos terminan repercutiendo sobre quienes necesitan atención médica.
El propio García reconoció que, pese a los reiterados conflictos con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), todavía no existe un convenio escrito y estable. También admitió que la cobertura de anteojos continúa pendiente y que la regularización de las prestaciones odontológicas avanza lentamente.
¿De qué transformación hablamos si, después de tantos meses, todavía hay prestaciones básicas que no se recuperaron y conflictos con los prestadores que se repiten?
Cuando los medicamentos no llegan, el relato se termina
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando García tuvo que responder por las dificultades en la provisión de medicamentos para pacientes diabéticos. Reconoció que durante octubre hubo demoras, atribuidas a faltantes de stock de un laboratorio, y explicó que las autorizaciones estaban vigentes, aunque los medicamentos no llegaban a las farmacias.
También reconoció que todavía existen casos puntuales en proceso de resolución.
Respecto de los tratamientos oncológicos, aseguró que la cobertura alcanza el ciento por ciento, pero admitió que el inicio de determinados esquemas de medicación puede demorar entre 30 y 45 días por los procesos de estudio y validación.
Es precisamente ahí donde aparece la distancia entre el discurso administrativo y la realidad sanitaria. Para quien necesita un medicamento oncológico, 30 o 45 días no son un plazo administrativo: son días de incertidumbre, angustia y preocupación para el paciente y su familia. Para una persona diabética, la continuidad de su medicación tampoco puede depender de los tiempos de reposición de un laboratorio.
No alcanza con decir que las autorizaciones están vigentes si los medicamentos no llegan. La obligación de una obra social es garantizar efectivamente las prestaciones, no solamente cumplir con un procedimiento interno.
Los números también exigen explicaciones
La situación económica merece un capítulo aparte. García reconoció que el déficit nominal de OSER se mantiene, aunque sostuvo que se redujo en términos reales y que no representa una preocupación mientras no afecte la calidad de la atención.
Pero esa última condición es justamente la que está en discusión.
Una semana antes, el síndico Pablo Giampaolo había advertido, también en Cuestión de Fondo, sobre el deterioro económico e institucional del organismo. Según los estados contables que citó, la deuda pasó de aproximadamente 10.000 millones de pesos en 2023 a 56.000 millones en 2024 y superó los 80.000 millones a diciembre de 2025. También señaló que el gasto aumentó alrededor de un 43% durante 2025, por encima de la inflación del 31,5% que tomó como referencia.
Giampaolo sostuvo, además, que la reducción de las pérdidas obedeció principalmente al incremento de los ingresos aportados por los propios afiliados y no a una reducción del gasto.
No son cuestiones menores. Son números que merecen explicaciones documentadas y respuestas institucionales.
A esto se suma un cuestionamiento todavía más delicado: el síndico denunció dificultades para acceder a información y ejercer plenamente sus funciones de fiscalización. Señaló que una circular del directorio exige la doble firma de los síndicos para elevar informes y pedidos de información, lo que, según su planteo, le impide cumplir con su tarea de control.
Si una reforma se presentó como un camino hacia una administración más transparente, no puede terminar restringiendo los mecanismos de fiscalización previstos por la propia ley.
El fracaso de una reforma que no resolvió los problemas
La Ley 11.202 y la creación de OSER fueron presentadas por el Gobierno como la respuesta a una crisis que requería cambios profundos. Se habló de eficiencia, transparencia, modernización y recuperación de la capacidad de gestión.
Nadie discute que el IOSPER necesitaba cambios. Tenía problemas y necesitaba una transformación. Pero reconocer las dificultades anteriores no significa otorgarle a la actual administración un cheque en blanco ni justificar sus resultados.
El Gobierno de Frigerio intervino, modificó la estructura institucional y asumió la responsabilidad de conducir la obra social. Por lo tanto, también debe hacerse cargo de los resultados.
No puede atribuirse los supuestos logros y responsabilizar a otros por cada dificultad. Tampoco puede explicar todos los problemas por la crisis nacional, la inflación o los conflictos con los prestadores. Gobernar es, precisamente, hacerse cargo de los problemas y encontrar soluciones.
Después de casi dos años, la pregunta sigue siendo la misma: ¿están mejor los afiliados?
Porque una obra social no se mide por la cantidad de auditorías que realiza, por las aplicaciones digitales que incorpora ni por los anuncios de sus autoridades. Se mide por la atención que brinda, los medicamentos que entrega, las prestaciones que garantiza y la tranquilidad que ofrece a sus afiliados.
Frigerio dijo que OSER es la “número uno del mundo”. Su vicepresidente reconoce que todavía hay prestaciones pendientes, demoras y conflictos sin resolver. Y el síndico advierte sobre una situación económica e institucional preocupante.
La distancia entre esas declaraciones y la realidad es demasiado grande para seguir disimulándola.
OSER no necesitaba cambiar de nombre para cambiar de problemas. Necesitaba una gestión capaz de resolverlos. Y eso es lo que, hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido.
OSER es, hoy, el fracaso de una reforma que prometió mejorar la salud de los afiliados y todavía no puede garantizarles lo más elemental: que cuando necesiten atención y medicación, encuentren una respuesta. A los 300 mil afiliados les pregunto ¿OSER funciona bien o funciona mal? ¿Es un fracaso o un éxito del gobierno? Para mí, Oser es el fracaso de una reforma que prometió soluciones y multiplicó los problemas. El problema de OSER no es de comunicación. Es de gestión. Y la entrevista de García lo dejó en evidencia.