Exclusivo: el dictamen técnico que rechazó la demolición de la casa de campo de Federico Zorraquín y que el Municipio desoyó

El 21 de enero de 2024, en el marco del Expediente N.º 1.350.843 caratulado “Solicitud autorización para demolición de propiedad”, la comisión de Arquitectura del Consejo Asesor de Protección del Patrimonio de Concordia emitió un dictamen en el cual no aconsejaba la demolición de la vivienda rural conocida como “La Redonda”, vinculada al primer intendente de la ciudad, Federico Zorraquín.

El documento —al que DiarioJunio tuvo acceso— no sólo rechaza la demolición solicitada por el propietario Alejandro Pienovi en diciembre de 2024, sino que además reconstruye con detalle el valor histórico, arquitectónico y dominial del inmueble, aportando fundamentos técnicos que desmienten cualquier intento de minimizar su relevancia.

En primer término, el CAPP deja asentado que la construcción estaba protegida por la Ordenanza N° 29.789, por tratarse de un inmueble anterior a 1940. Según consta en el SIPAM, figura una mejora registrada en 1938.

Si bien la vivienda no estaba incluida en el catálogo patrimonial definitivo, el dictamen aclara que ello se debe a que el relevamiento se concretó en una primera etapa circunscripta al casco histórico, quedando pendientes áreas posteriores de la ciudad. Es decir: la ausencia en el catálogo no implicaba ausencia de protección.

Poco antes de que la vivienda fuera demolida, pero ya con la decisión tomada por parte del ejecutivo para proceder, el municipio envió al CAPP un pedido de asesoramiento sobre el contenido de una placa o memorial a colocarse en el lugar (Expediente Nº 1.362.114).

Una casa rural del siglo XIX

El dictamen describe a la edificación como una “vivienda del tipo rural, a cuatro aguas”, con las características típicas de las casas de campo de fines del siglo XIX. Se presume que su construcción data precisamente de ese período.

Perteneció a Federico Zorraquín, fallecido en 1908, y era conocida en el ámbito familiar como “La Redonda”, pese a que su planta era netamente cuadrada. El nombre, señala el documento, probablemente respondiera a su carácter panorámico y su apertura hacia las distintas orientaciones cardinales.

Hasta 1984, el inmueble perteneció a la Sociedad Anónima Comercial y Ganadera “Estancia Zorraquín”, que transfirió su dominio mediante escritura el 12 de noviembre de ese año. Allí residió hasta la década de 1960 Alcides Zorraquín, hijo del ex intendente, quien luego se trasladó a otros domicilios urbanos.

El texto también consigna que una de las últimas residentes de la familia fue Susana Bacigalupo Zorraquín de Pienovi. Y agrega un dato relevante: hasta hace muy poco tiempo la vivienda conservaba muebles originales y se encontraba en buen estado, alquilada a una inquilina junto a sus hijos.

Desde el punto de vista técnico, el CAPP sostiene que la casa conservaba “todas sus características” tipológicas. Reconoce que el paso del tiempo y la falta de mantenimiento pudieron haber generado patologías edilicias, pero afirma que el deterioro era potencialmente reversible mediante una “conservación arquitectónica curativa”.

Incluso menciona cuestiones técnicas específicas, como la presunta existencia de desagüe a pozo negro ante la falta de registros de conexión a redes en EDOS, lo que indica un análisis pormenorizado del estado del inmueble.

La conclusión fue categórica: “Por lo antes expuesto, y sabiendo del valor histórico de la vivienda, no se aconseja la demolición solicitada, ello sin perjuicio de hacer algún tipo de subdivisión, respetando la construcción existente.”

Es decir, el propio órgano técnico planteaba alternativas compatibles con un eventual desarrollo del terreno, pero preservando la edificación.

Pedido de informe de dominio

Consciente de que su dictamen “no se condice con los planes de su propietario”, el Consejo solicitó además gestionar un informe de dominio ante el Registro de la Propiedad de Entre Ríos para corroborar los antecedentes históricos volcados en el documento.

Ese punto resulta fundamental porque el CAPP no actuó de manera liviana ni meramente formal. Reconoció el conflicto de intereses y dejó asentada la necesidad de profundizar la documentación histórica y dominial.

Sin embargo, como publicó DiarioJunio el 11 de febrero de 2026, el Municipio terminó autorizando la demolición de la casona ubicada en la esquina de San Carlos y Belgrano, frente al acceso al Parque San Carlos.

La decisión se tomó pese al rechazo técnico previo y en un contexto que generó fuertes cuestionamientos. Desde el entorno patrimonial se mencionó una reunión con la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza en la que se habría solicitado “moderar la postura” inicial y poner el foco en los árboles más que en la edificación.

Posteriormente, el Ejecutivo encabezado por el intendente Francisco Azcué habría otorgado la autorización, incluso sin que existiera —al menos públicamente— un proyecto aprobado para el lote.

La Regional Noreste del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos (CAUPER) calificó la pérdida como “irreparable” y habló de “improvisación, falta de planificación y arrogancia”.

Los profesionales recordaron que participan ad honorem en el propio Consejo Asesor de Protección del Patrimonio y que habían recomendado no autorizar la demolición. También señalaron la contradicción entre promover un “Premio a Intervenciones Edilicias Patrimoniales” y, simultáneamente, firmar el permiso para eliminar una construcción con valor histórico acreditado.

Tierra, lobby y poder

Este nuevo episodio vuelve a exponer la puja entre la preservación patrimonial, la identidad de la ciudad, y el negocio inmobiliario. El terreno donde se emplazaba la vivienda forma parte de un sector estratégico de alto interés para desarrollos privados.

Fuentes describieron ante este medio un modus operandi que, aseguran, se repite con inquietante regularidad: Se adquieren propiedades alcanzadas por restricciones —ya sea por su condición patrimonial o por las limitaciones que fija el Código Urbano— a valores deprimidos. Posteriormente, primero se elimina el obstáculo —en este caso, una edificación con protección patrimonial— y luego, mediante gestiones y excepciones administrativas, el terreno reaparece en el mercado como “apto” para nuevos desarrollos. Aumentando sideralmente su valor de mercado.

El margen extraordinario, señalaron, queda mayoritariamente del lado del desarrollador, profesionales y firmas  cuyos nombres suelen repetirse; los nombres de los funcionarios habilitantes suelen cambiar con cada gestión.

El dictamen del CAPP, ahora público, desmonta cualquier intento de relativizar la importancia histórica y arquitectónica del inmueble porque además de protección normativa, existía fundamentación técnica e histórica. Y la recomendación expresa de no demoler.

Lo que también existe es un mercado inmobiliario con fuerte capacidad de lobby y vínculos con el poder político local más allá de los colores partidarios.

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