Un grupo de diputadas del bloque justicialista de Entre Ríos presentó un proyecto de declaración para expresar su «más enérgico repudio y profunda preocupación» por el proyecto de ley denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el expediente PE-13/26. La iniciativa propone modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto fue presentado por la diputada Silvia del Carmen Moreno y lleva las firmas de las legisladoras Lorena Arrozogaray, Silvia Mariel Ávila, Silvina Deccó, María Laura Stratta y Andrea Zoff.
En el texto, sostienen que la reforma «lesiona gravemente la soberanía nacional, debilita los controles fronterizos, dificulta el desarrollo de infraestructura de interés público y quita protección de manera indiscriminada a los bienes naturales estratégicos y los recursos hídricos de la República Argentina».
En cuanto a los fundamentos, las autoras afirman que, pese a las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo en el Congreso, la iniciativa mantiene «una concepción mercantilista y regresiva» y consideran que representa «un grave riesgo para la función social de la tierra, los recursos naturales y las garantías constitucionales».
Respecto de la Ley de Tierras Rurales, sostienen que el proyecto del Gobierno nacional incrementaría los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y flexibilizaría restricciones en zonas de seguridad de frontera y en áreas ribereñas.
https://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E29502-07082026-o.pdf
En relación con la Ley de Manejo del Fuego, cuestionan la eliminación de las prohibiciones que actualmente impiden durante 30 y 60 años la venta, el loteo, el desarrollo inmobiliario y el cambio de uso del suelo en terrenos afectados por incendios. Según las legisladoras, esa modificación favorecería la especulación inmobiliaria y extractiva sobre superficies incendiadas.
También ponen el foco en los cambios propuestos en la Ley de Expropiaciones. Señalan que el proyecto establece una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, exige mayores fundamentos para justificar las expropiaciones e incorpora el lucro cesante dentro de la indemnización a los propietarios afectados.
Además, sostienen que, para una provincia como Entre Ríos, caracterizada por sus recursos hídricos, humedales y producción agropecuaria, la flexibilización del régimen de tierras podría afectar la protección de recursos estratégicos como el Acuífero Guaraní y perjudicar a pequeños y medianos productores. En ese sentido, advierten que la reforma «desprotege los recursos estratégicos del Litoral, como los cursos de agua dulce y el Acuífero Guaraní», además de generar una competencia «asimétrica y desleal» para cooperativas y familias rurales.
En cuanto a las modificaciones incorporadas durante el debate parlamentario, las legisladoras afirman que no alteran el sentido de la iniciativa y reiteran su pedido de rechazo «en su conjunto». «Las variantes o retiros parciales de articulado operados durante el debate parlamentario no cambian el fondo de la cuestión», sostienen.
Finalmente, las diputadas resumen el eje político de su postura al asegurar que «la tierra no es un simple activo financiero ni una mercancía prescindible; la tierra es soberanía, es alimento, es arraigo y es el hogar de las futuras generaciones». Además, advierten que flexibilizar el régimen de tierras y las restricciones sobre superficies incendiadas significa «hipotecar el futuro de la Nación» al dejar recursos estratégicos y zonas sensibles bajo la influencia de intereses privados y capitales extranjeros.


