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Basta de golpes al bolsillo: impulsan una ley para frenar los aumentos sorpresivos de combustibles
El debate sobre la transparencia en la formación de los precios de los combustibles volvió a instalarse en el Congreso Nacional. La diputada massista Micaela Morán, presentó un proyecto para incorporar un nuevo artículo a la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, que restablezca la obligación de informar con un mínimo de 72 horas de anticipación cualquier aumento en los valores de venta minorista de combustibles líquidos y gas natural comprimido.
Redaccion
La propuesta se apoya en un antecedente inmediato: semanas atrás, la Legislatura bonaerense discutió un régimen de aviso previo similar para petroleras y estaciones de servicio. Ahora, la iniciativa se traslada al plano nacional con el objetivo de otorgar previsibilidad a los usuarios en un insumo clave para el transporte, la producción y la economía cotidiana.
La resolución que se derogó y desató la controversia
En los fundamentos del proyecto, Morán recuerda que en Argentina existió un mecanismo obligatorio de comunicación previa. Fue establecido en la Resolución 314/2016, exigía a las estaciones de servicio informar cualquier variación de precios.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/161197/20170102
Sin embargo, el sistema fue eliminado este año mediante la Resolución 717/2025, del mismo Ministerio de Energía, bajo el argumento de que se trataba de una “regulación innecesaria” que afectaba la competitividad del sector.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326281/20250602
Para Morán, esa justificación es “falaz”. Según sostiene, la derogación “vulneró el derecho de los consumidores”, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.240, al suprimir un instrumento que garantizaba información veraz, adecuada y oportuna.
En cuando a la propuesta del nuevo artículo, el proyecto establece que:
– Las estaciones de servicio y las empresas petroleras deberán comunicar aumentos con al menos 72 horas de anticipación.
– La difusión deberá hacerse mediante cartelería visible en las bocas de expendio, además de medios de comunicación y redes sociales, para asegurar la llegada de la información a la mayor cantidad de usuarios.
– El objetivo es brindar previsibilidad y evitar que los consumidores se vean sorprendidos por incrementos repentinos.
La diputada remarca que los combustibles, aunque no sean formalmente un servicio público, son un insumo esencial y estratégico. Por ello, sostiene que merecen mecanismos de transparencia equiparables a los de otros sectores regulados.
Impacto en consumidores, estaciones y empresas
Para la legisladora, el espíritu de la iniciativa es claro: reforzar la protección del consumidor en un mercado donde la asimetría de información suele jugar en contra de usuarios, automovilistas y sectores productivos.
“Los consumidores tienen derecho a ser informados de manera clara, objetiva y veraz”, subraya Morán, y advierte que esa obligación “no puede quedar librada a la discrecionalidad de cada compañía”.
Mientras tanto, entidades del sector estacionero también pidieron participar del debate legislativo. La Federación de Entidades de Combustibles (FECRA) solicitó ser escuchada antes de que avance el dictamen, al advertir que un esquema de aviso previo podría generar desabastecimiento, confusiones y dificultades operativas, especialmente en escenarios de volatilidad de precios.
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