Tras la resolución judicial que ordena al Gobierno entrerriano abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en las escuelas públicas productos destinados a desayunos y meriendas que contengan sellos de advertencia, la Provincia aseguró que cumplirá con la medida, pero remarcó que la decisión no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado ni ordena regresar al esquema anterior. En otras palabras, para el equipo de Rogelio Frigerio, la Justicia le marcó qué no puede poner en las bandejas, pero no tocó el esquema sobre quién compra, cómo compra y cómo organiza el sistema.

El Juzgado Laboral N° 2 de Concordia hizo lugar a una demanda presentada por una trabajadora municipal y delegada gremial, y declaró la nulidad del Decreto N° 1375/2025 dictado por la Municipalidad de Concordia, al considerar que vulneró de manera directa la tutela sindical prevista en la Ley 23.551. La resolución ordena la inmediata reinstalación de la agente en su puesto original dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con idénticas funciones y condiciones laborales a las que tenía antes del traslado. “La protección sindical no es simbólica: exige control judicial previo ante cualquier modificación laboral”, sostuvo en DIARIOJUNIO el abogado defensor de la trabajadora, Emiliano Delgado.

La seccional Entre Ríos del SADOP anunció la suspensión temporal de paros y medidas de acción directa como una estrategia de autodefensa frente al nuevo marco jurídico impuesto por la Ley de Modernización Laboral (Nº 27.802). Según advierten, la normativa redefine a la educación como “servicio esencial” —y no como un derecho—, exponiendo a los trabajadores a sanciones severas, e incluso despidos con causa. “A diferencia de los docentes estatales, que tienen estabilidad laboral, el docente privado está bajo un contrato de empleo regido por el derecho privado”, explicó en DIARIOJUNIO la secretaria general de SADOP Entre Ríos, Alejandra Frank.

El Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo colectivo interpuesto contra el Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión declara inválido el artículo 2° de ese decreto, que había suspendido la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y ordena su aplicación inmediata e integral.

El debate sobre la transparencia en la formación de los precios de los combustibles volvió a instalarse en el Congreso Nacional. La diputada massista Micaela Morán, presentó un proyecto para incorporar un nuevo artículo a la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, que restablezca la obligación de informar con un mínimo de 72 horas de anticipación cualquier aumento en los valores de venta minorista de combustibles líquidos y gas natural comprimido.

El Gobierno provincial dispuso que toda incorporación, renovación o recategorización de personal en la administración pública requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El decreto busca “contener el gasto y garantizar la sostenibilidad fiscal” en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

Tras la denuncia judicial por presuntas calumnias e injurias, presentada este viernes por el presidente Javier Milei contra los periodista Carlos Pagni, Vivina Canosa y Ari Lijalad, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard entre otros pares, presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”. La iniciativa, registró DIARIOJUNIO, sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.

La misiva lleva los logos de 68 entidades que trabajan por la conservación de la fauna y el ambiente, y se fundamenta en fallos judiciales que declararon "inconstitucionales" las resoluciones que habilitaban la caza en la provincia durante 2022 y 2023. Las mismas, recuerdan, violaban acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro. "Solicitamos que no se incluya ninguna especie de animal autóctono en la próxima temporada de caza en Entre Ríos", señala el documento al que tuvo acceso este medio. Allí mismo, las ONG hacen hincapié en la escasa o nula información científica disponible sobre las poblaciones de estas especies y critican duramente la falta de estudios sobre los efectos del plomo de las municiones en el ambiente y la salud humana. Polémica por una audiencia pública convocada por el Gobierno este viernes El Gobierno entrerriano convocó a una audiencia pública para este viernes 26 de abril, a las 15 horas, en el Club Pesca y Remo de Rosario del Tala, en la disertarán el Prof. José Osinalde y los biólogos Jaime Bernardos y Fabricio Reales.  Según los manifestantes, la convocatoria realizada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización que dirige Marcelo Sapetti, apunta a discutir las temporadas de caza y pesca, y no incluye a ningún referente de ONG. Por ello, aseguran que está la posibilidad de que se autorice la caza de aves autóctonas como Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Capuchino, Sirirí Colorado y Pato Cutirí. “Tenemos datos que van a autorizar la caza nuevamente de aves autóctonas, con el mismo grado de ilegalidad que el año pasado. Es decir, sin cumplir con las instancias de participación ciudadana que son exigidas por ley, por el Acuerdo de Escazú, y sin realizar estudios (poblacionales…

El juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar al pedido de una medida cautelar para frenar el decreto del presidente Javier Milei que convertía al Banco Nación en una Sociedad Anónima, con claras intenciones privatizadoras. "Celebramos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla del Juzgado Federal de La Plata quien acaba de suspender el decreto Nro 116/25 que transformaba el Banco Nación en Sociedad Anónima", reaccionó el titular del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo.

Por unanimidad el Senado dio marcha atrás con el último aumento, atado a la paritaria de los empleados legislativos, que llevaba la dieta de los senadores por encima de los $ 9 millones. En tanto, se acordó congelar los sueldos, que rondan los $7 millones en bruto, hasta diciembre.