En nuestro país, desde los más altos estrados judiciales se detectan actos de tráfico de influencia tanto en los fallos e investigaciones que misteriosamente duermen el sueño eterno de los expedientes que complican a sectores del poder.
Y esto no es nuevo. De la dictadura para acá, en todos los gobiernos elegidos por el pueblo se han producido actos de venalidad judicial asociados a la corrupción política.
Pero cuando a veces desde la misma Corte Suprema emanan vicios vinculados con el propio nombramiento de los jueces, es cuando se empieza a perder, por parte de la ciudadanía, la confianza en ese poder supremo que decide en última instancia hacia dónde se inclina la verdad.
Recordemos, sin ir más lejos, cuando el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto a su par Carlos Rosenkrantz, aceptaron, sin poner reparos, ser designados para el cargo sin la aprobación del Congreso, como manda la Constitución, a través de un decreto de necesidad y urgencia (en realidad, la necesidad y la urgencia eran de Mauricio Macri). Dentro del purismo judicial que separa la política de la arquitectura constitucional, Rosatti es un «angurriento» del poder. Rosatti, en su momento, fue investigado por enriquecimiento ilícito. La causa se inició en el gobierno de Néstor Kirchner en los tribunales de Santa Fe. Según el expediente, recibía retornos en efectivo provenientes de los sueldos de distintos funcionarios municipales durante la gestión del ingeniero Martín Balbarrey.
Por su parte, Daniel Marchi, ex administrador general de la CSJN, denunció ante la Comisión de Juicio Político del Congreso que Rosatti utilizaba contratos para agilizar fallos, haciendo especial énfasis en la causa por enriquecimiento ilícito. Además, aseguró que Rosatti lo amenazó y removió a raíz de una serie de informes de auditoría que ventilaban irregularidades en la gestión de la obra social del Poder Judicial.
Cuando el ministro de Justicia, recientemente nombrado, no perdió tiempo, porque «amigos son los amigos», y la semana pasada firmó la primera tanda de pliegos para cubrir 26 cargos vacantes en la Justicia nacional y federal.
Y, oh, por casualidad, otra vez el nepotismo asoma las narices, y entre los 24 candidatos a jueces que integran esa lista, un nombre sobresale por encima de todos los demás. Se trata nada menos de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Suprema Corte de la Nación, Horacio Rosatti.
El gobierno lo propone para ocupar un cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. El mecanismo tiene una particularidad que ningún funcionario mencionó en voz alta: el organismo que arma las ternas y selecciona a los postulantes es el Consejo de la Magistratura, que —oh, casualidad— es presidido por el propio padre del candidato, o sea Horacio Rosatti, que hace un tiempo se apoderó de la presidencia del Consejo en una maniobra irregular jamás explicada ni justificada, porque ese hecho asegura la impunidad a cierto sector político necesitado de una «mano amiga».
No es la primera vez que Emilio Rosatti intenta sentarse en un juzgado federal. En 2022 ya había concursado para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. Luego del escándalo que se generó por haber sido detectado manejando ebrio en dos controles de alcoholemia en menos de un año, una vez con 2.2gs de alcohol en sangre, decidió retirarse de ese concurso.
Pero además, Emilio Rosatti carga en sus espaldas un historial documentado que ningún currículum oficial recoge: acoso sexual. El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, le había dado trámite a una denuncia contra Emilio, ante una presentación que lo involucraba en dos hechos de acoso sexual mientras se desempeñaba como secretario electoral en ese mismo juzgado. La causa fue archivada el 22 de febrero de 2018 por «improcedente» (?).
En 2020, Emilio Rosatti fue acusado de golpear a su pareja y llevarse por la fuerza a la hija que tienen en común. El hecho dio lugar a una denuncia por violencia de género. Su jefe en el tribunal lo «sancionó» al enterarse de la situación. ¿Y el hecho penal?
El pliego de Emilio Rosatti ingresó en el Senado el lunes dentro de una segunda tanda con cinco designaciones, y será girado a la Comisión de Acuerdos, aunque no podrá comenzar a ser tratado hasta que tome estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Alta, ya que no tiene fecha prevista. A diferencia de los miembros de la Corte, estos cargos requieren mayoría simple para su aprobación. (¿Qué miembro de esa comisión se animará a desaprobar la designación del hijo del presidente de la Suprema Corte?).
Pero hay otros interrogantes en el ámbito de la Justicia: ¿por qué el Poder Ejecutivo eligió a Emilio Rosatti entre los tres candidatos de la terna y no a otros mejor preparados? ¿Se trató de una elección justa o el proceso de selección no fue más que un ritual para ejercer su derecho de casta, preparando el futuro político de poder llegar sus causas a Comodoro Py?
Cuando en la prueba de evaluación de antecedentes consta que el resultado fue notablemente más pobre, pues quedó en el noveno puesto de ese criterio, lo que lo dejaba afuera de la terna en el mérito general.
Pero la «interna» que existe en la Corte se puso de manifiesto cuando, el mismo día que Milei firmaba el pliego, los otros dos cortesanos, para despegarse, presentaban un proyecto para limitar la discrecionalidad de los concursos judiciales con foco específico en las entrevistas personales.
Si lo sabrán Rosatti, Rosenkrantz, Bruglia, Bertuzzi y tantos otros que Mauricio Macri construyó su línea Maginot para asegurarse la impunidad de la que goza ahora, a pesar de las decenas de causas judiciales que duermen el sueño de los justos en los escritorios de Comodoro Py.
«Algo huele mal en Dinamarca», escribió Shakespeare.
La Justicia es como Dios: muchos creen que existe, pero nadie sabe dónde está.
Fuente: con información de El Disenso