Durante su intervención, el abogado defensor, Miguel Ángel Cullen, solicitó que el tribunal revoque la condena de tres años y seis meses impuesta a su defendida, al considerar que la sentencia de primera instancia presenta arbitrariedades fácticas y carece de fundamentos suficientes. Cullen planteó que esas irregularidades permiten que la propia Casación adquiera jurisdicción positiva y dicte la absolución. De manera subsidiaria, pidió el reenvío de la causa para que otro tribunal revise el fallo.
Asimismo, el letrado realizó una reserva de cuestiones constitucionales, anticipando la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la casación no prospere, según argumentó, el caso involucra cuestiones nucleares del derecho constitucional
En relación a la pena, el defensor sostuvo que la sanción impuesta es “infundada” y que no existen elementos que justifiquen su severidad. También cuestionó la inhabilitación de 10 años para el ejercicio profesional, al señalar que responde a una confusión respecto de la condición profesional de Mitre.
Finalmente el abogado enfatizó que no se encuentran dadas las condiciones para hablar de una finalidad resocializadora o preventiva en la condena ya que, a su entender, “no hay riesgo de reiteración de los hechos”.
Previamente, Cullen criticó la forma en que el tribunal de primera instancia valoró los informes del Colegio Médico Forense y las declaraciones de los peritos, en especial la del doctor Moyano, a quien calificó como “honesto y preciso” al reconocer los limites de las pericias realizadas. Según la defensa, esos elementos fluyeron pasados por alto o minimizados en la sentencia.
También cuestionó el modo en que el fallo trató la declaración del presidente del Colegio de Kinesiólogos, quien explicó que la carboxiterapia es una práctica médica que puede realizar un kinesiólogo en el marco de la ley N° 8652 que regula la profesión. “El propio testigo dijo que la norma autoriza prácticas invasivas aunque luego opinó que no debía hacerse. Pero la ley dice que sí”, dijo Cullen.
Para la defensa, ese testimonio fue mal interpretado y utilizado en contra de Mitre, pese a que no existió ningún elemento que permitiera afirmar que la acusada actuó fuera del marco profesional. “Incluso la única kinesióloga que declaro lo hizo a pedido de la defensa, no de la acusación”, remarcó.
Fiscal refuta a la defensa y sostiene mala praxis
En la audiencia, el fiscal Martín Nuñez defendió la sentencia dictada contra la kinesióloga. Explicó que la acusación se basó en que la profesional inyectó gas directamente a una vena, provocando una embolia fatal en el corazón y que esta práctica excede completamente las competencias autorizadas para los kinesiólogos.
El fiscal aclaró que la defensa planteó una teoría alternativa al señalar que el gas habría ingresado al torrente sanguíneo por difusión, un mecanismo que –según Nuñez- no tiene sustento científico. Para fundamentar esa postura, mencionó el testimonio de un médico experto que explicó que, durante operaciones laparoscópicas se insuflan grandes cantidades de gas que no provocan embolias porque se disuelven y eliminan con la respiración. Por lo tanto, la única forma plausible de que el gas llegue al corazón y cause la embolia es mediante una punción directa en la vena, como fue demostrado en las pericias.
Asimismo, el fiscal destacó que la mala praxis se evidenció en que la kinesióloga perforó una vena, administrando el gas en forma incorrecta y generando un riesgo que excede el riesgo asumido por la paciente. Señaló que la víctima no incurrió en ninguna negligencia ni asumió un riesgo inusual ya que confiaba en la correcta realización de un procedimiento estético que no debía implicar peligro de muerte.
Núñez también remarcó que el juez tuvo en cuenta en su fallo la gravedad del daño causado, no solo en términos físicos sino en el impacto emocional y económico para la familia de la víctima, incluyendo la depresión de la hija y el rol de sostén económico que cumplía la mujer fallecida. El fiscal adujo que la pena de tres años y seis meses fue justa y proporcional, considerando la responsabilidad de la acusada y las circunstancias del caso.
Finalmente el fiscal solicitó que el tribunal confirme la sentencia en todos sus términos y anticipó que, en caso de confirmación, pedirá la prisión preventiva de la acusada para garantizar el desarrollo del proceso y evitar que pueda evadir a la justicia dada la capacidad económica y los recursos legales que posee.
Error en la aplicación
Por su parte, el abogado querellante, Rubén Pagliotto, sostuvo que una persona ingresó para hacerse un tratamiento estético y “a la media hora estaba muerta por una cuestión súper básica”. Y sostuvo que los equipos que se utilizan para esas prácticas recomiendan enfáticamente no aplicarse en venas. “No hace falta ser médico para darse cuenta que si se aplica gas en una vena, el resultado va a ser una embolia”, indicó.
Pagliotto dijo que una inyección subcutánea se aplica por debajo de la piel y no llega al músculo. Por lo tanto, la subcutánea se aplica a 45° o menos y la intramuscular en forma perpendicular, ya que busca mayor profundidad. Para el letrado, la causa investiga un homicidio culposo. Es decir, no tuvo intenciones de causar daño. Sostuvo que la licenciada en kinesiología tuvo ese día un error de conocimiento. “Demostró su desconocimiento al momento de aplicar la inyección. Les aseguro que una enfermera en su vida laboral pone 500.000 veces más inyecciones que un kinesiólogo”, dijo.
Para Pagliotto, los kinesiólogos son auxiliares de los médicos. Según sostuvo, de diálogos con muchos kinesiólogos, ellos saben que pueden realizar prácticas pero no practicar diagnósticos. Los pacientes llegan derivados de los médicos, sobre todo traumatólogos. “Si yo hubiera sido juez, o fiscal en esta causa, sigo con que esto fue un homicidio culposo por un ejercicio ilegal de la medicina”, dijo. Y ratificó que la carboxiterapia es una práctica ilegal de la medicina. “Si un ingeniero se mete a hacer una práctica notarial, no es mala praxis notarial: es una invasión de una praxis que no tiene. No está preparado, calificado ni certificado. Esto no es mala praxis”.
El letrado admitió que hay una ley provincial del ejercicio profesional de la kinesiología confusa que tiene lagunas. “Es más clara la ley nacional, pero ellos se rigen por la ley provincial”, destacó.
En otro tramo de su alegato, el letrado admitió que no es fácil decidir sobre dejar en libertad o no a una persona. “Tres años y medio, es madre y joven. Pero también me puse a pensar, Claudia Bertoldi era madre, joven, y… ella cumplirá de alguna manera y vuelve a la casa. Y esta chica, que es la hija, ya no tiene quien vuelva a la casa. Esto no es por ser sensiblero ni pegar golpes bajos”, indicó.
Por último, Pagliotto sostuvo que los forenses diagnosticaron que se rompió una vena. “Y en esa ruptura se inyecta el gas en el torrente sanguíneo y se produce la embolia”. Incluso mencionó que en la morgue un médico forense realizó una punción y “afloraron globitos”. Señal inequívoca de que se había “introducido gas en el torrente sanguíneo”. “Lo vimos todos”, aclaró.
“No cabe la menor duda de que hubo un pinchazo; no cabe la menor duda de que hubo gas; que ese era el gas, que esa era la causa de la muerte. La aguja entró mal porque si hubiera entrado bien y hubiera sido subcutánea, hoy estaríamos quizás discutiendo por otro juicio”.
“Mitre se equivocó y en lugar de ser subcutánea, le introduce una inyección endovenosa y al habilitar la salida de ese gas, va a donde no tiene que ir, va y produce la muerte”, destacó Pagliotto.
La audiencia terminó cerca de las 12 del mediodía y Giorgio, la presidenta del tribunal de Casación, informó que se tomará el plazo legal que corresponde para decidir si confirma o no el fallo de primera instancia. No obstante, Cullen, el abogado defensor anticipó que el tribunal de Casación no tiene facultades para declarar la prisión preventiva de su defendida ya que sería inconstitucional que pierda la libertad- basándose en el precepto de que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario- mientras siga debatiéndose la causa en instancias superiores.
1 comentario
Artemio MAnuel
Tres años y seis meses para una asesina es un premio, es; una vez mas una lección de impunidad de los tribunales de Concordia.