El documento, fechado el 16 de junio de 2026, advierte que la propuesta dejaría sin efecto restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y habilitaría, en particular, el acceso ilimitado a zonas vinculadas a reservas de agua y otros bienes naturales estratégicos.
Las entidades eclesiales también señalaron como “alarmantes” los artículos que permitirían la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una práctica que hasta ahora se encontraba restringida por la legislación vigente.
En la carta, los firmantes sostienen que el proyecto debilita la capacidad del Estado, en sus distintos niveles, para ordenar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros.
“La tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico”, afirman las organizaciones, retomando conceptos de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco. En ese sentido, remarcan que la tierra “nos sostiene, nos alimenta y nos cobija” y que su cuidado está directamente relacionado con la preservación de la vida.
El texto pone especial énfasis en el impacto que la iniciativa podría tener sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas. Según plantean, para esos sectores la tierra constituye mucho más que un bien económico: representa identidad, cultura, memoria y futuro, además de ser el espacio donde se transmiten saberes, formas de trabajo y modos de vida de generación en generación.
Las organizaciones también vinculan el debate con la problemática habitacional. Señalan que el acceso a la vivienda es una necesidad prioritaria para miles de familias y consideran necesario contar con un marco jurídico que garantice condiciones justas tanto para inquilinos como para propietarios.
A lo largo de la carta, se citan enseñanzas de los papas León XIV, Francisco y San Juan Pablo II para reforzar la idea de que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que el desarrollo económico debe estar al servicio de las personas y de los pueblos, y no exclusivamente de la acumulación de riqueza.
Finalmente, Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y ENDEPA solicitaron a los legisladores nacionales que participen activamente en el debate parlamentario del proyecto, priorizando “el bien común y el futuro de las generaciones venideras” por encima de intereses particulares.
La carta concluye con un llamado a ejercer la política como una herramienta orientada al servicio de la sociedad y a la protección de la llamada “Casa Común”, concepto utilizado por la Iglesia para referirse al cuidado integral del ambiente y de los bienes compartidos por toda la comunidad.