Leyendo un informe periodístico que decía en un párrafo, respecto a las fuerzas de seguridad, que… “a la crisis de salud mental se suma la situación económica…”, me quedé pensando el modo sencillo y sutil en que el lenguaje crea y significa la realidad, antes que reflejarla.
En esa frase se separa la salud mental —vaya a saber si entendida como una órbita que pertenece a la vida emocional abstracta y autónoma de los individuos— de la dimensión económica como problemática que, en todo caso, se le “agrega” para agravar el cuadro.
Sin embargo, y parece una obviedad decirlo, las circunstancias económicas tienen un alcance y una relevancia fundamental en la determinación del bienestar subjetivo, familiar y social. Por si hiciera falta explicar lo evidente (que no hay salud mental si hay miseria económica, desocupación y pérdida de la dignidad), circunstancia a la que nos condena una creciente pérdida del sentido más elemental, podemos citar el artículo 3 de la Ley Nacional 26.657, que “reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
La salud mental está determinada —entonces— por múltiples dimensiones y componentes que trascienden, en la complejidad de sus causas, las simplificaciones y reduccionismos biologicistas, psicologistas o sociales que —en realidad— interactúan de modo intrincado en su producción. Esta definición implica diagnósticos integrales y abordajes interdisciplinarios de los padecimientos psíquicos. Supone, por ejemplo, que una depresión no es —solo— un desorden bioquímico del sistema nervioso que debiera tratarse —solo— con psicofármacos. Un sufrimiento de ese tipo puede tener origen en el sentimiento de indignidad de un trabajador que acaba de ser despedido, por ejemplo, y depende entonces, si ese fenómeno es masivo, de las políticas que lo generan, de las políticas que lo puedan reparar, más que de un problema médico.
Es la idea que está contenida en el histórico concepto de salud (y —por ende— de la salud mental) de la ONU, cuando en 1948 la definió como un “completo estado de bienestar bio-psico-social y no solo ausencia de enfermedad”. Este último aspecto es importante —que la salud no es solo no estar enfermo—, sino que tiene un sentido positivo de afirmación de un bienestar. Es un estado de bienestar. Si bien esta definición tiene sus fallas y fue muy cuestionada desde que el organismo internacional la difundió, me parece interesante rescatar, como lo hace Lía Ricón (1), la idea del bienestar no como estado, sino como búsqueda, y no del individuo, sino colectiva. En ese sentido, la pregunta sería en qué consistiría ese bienestar perseguido por la comunidad.
En ese punto —y sigo el análisis del texto citado—, ese bienestar, siempre dinámico y que incluye la expresión lógica de los sufrimientos propios de la vida, sería el resultado de la satisfacción plena, auténtica de las necesidades humanas universales a través de la organización social de las mismas. Transformar esas necesidades en derechos humanos cuyo cumplimiento debería garantizar el Estado. Lía Ricón recurre a Max-Neef para nombrar las necesidades humanas —de mayor a menor necesariedad— cuyo cumplimiento es necesario para lograr cierto bienestar: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creatividad, identidad, libertad y trascendencia. Para la autora, el criterio de evaluación de la salud de una población dependerá del destino de satisfacción o frustración que estas necesidades encuentren en una sociedad determinada.
El bienestar, la salud mental colectiva, estará entonces determinado por las condiciones concretas de la existencia social, como lo decía Pichón-Rivière, y de los dispositivos (satisfactores, los llama Max-Neef) que la sociedad y el Estado construyan para concretar esos derechos. Así, por ejemplo, el empleo, la ocupación plena, creativa y digna de los trabajadores satisface la mayoría de las necesidades y genera un estado de bienestar general. Por el contrario, la explotación y la alienación laboral, la precarización del empleo o la desocupación son la fuente directa del malestar social y de los emergentes del sufrimiento que se asocian y se encadenan a ese apremio.
La pobreza, pérdida del empleo, la miseria, los salarios de indigencia que hoy abruman a los trabajadores —activos, desocupados y jubilados— y a pequeños comerciantes constituyen una de las fuentes determinantes de la ansiedad que desborda a quien tiene la incertidumbre del futuro, a quienes, concretamente, no logran llegar a fin de mes. Para colmo, esa angustia social ni siquiera encuentra contención psicológica porque los servicios de salud mental públicos están colapsados, contraviniendo el derecho que la Ley 26.657 establece a la asistencia integral de la salud mental por medio de equipos interdisciplinarios, profesionales que brinden un rostro humano al dolor, a la necesidad de escucha que requiere, como dijo el gran Charles Chaplin, “más humanidad que máquinas, más bondad y dulzura que inteligencia” (artificial).
(1) Lía Ricón: “Problemas del campo de la salud mental” (Paidós).