En la mañana de este domingo se conoció la novedad: la fiscalía número 3 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gabriela Seró, dio a conocer los resultados de un importante despliegue operativo realizado en el marco de la investigación del robo millonario a la Municipalidad uruguayense, ocurrido en abril de este año y en el que se transfirieron 25 millones de pesos desde las cuentas municipales a cuentas bancarias diferentes, 16 en total. Un par de esas transferencias pudieron frenarse por la rápida reacción de las autoridades municipales, pero el resto, más de 23 millones, desaparecieron de las arcas municipales.
Ahora, en la madrugada de este domingo, se realizó un operativo simultáneo en tres provincias, como consecuencia del cual hubo doce allanamientos de los cuales derivaron ocho personas detenidas, y una docena de celulares, computadoras portátiles, routers de conexión a internet y otros elementos que fueron secuestrados. Las personas ubicadas y allanadas residen en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, y según informaron desde la redacción de «El miércoles digital», se las está trasladando a la ciudad para que las autoridades judiciales y policiales que actúan en la causa las puedan interrogar y continuar la investigación.
Esta tarde estarán llegando las personas detenidas en Buenos Aires (ciudad y provincia), y en las primeras horas del lunes se espera a las de Misiones y Mendoza. Al llegar a Concepción del Uruguay se realizarán las correspondientes indagatorias.
Quiénes son
Si bien no trascendieron los nombres de las personas detenidas, el masculino detenido en Misiones tiene antecedentes de fraude y robo y es dueño de un desarmadero. Por su parte, en Mendoza fue detenida una pareja de personas más jóvenes y con estudios, por lo cual la investigación considera que son los responsables principales del hackeo.
En total resultaron detenidas ocho personas (seis hombres y dos mujeres). También otro hombre que fue identificado y quedó supeditado a la causa. Cinco fueron detenidos en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Avellaneda, Lanús y Esteban Echeverría; dos en la ciudad de San Rafael de Mendoza y uno en Puerto Iguazú, Misiones.
La investigación se llevó a cabo a partir del informe realizado por la división de Cibercrimen de la policía entrerriana (ver noticia), ya que ese trabajo fue el que permitió identificar las IP, es decir las direcciones cibernéticas de las computadoras desde las que se crearon las cuentas a las que fueron transferidos los fondos municipales.
«Ahí empezaron a saltar las coincidencias», explicó una fuente cercana a la investigación. «Cuando las plataformas enviaron las fotos que usaron para crear las cuentas de Mercado Pago, Lemon, etc, se verificaron más coincidencias. Todas las imágenes fueron sacadas en el mismo lugar. Así se pudo reunir la información que permitió determinar lugares, direcciones y personas. Algunos donde retornaba el dinero, otros que prestaban nombres y DNI…», abundó.
El trabajo de coordinar doce allanamientos en tres provincias distintas requería no solo articular recursos diferentes sino también mucho tiempo de organización detallada. Sobre todo, explicó la fuente, debían ser todos simultáneos para que nadie se despegara. Además de las detenciones y el allanamiento a las viviendas, les embargaron todas las cuentas.
Colaboración de fuerzas
Tal como oportunamente informó este medio, una de las principales preocupaciones era determinar si el hackeo y el robo habían sido producidos “desde adentro” o si los responsables eran personas externas a la Municipalidad. La pericia de Cibercrimen –la división especializada de la Policía entrerriana– no dejó dudas al respecto: fue un hackeo, y pudieron desentrañar con precisión cómo fue la mecánica con la que se le birlaron a la comunidad uruguayense más de 23 millones de pesos (eran 25 millones, pero la rápida reacción permitió frenar parte de las transferencias (ver enlace). Los allanamientos de este domingo son la culminación de esa labor.
La información oficial explica que tras ocho meses de investigación se pudo «obtener material probatorio suficiente para llegar a individualizar a los autores, cómplices, encubridores y otros posibles partícipes involucrados en la actividad ilícita investigada».
Los agentes policiales hicieron seguimientos de campo, estudiando a las personas sospechadas, viendo cómo vivían, cómo gastaban, información de la cual dedujeron quiénes recibieron una parte por prestar sus nombres. «Fue como armar un enorme rompecabezas, y la policía hizo un laburo impecable», dijo la fuente. «Muchas veces los denostamos, pero acá trabajaron milimetricamente».
En el operativo, que fue coordinado por la fiscal Seró, colaboraron diferentes fuerzas, no solo de la Policía de Entre Ríos: coordinaron con la Superintendencia de Investigaciones de Policía Federal Argentina, la Policía de San Rafael de la Provincia de Mendoza, la Policía de Puerto Iguazú de la Provincia de Misiones, la DDI de Lomas de Zamora, Comisaria Cuarta de Quilmes, la Dirección de Cibercrimen a través del programa Forcic (MSN) y Policía de Entre Ríos particularmente la Dirección de Operaciones y Seguridad, Dirección de Inteligencia Criminal y Jefatura Departamental Uruguay.
También participaron el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de Alejandrina Herrero, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero; el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el jefe de Policía Departamental Uruguay, Martín Gaillard y el comisario mayor de Inteligencia Criminal, Ángel Pasutti.
Quedaron todos los dispositivos informáticos para ser analizados por los peritos forenses de la policía con el fin de hallar elementos que demuestren la participación de los sospechosos en esta causa.
