La discusión sobre la denominada «Inocencia Fiscal» impulsada por el gobierno de Javier Milei ya no atraviesa solamente a funcionarios nacionales del oficialismo. Una constancia tributaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indica que Adrián Federico Fuertes, uno de los dirigentes más influyentes del peronismo entrerriano, adhirió al régimen de Ganancias Simplificada previsto en la Ley 27.799.
La documentación, correspondiente al CUIT 20-21869654-7, registra la inscripción «639-Ganancias Simplificada Ley 27.799», con fecha de adhesión del 2 de junio de 2026.
Fuertes no es un contribuyente más. Desde finales de la década del noventa ha ocupado de manera casi ininterrumpida cargos públicos de relevancia: fue concejal (1999-2003); diputado provincial (1999-2003): dos veces intendente de Villaguay entre 2007 y 2015: candidato a gobernador en 2015, ministro de Turismo durante la primera gestión de Gustavo Bordet (2015–2017); senador provincial entre 2019 y 2023 y actualmente transita su tercer mandato al frente del municipio. A la fecha, lleva 27 años de trayectoria entre la función pública y la carrera política.
Pero además, en la actualidad preside la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, una estructura determinante para el proceso de reorganización del PJ tras la derrota electoral de 2023, y forma parte del núcleo dirigencial que busca reconstruir al justicialismo entrerriano con vistas a las elecciones de 2027.
Aliado político de Guillermo Michel y Adán Bahl dentro del espacio «Fuerza Entre Ríos», mantiene además una histórica cercanía con Sergio Massa y ejerce una fuerte influencia territorial en el departamento Villaguay, donde el denominado «fuertismo» gobierna desde hace años a través de su propio liderazgo y del de su esposa, la exintendenta y exvicegobernadora María Claudia Monjo.
Es en este marco que el dato tributario deja de ser una cuestión exclusivamente administrativa.
La adhesión al régimen no implica ninguna irregularidad ni constituye una infracción. Se trata de una herramienta legal creada por el gobierno nacional para simplificar la liquidación del impuesto a las ganancias.
Sin embargo, uno de los puntos más discutidos de la norma es que reduce significativamente la posibilidad de que ARCA utilice mecanismos tradicionales de fiscalización basados en la evolución patrimonial o en los consumos personales de los contribuyentes incorporados al sistema.
Por esa razón, la medida fue celebrada por sectores empresarios y profesionales, pero también recibió cuestionamientos de especialistas tributarios y dirigentes, quienes sostienen que podría transformarse en una suerte de «blindaje fiscal» para determinados patrimonios.
La pregunta inevitable es qué lleva a un dirigente que ha construido prácticamente toda su carrera dentro de la función pública a incorporarse a un régimen cuya principal característica es justamente reducir el alcance de futuras verificaciones patrimoniales.
1 comentario
Amalia
Todo el que se adhiere a esa «ley», es chorro, o metió la mano. Ni dudarlo. Si no tenés nada que esconder, no tenés porqué prenderte en esa ley. Más claro échale agua.