Por Fernando Capotondo
Una serie de mensajes de WhatsApp enviados desde la Embajada de Estados Unidos en la Argentina a los directivos de una cooperativa de la provincia de Neuquén expuso hasta dónde puede llegar Washington a la hora de presionar a quienes pretenden contratar a Huawei. La advertencia consistió en una posible cancelación de visas si finalmente elegían al gigante tecnológico chino para desplegar fibra óptica en la zona de Vaca Muerta. Lo que era una decisión comercial derivó en un escándalo diplomático que colocó en el centro del debate los alcances de la llamada guerra fría tecnológica, y el modo en que las políticas hegemónicas de EE.UU. buscan condicionar las decisiones de los países de la región, muchas veces con la complicidad de los gobiernos locales.
El apriete diplomático derivó en un intenso debate en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, donde la oposición adelantó su postura de citar al embajador estadounidense Peter Lamelas para que dé explicaciones sobre lo que distintos legisladores consideraron una abierta intromisión en la soberanía nacional. “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, denunció ante los diputados Sergio Fernández Novoa, gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF).
El episodio fue interpretado desde distintos sectores como un ejercicio de coerción que actualizó en clave tecnológica la vieja Doctrina Monroe. Al amenazar con sanciones personales directas, Washington dejó poco margen para la neutralidad y volvió a exhibir una concepción de América Latina y el Caribe como su “patio trasero”, versión siglo veintiuno. La posterior respuesta de la Embajada de China, denunciando “prácticas hegemónicas” y la “naturaleza hipócrita” de la política exterior estadounidense, terminó de detonar lo que ya era un inocultable escándalo.
En medio del escándalo, Lamelas fue por más y aprovechó un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) para denunciar que Huawei realiza espionaje para el gobierno chino, una acusación que la Embajada de China en la Argentina calificó como “una calumnia sin ningún fundamento”, propia “de una mentalidad de guerra fría”.
El argumento de Washington, que califica a Huawei como un instrumento de ciberespionaje y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, queda sometido a una discusión más compleja cuando se observan los datos de una corporación que opera en más de 170 países, presta servicios a más de 3.000 millones de personas y sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura de telecomunicaciones. El caso argentino vuelve a plantear así cuánto hay de riesgo tecnológico verificable y cuánto de disputa geopolítica en las recurrentes denuncias contra la empresa china.
Empresa privada con características chinas
Pese a que el relato dominante de Occidente insiste en calificarla como una mera empresa estatal, Huawei Investment & Holding Co., Ltd. es una entidad privada que no cotiza en bolsa en función de su modelo de propiedad colectiva. Sus accionistas registrados son su fundador, Ren Zhengfei, y el sindicato que representa a los empleados participantes del programa accionario, que reúne a casi 170.000 trabajadores activos y jubilados. Estos trabajadores participan de un esquema de Acciones Virtuales Restringidas (ESOP), un mecanismo que les otorga derecho al cobro de dividendos y beneficios vinculados con la evolución de la firma, pero les impide negociar esas participaciones en el mercado.
«Ninguna entidad gubernamental dicta las decisiones comerciales o de inversión de Huawei, y nadie es dueño de Huawei excepto los empleados”, es uno de los lemas que invocan desde la empresa. Esta posición oficial, sin embargo, no implica necesariamente una ruptura ideológica con el gobierno, teniendo en cuenta que las firmas chinas deben contar con representantes del Partido Comunista en su estructura interna, según lo establece la Ley de Sociedades de China.
Precisamente, esta convivencia entre capital privado y presencia institucional del Estado y del Partido es uno de los argumentos que viene utilizando la Casa Blanca para rechazar la presencia de Huawei en América Latina y el Caribe, tal como lo hizo en Costa Rica y Panamá al frenar millonarios proyectos estatales en redes 5G y tecnología logística.
Las sanciones de Washington comenzaron a intensificarse en 2018 y alcanzaron un punto de inflexión en 2019, cuando Huawei fue incorporada a la Entity List, el régimen de restricciones comerciales del Departamento de Comercio estadounidense. Desde entonces, la empresa buscó acelerar su independencia tecnológica. En lugar de replegarse, desarrolló nuevos procesadores, profundizó el desarrollo de su sistema operativo HarmonyOS y amplió su división de servicios en la nube.
Resiliencia tecnológica
En 2025 Huawei facturó 880.900 millones de yuanes, unos US$126.000 millones, y obtuvo 68.000 millones de yuanes de beneficio neto. Destinó otros 192.300 millones de yuanes a investigación y desarrollo, el 21,8% de sus ingresos. Unos 114.000 empleados, el 53,7% de la plantilla, trabajaban en I+D y la empresa acumulaba 165.000 patentes activas concedidas. Este volumen de inversión le permitió irrumpir en la industria automotriz inteligente y lanzar supernodos de procesamiento para IA.
Aunque las restricciones se ampliaron en distintos mercados occidentales, conserva una presencia significativa en buena parte de Asia, África, América Latina y Medio Oriente.
Desde Washington y otros gobiernos occidentales suele denunciarse a la firma como parte de un entramado tecnológico susceptible de beneficiar al Ejército Popular de Liberación, una acusación que también se vincula con la estrategia china de integración entre capacidades civiles y militares. Beijing y Huawei rechazan esa caracterización y sostienen que las acusaciones forman parte de una estrategia de contención tecnológica contra el país asiático.
Desde la compañía señalan que parte de estas sospechas se apoyan en el pasado de su fundador, Ren Zhengfei, quien se desempeñó como ingeniero militar antes de crear la firma en 1987. Huawei sostiene que las contrataciones de equipos realizadas durante sus primeros años de vida por organismos estatales respondieron a dinámicas habituales de mercado y no a un esquema de subordinación militar.
En el terreno técnico, algunos antecedentes europeos relativizan el dramatismo de las acusaciones. En 2018, el entonces titular de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI), Arne Schönbohm, afirmó que hasta ese momento no se había encontrado evidencia de que Huawei utilizara sus equipos para espionaje. Ese mismo año, el organismo alemán participó de un esquema que permitió revisar el código fuente de los productos de la compañía en un laboratorio instalado en Bonn. El dato no equivale a una certificación de inocuidad de la empresa, pero sí introduce una diferencia importante entre la ausencia de evidencia de espionaje y las afirmaciones políticas que presentan esa posibilidad como un hecho.
Vaca Muerta, fibra óptica y soberanía
En Vaca Muerta, la discusión dejó de ser abstracta. La posibilidad de desplegar una red de fibra óptica asociada al proyecto de CALF adquiere otra dimensión en una región donde la explotación de hidrocarburos depende cada vez más del procesamiento de información, el monitoreo remoto y la automatización. El desarrollo digital empieza a formar parte de la infraestructura energética, y la elección de quién la construye deja de ser un asunto puramente comercial.
Vaca Muerta, considerada la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo shale, depende cada vez más de esa infraestructura digital. Una red de fibra óptica puede sostener desde la transmisión de datos de los pozos hasta sistemas de monitoreo y procesamiento en tiempo real, además de ampliar la capacidad local para procesar esa información y desarrollar aplicaciones vinculadas con la actividad energética.
Ahí aparece el costo de una soberanía balcanizada. La autonomía nacional se fragmenta irremediablemente cuando una infraestructura como Vaca Muerta queda sometida a las presiones de una potencia extranjera, antes de que Argentina defina con sus propios criterios qué tecnología considera conveniente. La decisión puede seguir siendo formalmente argentina, pero los márgenes para tomarla dejan de estar enteramente dentro del país.
Aceptar que una embajada extranjera pueda condicionar por WhatsApp qué fibra óptica se despliega en suelo argentino degrada el debate sobre la soberanía a subir un emoji a un chat grupal.