Más allá de que la privatización de Salto Grande es jurídicamente inviable, no ocurre lo mismo con ENERSA, que sí podría quedar bajo la mira de un eventual plan de desestatización. Así, lo que se muestra como un posicionamiento ideológico podría tener consecuencias concretas.

Benegas Lynch no llega a esta candidatura por azar. Su postulación surge del acuerdo político entre Frigerio y La Libertad Avanza, que entregó los principales lugares de la lista oficialista a dirigentes libertarios. Por eso, guste o no, es la voz que representará al oficialismo entrerriano en el Congreso y, al debutar como candidato, lo hace diciéndole a la ciudadanía que “lo que es suyo” puede pasar a manos privadas.

Salto Grande: un límite legal y político

En el caso de la represa binacional, la discusión parece más simbólica que real. En 1997, cuando el Congreso intentó provincializar Salto Grande, el propio Carlos Menem —en pleno auge privatizador— vetó el proyecto por “inviable, inconstitucional y contrario al convenio de 1946” con Uruguay. Esa condición binacional impide cualquier decisión unilateral, y el estatus de los tratados internacionales, con jerarquía constitucional, blinda el carácter público del emprendimiento.

Ni provincializar ni privatizar Salto Grande es posible. Pero sí puede cambiarse la forma de administrar sus recursos y, sobre todo, el alcance de su función social.

Hoy Salto Grande no solo genera energía. También financia programas sociales, culturales, deportivos y ambientales en toda la región. A través de becas, apoyo a instituciones educativas, infraestructura y asistencia a sectores vulnerables, devuelve parte de sus excedentes a las comunidades que conviven con la represa.

¿Qué ocurriría si, bajo la lógica liberal que promueve Benegas Lynch, esas funciones fueran catalogadas como “gasto superfluo”?

La consecuencia podría ser que todo lo que Salto Grande vuelca a la región, sea mucho o poco, se destinaría exclusivamente a la rentabilidad privada, dejando de lado su papel redistributivo en una zona marcada por la desigualdad, el desempleo y las tarifas injustas. Qué quedaría de su función social bajo un modelo que mide eficiencia únicamente en términos de rentabilidad.

Con ENERSA, en cambio, el margen de acción es distinto y un eventual intento de privatización no enfrentaría los mismos candados jurídicos.