Según el escrito presentado, los denunciantes aseguran haber sido “damnificados directos por la manipulación económica y política del proceso interno”, ya que —afirman— se les impidió competir en igualdad de condiciones bajo el argumento de que el partido “no contaba con fondos”, mientras se habrían canalizado “aportes ilícitos provenientes del funcionario nacional Guillermo Michel”, con incidencia tanto en la campaña presidencial de Javier Milei como en la estructura financiera del PJ provincial.

La presentación, dirigida al Fiscal Federal Electoral y al Juzgado Federal de Paraná, solicita que se investiguen los hechos mencionados y que se determinen las eventuales responsabilidades penales y electorales, en el marco de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y el Código Penal Argentino.

Hechos y pruebas ofrecidas

Entre los elementos mencionados en la denuncia, Rossi y Reggiardo hacen referencia a una publicación del portal Página Política, en la que se menciona que “el aporte del peronismo para posicionar a Milei formó parte de la estrategia electoral de tercios”. Según los denunciantes, esa frase constituiría una “confesión institucional” sobre el uso de fondos partidarios para financiar a un espacio opositor.

Asimismo, citan declaraciones televisivas de la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que Guillermo Michel habría sido el “financista de la campaña presidencial de Javier Milei en Entre Ríos”, y afirman que dichas manifestaciones fueron reproducidas por diversos portales provinciales. Pagano será ofrecida como testigo en la causa.

También incluyen en la presentación las palabras del exvicegobernador y congresal partidario José Cáceres, quien —según la denuncia— afirmó públicamente durante un acto partidario que “Michel hacía los giros para pagar los sueldos del partido”.

Los congresales sostienen además que cuatro listas internas fueron dadas de baja en 2023 bajo el argumento de falta de recursos, mientras —según plantean— circulaban fondos en actividades políticas externas. Los apoderados y candidatos de esas listas fueron ofrecidos como testigos.

La denuncia incorpora también artículos de prensa sobre el desbalance económico del PJ entrerriano y solicita una pericia informática para determinar los responsables del pago de pautas digitales durante 2023 en plataformas como YouTube, Meta y X (ex Twitter).

Posibles delitos y medidas solicitadas

Rossi y Reggiardo sostienen que los hechos podrían encuadrar en delitos como violación del régimen de financiamiento partidario, falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado y violación a la Ley 26.571 de internas abiertas, al haberse “impedido la competencia interna mediante manipulación económica dolosa”.

En ese marco, pidieron que la Justicia disponga una auditoría externa e intervención judicial del Partido Justicialista de Entre Ríos, con designación de un veedor judicial y preservación de toda la documentación contable y bancaria.

Entre las medidas requeridas figuran también pedidos de informes a la Dirección Nacional Electoral (DINE), a la Cámara Nacional Electoral, y a entidades bancarias como el Banco Nación, Bersa, Galicia y Macro, además de requerimientos a las plataformas digitales mencionadas para preservar registros de pauta.

Finalmente, los denunciantes solicitaron la publicidad y transparencia del proceso y realizaron reserva federal para acudir ante la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de considerar afectada la tutela judicial efectiva o el principio republicano de transparencia política.