La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó posibles irregularidades administrativas, técnicas y jurídicas en el proceso para concesionar por 25 años la Vía Navegable Troncal, el sistema fluvial por donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas. No obstante, esas no fueron las únicas observaciones realizadas por el organismo: también advirtió sobre cuestionamientos ambientales, restricciones a la competencia, fallas en los mecanismos de evaluación, posibles situaciones de discrecionalidad y eventuales consecuencias penales. Pese al dictamen, el Gobierno nacional oficializó este lunes el avance de la licitación y confirmó la apertura de las ofertas económicas.

El expediente, iniciado en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig, tiene hoy citados a declaración indagatoria al empresario belga Pieter Jan de Nul —propietario de la empresa Jan de Nul— y a ex integrantes argentinos de la CARU: Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon. La acusación sostiene que las licitaciones del dragado se habrían ejecutado con sobreprecios que generaron un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares. Pero la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones, lo que abre el interrogante si la delegación uruguaya del período 2015–2019 también participó de las licitaciones hoy sospechadas. Por otro lado, un oficio judicial enviado en mayo de 2025 a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pone en duda las recientes declaraciones de la delegada uruguaya Cecilia Bottino, quien afirmó desconocer la causa.

La licitación para concesionar el dragado de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata —el corredor por donde circula la mayor parte del comercio exterior argentino— volvió a encender alertas técnicas, económicas y políticas. Lejos de tratarse de un trámite administrativo más, el proceso en marcha aparece como una decisión estratégica de largo alcance, capaz de definir por décadas quién controla la principal infraestructura logística del país y bajo qué condiciones se reparten sus costos.

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas —integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial— presentó una denuncia penal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la convocatoria a una audiencia pública prevista para el próximo 3 de noviembre, en la que el organismo buscaría convalidar un nuevo salto en la profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT). Acusan al gobierno nacional de intentar legalizar a posteriori obras sin evaluación ambiental y de avanzar en un modelo extractivista que pone en riesgo el ecosistema del río.

El exvicegobernador de Entre Ríos presentó en Paraná su libro Para una política soberana en las vías navegables y reclamó que el Estado recupere el control sobre el sistema fluvial argentino. Cuestionó el modelo privatizador y aseguró que las corporaciones no deben condicionar las políticas sobre el río Paraná. "Cada tramo del Paraná tiene su profundidad y su tipo de embarcación adecuada. Más al norte deben operar barcazas y más al sur, buques”, enfatizó.

El próximo jueves 16 de octubre a las 19, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (Urquiza 552, Paraná), se presentará el libro Para una política soberana en las vías navegables, del ingeniero Hernán Darío Orduna, especialista en política portuaria y exdelegado argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La actividad es organizada por Eco Urbano, Cuidadores de la Casa Común, el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la propia Facultad de Ciencias Económicas.

El presidente anunció el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú para incorporar a Entre Ríos a la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Especialistas ambientales advierten que el proyecto se impulsa sin estudios de impacto ambiental y denuncian un proceso de “violación sistemática” del río.

El 5 de agosto, DiarioJunio informó sobre la inauguración de la nueva terminal de atraque de barcazas en Santa Elena, operada por la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC). La operación de esta terminal se realizará con remolcadores y barcazas de bandera paraguaya en lugar de navíos de bandera argentina, en virtud de un certificado de excepción a la Ley de Cabotaje expedido por el Estado argentino. La "Ley de Cabotaje" establece que solo buques nacionales pueden realizar transporte de mercancías entre puertos del país.

Este martes 5 de agosto quedó oficialmente inaugurada la nueva terminal portuaria de la empresa Louis Dreyfus Company (LDC) en Santa Elena, a orillas del río Paraná. La obra, emplazada en el kilómetro 2 de la Avenida Circunvalación inicia con la expectativa de ser un enclave para el desarrollo logístico, la generación de empleo y la expansión exportadora de la provincia de Entre Ríos.

Louis Dreyfus Company (LDC) inaugurará el martes 5 de agosto su nuevo centro de acopio y terminal portuaria en Santa Elena, Entre Ríos. La actividad se realizará a las 10:30 en el kilómetro 2 de la Avenida Circunvalación, sobre el río Paraná, y contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el intendente local Daniel Rossi, funcionarios provinciales y autoridades de la firma a nivel global, entre ellas Juan José Blanchard, Director General de Operaciones a nivel mundial y Responsable para América Latina