Según comentó un vecino de la zona a este medio, la construcción intimada “es un rancho que quedó de la época en que todo eso era quinta; según se escuchó era algo histórico, pero está muy deteriorado. Vivía uno, pero ya se fue, y el vecindario quiere que lo tiren abajo para abrir la calle”, contó.
De todas maneras, el municipio intimó. Según el texto del edicto, el plazo establecido es “improrrogable y perentorio”, y vencido ese término, el Municipio actuará “de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 10.027 y su modificatoria y normativa vigentes para tales efectos”.
El edicto, firmado por el intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas, Fernando S. Esquibel, dispone además que el Departamento de Obras Privadas deberá realizar una inspección “in situ” una vez cumplido el plazo para verificar el estado del lugar y labrar el correspondiente informe técnico.
En caso de constatarse el incumplimiento de la intimación, se autoriza a la Secretaría de Servicios Públicos a proceder al retiro de las construcciones y trasladar los elementos al Taller Municipal, ubicado en calles Moulins y Tala.
La medida alcanza a las edificaciones emplazadas sobre el espacio público de la traza de calle Gendarmería Nacional, linderas al inmueble de una vecina, e incluye el desalojo y retiro de toda estructura edificada “en contravención a las normativas vigentes y sin la correspondiente autorización municipal”.
El acceso al tramo sin abrir de calle Gendarmería Nacional, entre Salto Uruguayo y Mateo Araujo, cerrado con una cerca
El dato no pasaría de ser una noticia más si no fuera porque, en paralelo, el municipio mantiene una postura diametralmente opuesta ante los conflictos que involucran a empresarios de peso político, como los desarrolladores inmobiliarios de apellido Gadea, los empresarios Dri, o el arquitecto y constructor Joselo Fernandéz, beneficiarios de permisos y tolerancias que se arrastran desde la gestión anterior y que continúan bajo la actual administración de Francisco Azcué.
En junio de 2023, Diario Junio publicó la existencia de construcciones sobre terrenos propiedad del InvyTam, en la zona norte de Concordia, una parcela de 4.860,69 metros cuadrados, valuado entre 600 y 700 mil dólares según fuentes inmobiliarias, donde un arquitecto y un abogado, hermanos de apellido Gadea, avanzaron sobre el aérea en cuestión cercándola, construyendo un muro medianero, e impidiendo la apertura de una calle pública.
La denuncia de este medio fue realizada a finales de agosto de 2024 y, desde entonces, todo sigue igual. El cerco perimetral que construyeron sigue intacto, delimitando un terreno que, según los papeles, pertenece al municipio que no hizo posesión del terreno. No hubo edictos ni operativos espectaculares para recuperar la propiedad pública, a pesar de que hubo tres juicios de usucapión en el fuero civil que le dieron la razón al INVyTam.
El abogado Wenceslao Gadea, hermano y socio del arquitecto Pablo Benjamín Gadea, fue candidato a diputado nacional por el frente integrado por La Libertad Avanza, PRO y UCR. Ambos son señalados además como posibles aportantes a la campaña para intendente de Azcué en 2023.
El cerco de los Gadea en un terreno propiedad del INVyTAM, de 4.860,69 metros cuadrados y valuado entre 600 y 700 mil dólares
En mayo de 2025 también se informó sobre el modus operandi de ciertos desarrolladores inmobiliarios y profesionales de la construcción de avanzar sobre normas patrimoniales y urbanísticas, maximizar la rentabilidad de la inversión, y luego—cuando el daño está consumado y suele ser irreversible—acercarse al Estado Municipal para acomodar la situación con pedidos de “eximición” de multas o “readecuación” de los proyectos autorizados. Este patrón tuvo un nuevo capítulo en el edificio que la firma CANTENA S.R.L. levantó en calle Carriego 76, un proyecto del arquitecto José Luis “Joselo” Fernández. La gestión del intendente Azcué salió al rescate de los infractores/transgresores con un despacho que fue aprobado en el consejo deliberante con voto de la bancada «panoficialista» (Pro-UCR-Libertarios), facultando al ejecutivo de eximir de la multa a los propietarios de los departamentos -un recargo del 660 por ciento sobre la Tasa General Inmobiliaria (TGI)- debido a que, para la construcción del edificio, se destruyó una fachada histórica. Además, el Ejecutivo aceptó que los desarrolladores anexen y engloben una propiedad lindera -que también es parte del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad- al proyecto original del Cantená y de esa manera subsanar el exceso de metros cuadrados construidos.
Más reciente, el Ejecutivo promulgó el 18 de septiembre la ordenanza aprobada una semana antes en el Concejo Deliberante, que autoriza de manera excepcional la ocupación de 80 metros cuadrados del espacio libre de manzana en un inmueble de calle Canadá 437, propiedad de unos hermanos de apellido Dri que habían tramitado la construcción de dos viviendas pero terminaron levantando cuatro, en abierta violación al Código Urbano. La excepción aprobada les permitió mantener lo edificado bajo la condición de no realizar nuevas ampliaciones en el espacio libre de la parcela.
El caso adquirió repercusión no solo por la magnitud de la infracción, sino porque uno de los beneficiados es funcionario provincial: Martín Dri integra desde julio el Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y es un referente histórico del PRO en Entre Ríos y armador político del espacio que hoy acompaña al presidente Javier Milei en la provincia.
La respuesta municipal ante los distintos tipos de ocupación marca con claridad la doble vara: cuando se trata de familias humildes, el procedimiento es casi inmediato; cuando el «okupa» o infractor tiene vínculos empresariales o políticos, el Estado local se vuelve un gestor de soluciones.
No se discute que el Municipio deba ordenar la ciudad ni hacer cumplir las normas urbanísticas: es su obligación y, de hecho, resulta necesario que lo haga para evitar el descontrol y la anomia. Lo cuestionable no es el fondo de la medida publicada en el Boletín Oficial, sino la vara desigual con que se mide a unos y otros. La legalidad no puede aplicarse con rigor a los sectores sin recursos y con indulgencia hacia los empresarios o desarrolladores “del palo”.
1 comentario
Carolina
AZCUE VINO A CAMBIAR TODO DESDE LA HONESTIDAD Y LA VERDAD QUE ES MAS DE LO MISMO, SIMPRE BENEFICIANDO A LOS DE SIEMPRE, JOSELO FERNANDEZ SE ACOMODA CON TODOS LOS GOBIERNOS…. NO LOS VOTO MAS, PARA MUESTRA YA ESTA.