La Justicia laboral de Concordia confirmó el despido con causa de un empleado de la Cooperativa Eléctrica de Concordia que había sido desvinculado en el marco de la investigación interna por las maniobras de fraude con medidores de energía y facturas complementarias detectadas en grandes consumidores de la ciudad.
La sentencia fue dictada el 6 de agosto por el juez Ricardo A. Larocca, titular del Juzgado del Trabajo N° 2, en el expediente caratulado “Briceño, Horacio Alcides c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Limitada s/ Cobro de Pesos” (Expte. N° 4643-11).
El magistrado analizó los argumentos planteados por el ex empleado, la posición de la Cooperativa, las pruebas testimoniales incorporadas al expediente y, particularmente, el sumario administrativo realizado por la institución.
Tras ese análisis, concluyó que el despido directo dispuesto por la Cooperativa se encontraba “ajustado a derecho”. En consecuencia, rechazó en su totalidad los rubros indemnizatorios reclamados por Briceño, quien pretendía cobrar $43.487.676,27, más los intereses correspondientes desde el momento de la desvinculación.
El fallo también estableció que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la parte actora, al haber resultado vencida.
DIARIOJUNIO reveló -en 2022- la detección de más de un centenar de medidores adulterados instalados en grandes consumidores de energía de Concordia.
En aquel momento, la Cooperativa Eléctrica detectó, a través de una investigación interna, numerosos equipos que habían sido manipulados para registrar un consumo inferior al real. Los usuarios involucrados eran grandes consumidores, entre ellos comercios, emprendimientos y aserraderos.
La investigación había comenzado cuando un trabajador del área de Laboratorio reemplazó temporalmente a un empleado de Hurtos y Fraudes y, durante una inspección de rutina, detectó un medidor que presentaba signos de adulteración en una cafetería perteneciente a una reconocida y tradicional firma del rubro de panificados.
A partir de ese hallazgo, la revisión de otros equipos permitió detectar más casos.
La hipótesis que surgió entonces era que los medidores eran retirados bajo la denominación de equipos “sospechosos” o con supuestas anomalías y posteriormente reemplazados por otros que habían sido manipulados para registrar un consumo menor.
La propia investigación interna de la Cooperativa había señalado la posible participación de personas vinculadas al funcionamiento del área encargada de detectar este tipo de irregularidades. También se mencionó la eventual intervención de contratistas y hasta de un efectivo policial.
Uno de los casos que trascendió en aquel momento involucraba a un aserradero cuyo propietario, según los testimonios que llegaron a conocimiento de la investigación, habría pagado una suma mensual para mantener la maniobra y obtener a cambio un ahorro considerable en la factura eléctrica.
La revelación de DIARIOJUNIO puso el caso en conocimiento público y obligó a la Cooperativa a avanzar con medidas internas y sanciones.
La causa penal y una diferencia clave
El expediente laboral que ahora resolvió Larocca no debe confundirse con la investigación penal iniciada a partir de aquellas irregularidades.
En junio de 2025, DIARIOJUNIO informó que el fiscal Martín Núñez había precisado que la investigación penal había contabilizado 22 casos con irregularidades: seis medidores adulterados, otros 16 usuarios que habrían sido beneficiados con subfacturación y 12 medidores que, además, no habían podido ser localizados.
La cifra era sensiblemente inferior a los más de cien medidores adulterados que la Cooperativa había informado públicamente en 2022, una diferencia que también había quedado planteada como uno de los interrogantes del caso.
Núñez había explicado entonces que existían cuatro empleados sospechados y que, para producir determinadas modificaciones en las facturas, era necesario contar con acceso a las claves del sistema informático.
Sin embargo, el fiscal había advertido que las sospechas administrativas no alcanzaban por sí solas para establecer responsabilidades penales individuales.
La investigación requería determinar, mediante pericias y otros elementos de prueba, quién había realizado concretamente cada maniobra, quién tenía acceso a las claves, quién podía adulterar los medidores y hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
La causa penal quedó a la espera de una pericia que debía realizar la propia Cooperativa…
Briceño no fue el único trabajador de la Cooperativa desvinculado.
También fue despedido Rómulo Pérez, quien se desempeñaba como jefe del sector de Hurtos y Fraudes. Pérez inició posteriormente una demanda laboral contra la institución.
Según los antecedentes mencionados en la nueva sentencia, esa causa tramitó ante el Juzgado del Trabajo N° 3, bajo la carátula “Pérez, Rómulo Francisco c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. s/ Cobro de Pesos” (Expte. N° 7651).
En ese caso, la demanda fue rechazada en primera instancia y la decisión posteriormente fue confirmada por la Cámara Laboral.
En tanto, las responsabilidades penales de todas las personas que pudieron haber participado de las maniobras investigadas desde 2022 duermen en un expediente que no mostró avances desde entonces y que involucra también a reputados empresarios locales.