Carreros indefensos: denuncian decomisos de caballos sin actas y falta de señalización en zonas prohibidas

El primer problema es que la zona no está señalizada. No hay carteles en ningún lado. Los letreros existentes son obsoletos: señalaban la zona que había sido vedada en 2018: al norte Teniente Ibáñez y Chabrillón, al sur Santa María de Oro y Espino, al este Presbítero del Castillo y al oeste Humberto Primo.

Pereira sostuvo que la tarea que él realiza ya la hacían su padre y su abuelo. “Nunca jamás tuvimos problemas. En los 60 años que tengo, jamás tuve problemas. Yo me crie en eso y otra cosa no sé hacer. En el centro toda la gente me conoce. Acá en el barrio todos me conocen, hace más de 20 años que vendo”, admitió.

Por eso se sintió sorprendido cuando, de repente, apareció un patrullero. De inmediato, un efectivo le dijo que no se moviese porque estaban esperando que llegase el Jefe del Departamento de Veterinaria. Julio Gesualdi, para revisar el caballo. Pereira dijo que no tenía ningún inconveniente. Aún así, llegó otro móvil que se puso detrás y un tercero que se estacionó adelante. Estaba rodeado. Pereira dijo que los policías lo empujaban y lo maltrataban. “Como si fuera que habían agarrado a un gran delincuente”. Luego vio llegar a Gesualdi que le ordenó, de mala manera, que desatase el equino. “¿Por qué señor si yo no ando haciendo nada malo?”, le preguntó. “Usted desáteme el caballo y nada más”, fue la respuesta.

Pereira dijo que tenía carnet para circular y se lo dio. El jefe de Veterinaria se lo devolvió diciéndole que la ordenanza que lo autorizaba había caducado y el permiso no servía. No obstante lo cual, el verdulero dijo que tenía su animal en regla, estaba en buen estado y tenía la marca de propiedad. Acató la orden de desatarlo del carro pero se negó a entregarlo. Se ató al bozal del equino y exigió que le entregasen un acta antes de llevarlo. “¿Cómo voy a reclamar el caballo que es mío?”, argumentó.

Recién cerca de las 13, llegó una persona que le entregó un acta que firmó. Luego de pagar una multa en el Juzgado de Faltas, fue al centro ecuestre en San Carlos pero no lo pudo recuperar a pesar de haber abonado por la infracción.

Sastre, en una nota a DIARIOJUNIO realizada en noviembre de 2024, solo mencionaba que las multas por circular en la zona restringida iban a comenzar en cinco juristas ($100.000) y sólo se podría proceder al decomiso definitivo de los animales si la persona multada era un infractor recurrente. Pero el artículo 3° de la ordenanza precisa que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente norma será sancionado “con multa de 5 a 50 juristas y/o decomiso definitivo del carro y los animales”. O sea, no establece una escala gradual sino que se puede aplicar el decomiso sin mayor trámite. Cabe preguntarse por qué se sancionó una ordenanza con una rigurosidad excesiva.

Pereira aclaró que las leyes están para cumplirse y el que esté fuera de la ley, “que venga para acá y traiga su caballito porque está en mal estado”. Pero no es su caso. A su criterio, con labrar un acta y abonarla era suficiente. “¿Qué necesidad de sacarme el caballo si estaba en regla?”.

En estado de indefensión

El abogado Facundo Pérez, junto a otro letrado, Jorge Godoy, representa en la Justicia a un conjunto de aproximadamente 15 carreros que detallan hechos similares respecto del decomiso sin acta de sus animales, dejándolos en estado de indefensión. Hicieron una presentación en Tribunales el martes de la semana pasada argumentando presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Gesualdi. Pérez sostuvo que hay más damnificados que aún no han hecho la denuncia pero están por iniciar el mismo camino.

“La Fiscalía va a empezar a trabajar ahora. La denuncia que presentamos nosotros está a cargo del fiscal Martín Núñez que hará el trabajo investigativo”, dijo. Pérez explicó que el accionar de Gesualdi radica en sacarles el caballo a las personas sin entregarles un acta de procedimiento. “El acta debe decir: ‘le saqué el caballo a esta persona, este día, en este lugar, en este horario y por esta razón’. Para que la gente pueda ir al Juzgado de Faltas a ejercer su derecho de defensa”, remarcó.

El letrado sostuvo que no sólo han decomisado caballos (en ocasiones más de uno, hasta cuatro a una misma persona) en infracción en la vía pública sino que, además, se los han llevado desde el interior de viviendas. “Estaban en el fondo de las casas. Han entrado, les han sacado los caballos y los han llevado. Después las personas tienen que andar rastreando dónde están esos caballos”, mencionó.

Más adelante, el abogado sostuvo que no sólo no les dan un acta sino que se los quitan circulando por zonas donde les está permitido circular. Incluso, los carreros pueden alegar que no saben dónde comienza y dónde termina la zona de exclusión. “El problema es que no está señalizado”, indicó Pérez. Hay que recordar que el artículo 2 de la ordenanza N° 38.530 sostiene que la Secretaría de Desarrollo Urbano “procederá a la señalización de la prohibición de circulación de vehículos con tracción a sangre animal en las zonas delimitadas”.

Pérez sostuvo que el municipio incumple con la obligación de señalizar los lugares por donde los carros no pueden transitar. “En el mejor de los casos, cuando le entregan el acta de procedimiento, la persona a la que le sacaron el caballo paga la multa, le dan la orden para que se lo devuelvan, va hasta Veterinaria y el director de Veterinaria les dice ‘la multa no hay que pagarla porque esa ordenanza no está vigente’. Es decir, no le interesa si pagó o no la multa y el animal queda allí. Ni así pueden recuperar sus caballos. Quedan en estado total de indefensión”, expresó.

La presentacion judicial intima a Veterinaria a informar en un plazo de 24 horas el lugar de alojamiento de los equinos y, a la municipalidad, la inmediata devolución de los animales secuestrados.

Animales sueltos

José Luis Farías, vecino del barrio Villa Jardín, tenía dos animales en su casa y los utilizaba, aseguró, como tratamiento terapéutico para su nieta de dos años y ocho meses que padece autismo. “Los crié desde chiquitos a los caballos, tengo fotos de cuando nacieron”, dijo.

Pero el viernes 21 de noviembre, había dejado a los equinos en la vereda de su casa y se había ido. Pasaron desconocidos les robaron los bozales. “Tengo todo filmado”, dijo. Los animales, libres, comenzaron a deambular y fueron retenidos en avenida Diamante. Según Farías, sólo había pasado media hora desde que se escaparon hasta que les avisaron que los tenía la Policía.

El vecino se acercó a pedirles que se los devolviesen ya que él no los había dejado sueltos ex profeso. “Me robaron los bozales”, dijo. Pero le dijeron que se los iban a llevar porque estaban en infracción.

Fue al Juzgado de Faltas y abonó el monto del acta, que incluía la estadía y los costos de mantenimiento: $ 120.000. No obstante, le advirtieron que, a pesar de ello, quien daba la orden de devolverlos era Gesualdi. “Si él no quiere, no te lo da”, le indicaron. Por lo tanto, se preguntó para qué pagó la multa. “‘Hace de cuenta que los caballos no son más tuyos’”, le dijeron en el Centro Ecuestre donde además sostuvo que fue atendido de mala manera. “¿Pero qué están haciendo ustedes?, nos están robando sin pistola”, dijo Farías.

El artículo 5° de la ordenanza de animales sueltos establece que “para obtener la restitución de un animal incautado por parte de sus dueños o tenedor será esencial que el Juzgado de Faltas dicte la resolución correspondiente de liberación, tras haber abonado el infractor las sumas fijadas, que según la gravedad de la falta variará de 1 a 10 juristas, además de los conceptos por estadía. Entiéndase como concepto por estadía al traslado, alimentos, reposición de los materiales, análisis y medicamentos empleados con el objeto de atender el estado sanitario del animal. En el supuesto caso en el que el propietario de un animal capturado por contravención a la presente ordenanza reincidiera, se faculta al Juez de Faltas a incrementar el monto en hasta un cincuenta por ciento (50%) de las multas correspondientes”.

Recién en la tercera oportunidad “se aplicará la pena de decomiso sin posibilidad de obtener la restitución del animal”. “Tampoco se restituirán aquellos animales que no cumplan los requerimientos sanitarios impuestos por la autoridad de aplicación y/o SENASA”. Y el artículo 6° sostiene que el dueño o tenedor “deberá acreditar la propiedad o tenencia que se invoca mediante el certificado de marca o señal y/o caravana sea convencional o electrónica y/o microchip y/o cualquier otro medio de identificación obligatorio”.

La “contención social” del municipio

En noviembre del año pasado, Sastre admitía que la problemática era compleja y excedía a tratarla únicamente haciendo foco en los animales. “No se circunscribe al maltrato animal, sino que también involucra una problemática social de las familias que viven en esa situación. Obviamente la idea es avanzar en un esquema que vaya dando cobertura a este problema desde lo social”, remarcaba.

Pero la realidad es que no hay ninguna medida atinente a cobertura alguna desde lo social. Facundo Pérez sostuvo que el caballo es un bien que utilizan para trabajar, ya sea vendiendo verduras, acarreando tierra, arena o haciendo fletes. “Esas personas están trabajando. Sobreviven ellos y sus familias”, dijo.

Pereira ayer lamentaba que ahora pasa los días sin poder trabajar. “Estoy a fideos blancos y a mate”. Y los nietos le piden comida. Una semana más tarde del día que le quitaron el caballo, indicó que estaba sentado, vino su nieto y le dijo: “Abuelo ¿No hay nada para comer?”. “Me partió al medio; me hizo llorar”, recordó.

https://www.diariojunio.com.ar/hay-que-ser-muy-estrictos-gesualdi-explico-por-que-no-alcanza-con-pagar-la-multa-para-retirar-un-caballo/