El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires puso fin a más de diez años de litigio al dejar firme la condena contra la empresa por la contaminación del río Paraná. La resolución ratifica que el daño es irreversible, cuestiona el accionar de los organismos de control y mantiene la obligación de recomponer el suelo y el acuífero afectados.

La Cámara Federal de Rosario dispuso que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa Atanor S.A. y ocho funcionarios de organismos provinciales de control. La causa, originada en San Nicolás, investiga el presunto vuelco de residuos peligrosos al Río Paraná y posibles incumplimientos en las tareas de fiscalización ambiental.

La Municipalidad de Santa Elena informó que la ciudad vivió un fin de semana extra largo con alta ocupación turística, en el marco de la Semana Santa y el feriado por la conmemoración de Guerra de Malvinas. Según la publicación oficial, durante los días de descanso se registró un importante movimiento en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la costanera, los locales gastronómicos y los espacios públicos, que concentraron gran parte de la actividad tanto de visitantes como de residentes.

La ciudad de Santa Elena continúa avanzando en su estrategia de desarrollo turístico con la construcción de un nuevo mirador frente al Parque La Hoya, una obra que apunta a consolidar su identidad como la “ciudad paraíso” y potenciar el paisaje ribereño como uno de sus principales activos.

El ingeniero Hernán Darío Orduna brindó un análisis a DiarioJunio donde alerta que los pliegos aprobados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comprometen el control estatal, la soberanía logística y la participación de las provincias sobre la principal infraestructura logística del país. Señala inconsistencias jurídicas, técnicas, ambientales y económicas que podrían condicionar a la Argentina durante décadas.

La licitación para concesionar el dragado de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata —el corredor por donde circula la mayor parte del comercio exterior argentino— volvió a encender alertas técnicas, económicas y políticas. Lejos de tratarse de un trámite administrativo más, el proceso en marcha aparece como una decisión estratégica de largo alcance, capaz de definir por décadas quién controla la principal infraestructura logística del país y bajo qué condiciones se reparten sus costos.

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas —integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial— presentó una denuncia penal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la convocatoria a una audiencia pública prevista para el próximo 3 de noviembre, en la que el organismo buscaría convalidar un nuevo salto en la profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT). Acusan al gobierno nacional de intentar legalizar a posteriori obras sin evaluación ambiental y de avanzar en un modelo extractivista que pone en riesgo el ecosistema del río.

El exvicegobernador de Entre Ríos presentó en Paraná su libro Para una política soberana en las vías navegables y reclamó que el Estado recupere el control sobre el sistema fluvial argentino. Cuestionó el modelo privatizador y aseguró que las corporaciones no deben condicionar las políticas sobre el río Paraná. "Cada tramo del Paraná tiene su profundidad y su tipo de embarcación adecuada. Más al norte deben operar barcazas y más al sur, buques”, enfatizó.

El próximo jueves 16 de octubre a las 19, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (Urquiza 552, Paraná), se presentará el libro Para una política soberana en las vías navegables, del ingeniero Hernán Darío Orduna, especialista en política portuaria y exdelegado argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La actividad es organizada por Eco Urbano, Cuidadores de la Casa Común, el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la propia Facultad de Ciencias Económicas.

El presidente anunció el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú para incorporar a Entre Ríos a la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Especialistas ambientales advierten que el proyecto se impulsa sin estudios de impacto ambiental y denuncian un proceso de “violación sistemática” del río.