El presidente Javier Milei anunció que la provincia de Entre Ríos será incorporada a la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante el dragado de los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies de profundidad. La medida, presentada como un avance en la integración logística y comercial del país, permitiría la circulación de buques de mayor porte por esos canales, actualmente secundarios dentro del sistema fluvial.

Sin embargo, desde el ámbito ambiental advierten que el proyecto se impulsa sin los estudios previos ni las evaluaciones necesarias. El abogado y especialista en Derecho Ambiental Jorge Daneri —integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdAA)— calificó la iniciativa como “un proceso de violación sistemático del río Paraná en el sur del sistema de humedales”.

“Nos oponemos a este cambio brutal, porque no está estudiado y solo responde a una lógica depredadora de los intereses económicos para transformar al río en un mar de barcos”, señaló Daneri. Según explicó, el dragado previsto se proyecta “sin intervención del PIECAS, ni de las áreas ambientales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y sin controles efectivos, porque el Instituto Nacional del Agua está destruido y los órganos de fiscalización prácticamente no existen”.

El abogado advirtió que se trata de “un escenario de descontrol total” y subrayó que “no se puede tratar así a nuestros bienes de existencia para la vida, como es el agua”. En ese sentido, confirmó que la Asociación presentó una medida cautelar para impedir que “se profundice ni un centímetro más el río sin los procesos legales y técnicos necesarios, y que no se actúe según los tiempos de la Bolsa de Comercio de Rosario o los intereses del agronegocio exportador”.

Daneri sostuvo que una intervención de esta magnitud requiere “estudios de impacto socioambiental mucho más rigurosos, participativos y con los tiempos que la naturaleza impone, no los tiempos de unas pocas corporaciones”.

El anuncio del dragado, impulsado por el gobierno nacional y respaldado por el gobernador Rogelio Frigerio, reaviva la discusión sobre la gestión y el control del Paraná, uno de los ríos más importantes del continente y corazón del sistema de humedales del Litoral argentino.

A fines de julio de este año, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó en su página oficial un documento que agrava aún más el panorama. En una respuesta judicial inédita, la máxima autoridad ambiental del país —hoy degradada a Subsecretaría— reconoció ante la justicia que en las últimas dos décadas no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en instancias de consulta pública vinculadas al dragado del río Paraná. La revelación surgió en el marco de una causa impulsada por la propia Asociación y la organización UPVA Ramallo ante la Cámara Federal de Rosario.

Según la información presentada, el ex Ministerio de Ambiente admitió no poseer registros, antecedentes técnicos ni intervenciones oficiales respecto de las obras de dragado, ensanchamiento o cambio de traza del Paraná desde 2011 hasta la actualidad. En su respuesta al tribunal, la cartera reconoció la ausencia total de estudios, de solicitudes de otros organismos y de cualquier evaluación técnica o instancia participativa.

El expediente judicial también incorporó como prueba un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que detectó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025 —ahora suspendida—, y advirtió sobre la falta de control y transparencia en el proceso.

Lo expuesto, además, ratifica lo ya señalado por el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado durante la gestión anterior y disuelto por el actual gobierno mediante decreto. Ese organismo había reclamado la intervención ambiental y la realización de los EIA correspondientes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA remarcaron que “no puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin participación de las comunidades”. Y concluyeron con una advertencia que resuena con fuerza: “La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida”.

Fuente: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas //Programa Apuntes y Resumen Radio UNR