Sastre sostuvo que la resolución del Ejecutivo fue tomada en “pos de la transparencia”. Y que el único objetivo es dejar que la Justicia avance en la investigación y se dilucide la causa. En ese lapso, el edil dijo que ambas firmas no pueden seguir participando de las compras que efectúa el municipio. A su vez, dio por descontado que será rechazado el expediente. “Me llama la atención que tengan el tupé de venir a plantear esto cuando hay una investigación en curso por una causa escandalosa”.

En tanto, el concejal Guillermo Satalía Méndez (PJ) dijo que es un “caradura”. Y recordó que presentaron un pedido de informes para saber en qué compras participó como proveedor. “Y ahora manda esto, no lo puedo creer”.

El 22 de agosto pasado, el Ejecutivo decidió suspender temporalmente la inscripción en el Registro de Proveedores a ambas empresas, implicadas en investigaciones judiciales y administrativas por presuntas irregularidades en la provisión de alimentos para comedores escolares de Entre Ríos.

La medida, firmada por el intendente y el Secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, se tomó “hasta tanto se aclare la situación judicial de los nombrados”, haciendo especial énfasis en los titulares de las firmas, Martín Partarrie e Iñaki Partarrie.
Según detalla el decreto, la decisión se fundamenta en el criterio de mérito, oportunidad y conveniencia para los intereses del Municipio, así como en la necesidad de enviar un mensaje de transparencia hacia la sociedad. Aunque los actos licitatorios realizados por la Municipalidad no habían sido cuestionados hasta el momento, se consideró prudente suspender a las empresas mientras avanza la investigación judicial.

Hace casi un mes, el 13 de agosto pasado, se concretaron tres allanamientos en domicilios de Concordia, ubicados sobre las calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón. La investigación está a cargo de los fiscales Montangie y Tscherning, con la intervención del Juzgado de Garantías, a cargo de Edwin Bastián, quien libró los mandamientos correspondientes. Los operativos arrojaron resultados positivos: se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos como teléfonos celulares, memorias externas, DVR y computadoras, además de un revólver .38 y una escopeta. También se constató la presencia de dinero en efectivo por sumas de $48.415.000 y U$S 7.000. Como resultado, una persona fue aprehendida por la presunta tenencia ilegal de armas de fuego.

En junio pasado, se realizaron cuatro procedimientos en tres depósitos pertenecientes a las empresas Ahora Voy SRL y Partarrie Distribuciones SA, ubicados en calles C. Veiga y Bvard. Aguilar, Laprida 1978, y M. Gatto y Chile. El cuarto allanamiento tuvo lugar en el domicilio de la exdirectora departamental de comedores escolares, Silvina Murúa, en calle Diamante al 2000.

Ese mismo mes había sido desafectada Murúa, designada a comienzos de la actual gestión como coordinadora en Concordia de la Dirección de Comedores. Luego de una auditoría interna a 21 espacios de alimentación, se constató que $66.143.225 no tendrían justificación adecuada de su uso.